3 aprile 06

BOLIVIA

El MST propone detener la mercantilización de la tierra y aplicar un modelo alternativo

Indymedia

La propuesta de los organismos de cooperación internacional para reducir la pobreza en las áreas urbana y rural ha sido “modernizar el agro”, lo que significa eliminar a los pequeños productores agrícolas que trabajan en comunidades y unidades familiares. En el gobierno de Mesa y de Rodríguez, esa modernización empezó a tomar un rumbo concreto: la mercantilización de la tierra mediante decretos y proyectos piloto.

Juan Carlos Vedia, dirigente del MST de una Provincia del Norte de Santa Cruz que crece con la mecanización del agro, propone una tarea al gobierno: revertir no sólo la tierra sino la política prebendal con la que se ha mantenido el latifundio, y un modelo comunitario de desarrollo rural.

Banco Mundial: Eliminar pobres para eliminar la pobreza

Según el Banco Mundial, uno de los problemas fundamentales para resolver la pobreza en general, y las condiciones precarias de los productores agrícolas en particular, pasa por hacer desaparecer a los pequeños productores agrícolas, comunarios y campesinos.

El fundamento en el que se asienta la proposición del BM es que la producción de alimentos tiene un costo muy elevado por la baja productividad de estas unidades económicas, es decir, de las familias que producen en las comunidades y de los productores campesinos individuales.

El análisis totalmente errado del BM los lleva a una conclusión mucho más aberrante aún que ni siquiera se deduce de su análisis, sino de la pura ideología neoliberal: mercantilizar la tierra para hacer desaparecer a los pequeños productores agrícolas para que se instauren unidades empresariales competitivas, en sus palabras “el establecimiento de la propiedad privada y el desarrollo de un mercado de tierras son considerados como los elementos claves para lograr desarrollo agrícola, rompiendo así la producción de subsistencia”.

Lo peor de todo es que gobiernos como el de Mesa y Rodríguez ya empezaron a aplicar esta política.

Mesa y Rodríguez avanzaron hacia la mercantilización de la tierra

El BM, luego de haber implementado las reformas estructurales, retoma su ofensiva en la política de tierras con el objetivo de despolitizar el mercado de tierras, dar respuestas a los conflictos agrarios y liberalizar el mercado de tierras, por ejemplo, entre 1995 y 1999 financió 700 millones de dólares en todo el sur del planeta, llegando a 1.000 millones hasta el 2004, en préstamos a los Estados del sur dirigidos a la aplicación de su política. Para el BM no se trata de una política aislada de desarrollo rural desvinculada de temas políticos y sociales, se trata de la extensión de su modelo neoliberal al tema de la tierra. En todos los países se aplican las mismas medidas: mercantilizar la tierra, profundizar la titulación privada de la tierra, eliminar a los productores “ineficientes” es decir pequeños productores y permitir el traspaso de las tierras a los productores “eficientes” o sea a los empresarios, y también, otorgar créditos para compra de tierras a los pequeños campesinos.

Esa es precisamente la política que Mesa empezó a aplicar con sus decretos sobre tierras números 28140, 28148 y sobretodo con el 28160 donde se plantea que se otorgarán créditos para que los pequeños productores adquieran tierras. Mientras que el gobierno de Rodríguez, no solamente que propuso una nueva política de tierras en la que se consolida la mercantilización de la tierra, sino que inició su aplicación con un proyecto piloto que se aplica en tres municipios de Santa Cruz con 15 millones de dólares otorgados por el BM para créditos a los pequeños productores que quieran adquirir tierras, el alcance del proyecto es para endeudar a los pequeños campesinos y acelerar la mercantilización de la tierra. Esa es la política de tierras que heredaron al nuevo gobierno y que tendrá que ser revertida.

Una política agraria que amparaba el latifundio con ley o sin ella

Cuando el control del Estado, de la legislación, de los organismos de represión estaban completamente en manos de la oligarquía, las acciones del MST siempre fueron mostradas como algo ilícito, los asentamientos de tierra eran condenados como delito. El problema es no solamente que hay mucha gente que necesita tierras para trabajar y hay latifundios improductivos utilizados para la especulación, sino y sobretodo, que la política agraria consolidó el latifundio generando una desigual distribución de la tierra y luego de aprobadas las leyes se siguieron repartiendo tierras por prebendalismo famililar e institucional. Desde este punto de vista, quienes han cometido delitos dentro y fuera de la ley, fueron precisamente aquellos que se apropiaron de los latifundios y que quieren consolidarlos actualmente con el proceso de saneamiento.

Juan Carlos Vedia, coordinador en la provincia Obispo Santiesteban del Departamento de Santa Cruz del MST, que ha crecido bastante en la última temporada por la mecanización del agro que dejó desempleados a los que vendían su fuerza de trabajo por falta de tierras, ubica los objetivos de su organización desde otro punto de vista dentro de este nuevo período político que se inicia con el gobierno de Evo Morales. “El anterior gobierno –refiriéndose al de Rodríguez– ha consolidado el latifundio como son los casos de Sandro Giordano y Saavedra Bruno... pero nosotros en el actual gobierno vamos a seguir apelando a la ley, hemos hecho una propuesta de Decreto en la que se de prioridad a las dotaciones extraordinarias, porque esos latifundios que fueron adquiridos de manera ilícita tienen que ser revertidos al Estado y el Estado tiene que dotar tierras”.

El MST va a seguir exigiendo que se realicen auditorías técnicas, jurídicas y administrativas del proceso de saneamiento, para que se detenga el proceso de consolidación de latifundios adquiridos mediante el fraude, para que posteriormente se aplique la dotación de esas tierras.

Durante las campañas políticas, el MAS planteó que se respetaría y se darían garantías a la propiedad privada, muchos medios de comunicación intentaron polarizar esta propuesta con las tomas de tierras. Al respecto Juan Carlos dice: “No nos preocupa que se de seguridad jurídica, pero que esté enmarcado dentro de la ley, no se debería tener seguridad jurídica para aquellos que se han apropiado de la tierra de manera ilegal, en ese caso si vamos a revertir nosotros, pero si el gobierno se define por cambiar la actual?política nosotros sí vamos a apoyar”.

MST: cambiar la actual política de tierras por un modelo comunitario y agroecológico

La propuesta principal del MST es que en la próxima Constitución, la tierra sea concebida como un recurso natural y por lo tanto no tenga un carácter ni comercial ni mercantil “nosotros como el MST apostamos para una seguridad de que no haya más necesidad de tierra para las futuras generaciones, de que no haya estos conflictos, solucionar de una vez por todas con dotaciones colectivas y con títulos comunitarios y no apostar a la comercialización de la tierra”.

Esta propuesta no es un sueño, para el MST es algo que se tiene que empezar a poner en práctica, empezar a trabajar colectivamente la tierra y realizar una producción ecológica, esta es la alternativa que el MST plantea frente al actual modelo “en este proyecto estamos proponiendo una economía más social, más solidaria, más divesificada, proyectarse a la producción agroecológica, compartir los bienes producidos en una comunidad organizada, queremos mostrar ese cambio, cuando nosotros practiquemos, estaremos concientes de que la manera individualista no soluciona nada, de que todos tengamos en equidad y en armonía con la naturaleza”.

Así piensa el dirigente del MST, cambiar la actual política agraria, cambiar el enfoque que tuvo la desigual ley de Reforma Agraria y la Ley INRA, incluso la misma constitución. Aplicar en su lugar, un modelo comunitario de trabajo colectivo que le permita a los productores evitar conflictos a las futuras generaciones y al mismo tiempo mantener un diálogo armonioso con la naturaleza. Ellos darán su apoyo al gobierno si avanza por este camino, pero creen que es necesario mantener su independencia en tanto organizaciones para continuar avanzando en esa senda “las organizaciones no deberían ser dependientes del gobierno, deben mantener su línea como organización y vamos a seguir hablando como organización, tendremos buenas relaciones con el gobierno, tendremos acuerdos y vamos a coincidir en otras, pero no vamos a dejar de ser organizaciones porque nos equivocaríamos en ese entendido de ser parte del gobierno”.

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29-03-2006 Establece en los planes para 2007 que la ayuda militar servirá para “enfrentar las amenazas a la seguridad nacional” de Colombia EEUU elabora el “Plan Colombia II” para su agresión contra Venezuela

Alberto Cruz Rebelión

La firma del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia, el pasado 27 de febrero, no fue sólo un acuerdo comercial. Es, también, la certificación de que Colombia se refuerza como el principal gendarme de la estrategia estadounidense para América del Sur. Nada más terminar la ceremonia de ratificación del TLC, los ministros de Defensa de ambos países, Donald Rumsfeld y Camilo Ospina, respectivamente, mantuvieron una larga entrevista sobre “seguridad y lucha antiterrorista”. Poco ha transcendido de lo allí hablado, pero en declaraciones a la prensa el ministro colombiano dijo que la reunión “básicamente fue para ratificar las acciones conjuntas en materia de terrorismo y materia de defensa de los dos países” (1). ¿Qué hacían los ministros de Defensa en la negociación de un acuerdo comercial? La respuesta es muy sencilla: negociar la ampliación de los presupuestos del Plan Colombia como herramienta para controlar a los luchadores sociales e, incluso, como plataforma para una futura agresión contra Venezuela.

Ospina hablaba de “materia de defensa” de Colombia. ¿Frente a qué o a quién? Si es frente a la guerrilla, es el reconocimiento más claro de que han fracasado estrepitosamente los planes conocidos como Colombia y Patriota, pese a la parafernalia uribista y el triunfalismo que destilan sus partidarios, especialmente en los medios de comunicación tanto colombianos como internacionales. Si es frente a un enemigo exterior, sólo hay un posible candidato: Venezuela. Aunque hay buenas relaciones en la actualidad, sostenidas principalmente en los intercambios económicos que suponen un montante de 3.200 millones de dólares, ahí están los precedentes del secuestro en territorio venezolano de Rodrigo Granda, miembro de la comisión de relaciones exteriores de las FARC-EP, o la cada vez más habitual incursión de los paramilitares colombianos en territorio venezolano para asesinar a dirigentes populares, principalmente campesinos, en los estados de Táchira, Apure y Zulia. La última acción de este tipo –siempre en connivencia con o al servicio de los terratenientes venezolanos- tuvo lugar en el mes de febrero en Barinas, con la muerte de cuatro campesinos.

Para salir de dudas sobre a lo que se estaba refiriendo el Ministro de Defensa colombiano sólo hay que leer los planes del Departamento de Estado de EEUU para la región andina (2). Para el año 2007, dentro de la denominada “Iniciativa Andina contra las Drogas” (IAD), más conocida como Iniciativa Regional Andina, EEUU plantea un giro radical a los presupuestos con los que, originalmente, se justificó la ayuda a Colombia como “asistencia económica, humanitaria y fortalecimiento de las instituciones”. Era el año 2000 y, gracias al Plan Colombia, el país andino pasó a convertirse en el tercer receptor de la ayuda militar estadounidense a nivel mundial, después de Israel y Egipto. En la actualidad Colombia ocupa el quinto lugar puesto que hay otras dos preocupaciones principales para EEUU: Iraq y Afganistán. La ayuda militar, desde entonces y hasta la actualidad, supone una cantidad cuatro veces mayor que la que se destina a los objetivos teóricos antes mencionados. Para este año 2006 EEUU va a destinar a Colombia 483’5 millones de dólares a través del programa IAD y otros 250 millones en ayuda militar directa. Por si fuese poco, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves 16 de marzo una ayuda adicional de 26 millones de dólares a Colombia para la compra de tres aviones DC-3 por parte de la Armada que se destinarán, supuestamente, a “detectar narcotraficantes en los mares” del país andino, una decisión adoptada nada más producirse las elecciones parlamentarias del 12 de marzo y justificada como “un esfuerzo provechoso [de EEUU] para el gobierno de Álvaro Uribe, nuestro mejor amigo en la región andina” (3).

EEUU da una importancia crucial a los programas de asistencia militar en Colombia. Es un hecho que las Fuerzas Especiales de EEUU están instaladas en el departamento de Arauca, en la frontera con el estado de Apure (Venezuela), con una función que es, oficialmente, apoyar al Ejército y a la Policía colombianas en la protección de la infraestructura del petróleo. Aquí está el yacimiento de Caño Limón, reiteradamente saboteado por la guerrilla, especialmente el ELN. En este departamento han sido entregados al Ejército colombiano diez helicópteros de combate UH-1 Huey y UH-60 Black Hawk. Hay también militares estadounidenses en La Guajira (en la Sierra del Perijá, una de cuyas vertientes pertenece al estado de Zulia, Venezuela). El número oficial de “asesores militares” estadounidenses presentes en Colombia es de 800, además de los contratistas privados cuya cifra se desconoce. Las FARC-EP retienen desde el año 2003 a tres de estos asesores, capturados cuando su avioneta fue derribada por el fuego guerrillero.

Y también es conocido que la ofensiva realizada por el Ejército contra el secretariado de las FARC-EP, conocida como Plan Patriota, se ha saldado con un estruendoso fracaso: ni se ha capturado a los principales dirigentes guerrilleros ni se han producido resultados “sociales” en las zonas afectadas pese al importante costo de una ofensiva que ha implicado a 15.000 soldados colombianos y a varios cientos de “asesores” militares estadounidenses y contratistas privados (mercenarios) de esta nacionalidad. La acción militar sostenida por las FARC-EP en el último año y medio, tras dar por finalizado el “repliegue estratégico”, –escenificada en una importante ofensiva en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño y Putumayo- pone al descubierto el fracaso de los planes Colombia y Patriota. Este último plan se inició, precisamente, en Putumayo, el otro departamento de Colombia donde existen grandes reservas de crudo.

Tal vez sea poco conocido que después de Venezuela y México, Colombia es el tercer gran exportador de petróleo de América Latina, su exportación supone el 30% del total de las exportaciones colombianas y el principal receptor es Estados Unidos. Además, el petróleo colombiano se asienta en la prolongación de la franja del Orinoco (Venezuela), que también llega, aunque en una pequeña parte, a Ecuador. Y da la casualidad que Putumayo hace frontera con Ecuador.

Plan Colombia 2007, el nuevo Plan Colombia II

En los últimos cinco años Estados Unidos ha destinado al Plan Colombia un montante de 4.729 millones de dólares. A esta cifra hay que sumar la cantidad otorgada a Colombia a través de la IAD, lo que hace un total cercano a los 7.000 millones de dólares. El único resultado que se puede ofrecer de esta ingente cantidad de dinero es el triunfo de las candidaturas uribistas (y sus nada ocultas incrustaciones paramilitares) en las recientes elecciones parlamentarias, pero ni uno solo más: ni en los aspectos de erradicación de droga en aquellas zonas donde se cultiva –EEUU y la ONU se contradicen al respecto (4)- ni, mucho menos, en la lucha antiguerrillera, como ha puesto de manifiesto la reciente ofensiva de las FARC-EP a lo largo y ancho del país. La escenificación más clara de este fracaso es la decisión de EEUU de ofrecer 75 millones de dólares en recompensas para lograr la captura del Secretariado de las FARC-EP por “narcotráfico” y la ratificación, por parte del ministro de Defensa colombiano, de que los miembros de la organización guerrillera que sean detenidos serán enviados a EEUU (5). Es ya la primera muestra de que, con el triunfo de sus partidarios en las elecciones parlamentarias, Uribe está dispuesto a cambiar la Constitución de 1991, limitando las libertades civiles alcanzadas cuando se produjo la desmovilización de una parte de los grupos guerrilleros en 1990, aumentar el papel de los militares en la vida política y plegarse a los designios de EEUU en una nueva muestra más de la entrega de la soberanía de Colombia al imperio.

Para ello contará con el apoyo incondicional de EEUU. Para la Administración Bush, ya no es tan importante la situación interna en Colombia –que creen asegurada con la reelección de Uribe en la presidencia en las elecciones de mayo- como la externa, y se quiere utilizar el nuevo Plan Colombia II como plataforma de agresión a Venezuela. Sería el tercer paso puesto que el primero, “andinizar” la guerra de Colombia (6), ya se ha conseguido al involucrar a Ecuador en el conflicto y el segundo, intensificar la participación directa de EEUU en la guerra, está a punto de convertirse en realidad puesto que la subsecretaria para Asuntos de Narcóticos en América Latina, Anne Patterson, ha dicho que si Colombia lo solicita su país consideraría intervenir en una operación para capturar a 50 miembros de las FARC-EP, incluyendo a todo su Secretariado, puesto que “la guerrilla es ahora nuestro principal blanco” (7).

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, la Administración Bush hizo bandera de la “lucha contra el terror”. Así, al año siguiente, la ayuda militar que se proporcionaba a Colombia supuestamente para la erradicación del narcotráfico, fue ampliada para que se utilizase contra las FARC-EP y el ELN, a quienes se catalogó como “narcoguerrilla” o “narcoterroristas”. También se metió en el mismo saco, pero en un muy segundo plano, a los paramilitares. Ahora, en los planes para el año 2007, se plantea ampliar aún más los conceptos bajo los que se puede utilizar esa ayuda militar: desaparece en término “narcoguerrilla” y se habla sólo de “actividades terroristas”. Obsérvese que se habla de actividades, que no de acciones. Un calificativo en el que, para EEUU, cabe todo, desde un catedrático a quien se le supone una cierta afinidad con determinada organización política –recientemente el FBI ha allanado una universidad estadounidense para interrogar a un profesor de origen venezolano-, hasta una senadora –como la boliviana Leónida Zurita Vargas, a quien se denegó el visado de entrada a EEUU para dar una conferencia en una universidad al ser catalogada como “terrorista”-. Y no digamos lo bien que le viene ese calificativo a Uribe. Por lo tanto, todo el espectro social y popular colombiano que no comulgue con las tesis uribistas será catalogado de esta forma –y así hay que interpretar ciertas intoxicaciones periodísticas en las que involucra a miembros de la Juventud Comunista de Colombia en la columna “Teófilo Forero” de las FARC (8)- para anularle, bien políticamente o bien físicamente. Ahí está el proyecto de Estatuto Antiterrorista diseñado por Uribe y que quedó pendiente de ratificación en el Congreso. Con los resultados actuales, su aprobación será inmediata y augura una nueva etapa de represión para los movimientos sociales y populares colombianos.

Venezuela en el horizonte

Pero hay un elemento aún más preocupante: en el documento del Departamento de Estado se dice que la ayuda militar a Colombia servirá, además, para “enfrentar las amenazas a la seguridad nacional” de este país (9). La pregunta que hay que hacerse es ¿supone ello un reconocimiento expreso de que la guerrilla, especialmente las FARC-EP, ha derrotado los diferentes planes –Colombia, Patriota- militares o, por el contrario, se está diciendo expresamente que la Venezuela Bolivariana supone una amenaza para la seguridad nacional de Colombia? Siguiendo el hilo argumental de los diferentes altos cargos de EEUU en las últimas semanas (Rice, Rumsfeld, Negroponte y el jefe del Comando Sur, Bantz Craddock, entre otros) es fácil deducir que a quien se está refiriendo la Administración Bush es a Venezuela.

Desde EEUU se viene insistiendo desde hace tiempo que Venezuela es un peligro para la región, hay que aislarlo y la Administración Bush no va a consentir que siga “amenazando” a los países latinoamericanos. La campaña se puso en marcha tras la derrota de la oligarquía venezolana y el imperio en el referéndum revocatorio de agosto de 2004 y en ella se utilizan diferentes vectores: desde una prensa intoxicadora hasta la náusea – con el penúltimo episodio, por ahora, de una “información” sobre la creación de una supuesta red chavista en Colombia en la que estaría involucrado el embajador cubano- (10) a unas instituciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (11), sin un ápice de decencia y objetividad llegando a tergiversar los hechos con una propaganda feroz como la desatada por la compra de armas por parte de Venezuela a Rusia y a España, o la más reciente acusación de vínculos “estrechos” con Irán e, incluso, con Corea del Norte. Ahí está, para terminar de aseverar esta amenaza, la inclusión de Venezuela –“está socavando la democracia y tratando de desestabilizar la región”, se dice textualmente- entre los países a tener en cuenta a la hora de un ataque “preventivo” por parte de EEUU, según se recoge en el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional presentado públicamente por Bush el 16 de marzo.

Esto pone de manifiesto la determinación de la Administración Bush de poner punto final a la experiencia emancipadora venezolana, para lo que no se escatiman ni medios ni manipulaciones. El Plan Colombia II va a colocar a Venezuela en una tensión permanente y de mayor calado si, como es seguro, vuelve a ganar Chávez las elecciones presidenciales.


10 aprile 06

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos DENUNCIA NUEVOS HECHOS EN COMBITA:

DETENIDOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA (BOYACÁ/COLOMBIA): INCOMUNICADOS Y GOLPEADOS POR EL INPEC

HECHOS

1. Desde el 4 de abril de 2006, los detenidos de la Penitenciaria Nacional de Alta y Mediana Seguridad de Combita (Boyacá), comenzaron una jornada pacifica de desobediencia civil. Según información suministrada por los detenidos: no se les permite la conformación de una mesa de trabajo de DDHH; padecen altos niveles de hacinamiento; sólo reciben visitas familiares cada 15 días y las intimas cada 30 de manera reducida (30 min. para sindicados y 45 min. para condenados); por patio reciben 4 horas de atención médica; las tarifas de los teléfonos son desproporcionadas (cobran llamadas locales al mismo precio que nacionales).

2. El 6 de abril de 2006, de acuerdo a información suministrada por la Defensoria del Pueblo, los detenidos del Patio 6 de la Penitenciaria Nacional de Alta y Mediana Seguridad de Combita fueron golpeados y maltratados por la guardia del INPEC, quienes además les lanzaron gases lacrimógenos, resultando varios detenidos lesionados en su humanidad, razón por la cual la defensoria del pueblo solicitó la remisión inmediata a medicina legal en aras de ser valorados.

3. En el día de hoy, abril 7 de 2006, familiares de los detenidos de la Penitenciaria Nacional de Alta y Mediana Seguridad de Combita, nos informaron que:

Estos hechos son de extrema preocupación para nuestra fundación, puesto que aún no se tiene información precisa sobre el estado actual de los detenidos debido a la incomunicación a la que están siendo sometidos. Además, de acuerdo a información suministrada por la Defensoria del Pueblo, el INPEC esta desvirtuando la Jornada PACIFICA adelantada por los detenidos arguyendo que se trata de un motín, cuando realmente las acciones derivadas de está jornada consisten en:

Nuestra Fundación solicita nuevamente a las autoridades carcelarias, en especial al Director del INPEC, que cese su política de sobre poner la ‘seguridad’ a los derechos humanos de las personas detenidas. Que se de pleno cumplimiento a la ley 65 de 1993, actualmente en vigencia para el sistema carcelario de nuestro país y que cumplan con todos los derechos humanos de las personas detenidas en Combita y demás centros de reclusión; derechos reconocidos por la constitución política, las leyes colombianas, la jurisprudencia y los tratados y convenios internacionales.

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