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El ALCA en síntesis. ATTAC . Mendoza, Argentina

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es el nombre formal que se le da a la extensión del NAFTA (North American Free Trade Agreement: Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a todos los países de América Central, del Sur y el Caribe excepto Cuba.

Las negociaciones comenzaron en diciembre de 1994, en la Cumbre de las Américas en Miami, cuando los ministros de comercio de todos los países de América (excepto Cuba) se pusieron de acuerdo en establecer una zona de libre comercio "desde Alaska hasta Ushuaia" que incluiría a 34 países. Poco más fue hecho hasta la Cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se estableció un Comité de Negociaciones Comerciales encabezado por Adalberto Rodríguez Giavarini (Argentina) y formado por los viceministros de cada país. Este Comité ha estado trabajando desde fines de 1999, y a pesar de los repetidos pedidos de la sociedad civil por una mayor transparencia y participación directa en asuntos como derechos humanos, legislación laboral y gobierno democrático, las reuniones se han llevado a cabo en el mayor secreto y deberían llegar a término en 2005. Los EEUU quieren que esta fecha límite se adelante a 2003.

Es de esperar que el ALCA sea muy similar al NAFTA. Así, se intentará imponer ese modelo fallido de libre comercio, desregulación y privatización en todo el hemisferio. De hecho, los nueve grupos de trabajo que se formaron corresponden de manera muy aproximada a sendos capítulos del NAFTA y sus temas son: Acceso a mercados, Inversión, Servicios, Compras del sector público, Solución de controversias, Agricultura, Derechos de propiedad intelectual, Subsidios, antidumping y derechos compensatorios y Política de competencia.

Las reglas del NAFTA le dan más poder a las grandes corporaciones en detrimento de los Estados nacionales. En América del Norte, donde el NAFTA está en vigencia desde el 1º de enero de 1994, las transnacionales ejercieron su poder para evitar que los Estados fijasen políticas de salud pública, seguridad, medioambiente y de derechos de los trabajadores. Estas reglas maniataron a los Estados en su capacidad de llevar a cabo políticas de interés común.

El NAFTA no llevó prosperidad de ningún lado de la frontera. En los EEUU se perdieron medio millón de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble. En México, la apertura masiva a las importaciones provenientes de los EEUU combinada con la devaluación del peso llevó a 8 millones de familias a pasar de la clase media a la pobreza. Más de un millón de mexicanos más trabajan hoy por menos del salario mínimo ($3,40 por día) que antes del NAFTA. Se calcula en 28.000 las pymes que debieron cerrar tras la irrupción del NAFTA.

El ALCA aceleraría la nivelación hacia abajo en los estándares sociales y laborales que representa el NAFTA. Porque ahora, las compañías que deseen maximizar sus beneficios se irán de México en busca de trabajadores aún más desesperados, por ejemplo a Haití o a Guatemala.

Los costos ambientales y sanitarios no son de ninguna manera despreciables. Cada día 44 toneladas de materiales tóxicos son desechadas de manera inadecuada en la zona de frontera de México.

Debido a la falta de infraestructura sanitaria, la ocurrencia de enfermedades como la hepatitis alcanza en la frontera dos o tres veces la media nacional. Por otra parte, la tala de árboles sin control se ha multiplicado peligrosamente y comienzan los problemas de desertificación y aridez.

El ALCA toma como modelo el NAFTA y el AGCS (Acuerdo General sobre Comercio y Servicios) de la OMC. Por lo tanto, el ALCA incluirá compromisos para desregular sectores como la educación, la salud, el acceso a los servicios sanitarios (el acceso al agua potable entre otros), energía y servicios postales. Algunos de los posibles efectos del ALCA en los servicios pueden ser la privatización de la educación y del servicio penitenciario, tal y como ya ha sucedido en los EEUU llevando a un mayor control de las corporaciones en áreas socialmente delicadas.

El capítulo 11 del NAFTA es especialmente preocupante: permite los juicios de parte de los inversores hacia los Estados. La inversa, por supuesto, no es posible. Como puede verse, se trata de una puerta trasera para el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) que fuera rechazado gracias a las movilizaciones populares en toda Europa en 1998. Pero el crédito de tan macabra idea no es del AMI. La 5ª enmienda de la Constitución de los EEUU prohíbe las expropiaciones estatales a los privados sin justa compensación.

Durante la época de Reagan esto fue interpretado por algunos jueces especialmente conservadores de manera un poco exagerada. De este modo, una zonificación con criterios ecológicos o ambientales (protección de una napa, de una especie en peligro) fue considerada en ocasiones como una "expropiación regulatoria" y por lo tanto susceptible de condena. Algunos estados norteamericanos llegaron a realizar estudios de factibilidad jurídica de sus leyes por miedo a desencadenar una catarata de juicios tras su promulgación.

En esa misma línea se inscribe el NAFTA y todo hace pensar que el ALCA no será muy diferente. Algunos ejemplos del NAFTA que pueden sentar precedentes para el ALCA:

La Ethyl Corporation (filial EEUU) hizo que Canadá le pagase 13 millones de dólares en perjuicios y que retirase su prohibición sobre el aditivo para combustibles MMT, conocida toxina que ataca el sistema nervioso humano. Por su parte, la Ethyl Corporation (filial Canadá), llevó a juicio al estado de California por su prohibición del MBTE, otro aditivo tóxico de combustibles, y reclama la suma de 970 millones de dólares.

La Metalclad Corporation (EEUU) llevó a juicio a un estado mexicano por no permitirle instalar un depósito de materiales tóxicos en su propiedad, alegando que la zonificación ambiental impuesta por el estado era equivalente a una expropiación. Los EEUU están tratando que todos los países acepten la biotecnología.

Aún no existe consenso mundial respecto a la seguridad de los OGM (Organismos genéticamente modificados). Estos, debido a la imposición de patentes y a la prohibición de los pequeños agricultores de plantar lo recolectado, pueden acrecentar el hambre en el mundo. El ALCA privilegiará a los gigantes de la biotecnología como Monsanto y Cargill por sobre los pequeños agricultores nacionales y la gente hambrienta en las naciones del continente.

El ALCA pretende, además, imponer de una vez por todas el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos intelectuales y patentes. Esto, que en principio puede sonar muy noble, busca sobre todo satisfacer a las compañías farmacéuticas, que no desean ver a los países del Sur produciendo drogas genéricas, las únicas accesibles a los ya dañados bolsillos de la población. De este modo, un exitosos programa de lucha contra el SIDA como el que lleva adelante Brasil, debería ser dejado de lado. Es decir que los derechos de patentes son muy bien protegidos, muchas veces en detrimento de los derechos humanos.

Nuestro continente es muy desigual. Los EEUU pesan el 75% del PBI total del continente. Para conseguir un tratado favorable a todos deberían incluirse aspectos de integración social así como encarar el tema de la deuda externa. Bajo el ALCA, todos los inversores deben ser tratados del mismo modo. Los gobiernos no podrán impulsar estrategias de desarrollo y seguirán compitiendo por bajar más los salarios, degradar más las condiciones de trabajo o los estándares ambientales con la esperanza de atraer las esperadas inversiones. Es, una vez más, una carrera hacia el fondo.

Los ministros de comercio de América se reunirán en Bs. As. el 7 de Abril. El comité de Negociaciones Comerciales del ALCA lo hará en esa misma ciudad entre el 4 y el 5 de abril. Es una oportunidad imperdible para que la sociedad civil diga lo que tiene que decir sobre el tema.

(Tomado de www.rebelión.org 29 de marzo del 2001)

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