''' 8 maggio '06 ''' 02-05-2006 Morales da seis meses a las empresas para adaptarse a la nueva situación / Los militares toman el control de los campos petrolíferos Bolivia asume el "control absoluto" de los hidrocarburos Unos meses después de ganar las elecciones Morales ha ejecutado una de sus principales promesas electorales: la recuperación de los recursos petroleros para el Estado. Para ello, entre otras medidas, el presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas tomar el control de las 56 instalaciones de campos petroleros y dos refinerías que estaban controladas por las Chaco y Andina, ésta última filial de Repsol YPF, además de la transportadora 'Transredes'. El Decreto Supremo 28.701 que ordena la nacionalización establece la recuperación el 82 por ciento de la producción petrolera para el Estado de aquellos campos que hayan alcanzado una producción superior a 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante 2005, según informa la prensa local, recogida por Europa Press. Además, se establece para las petroleras extranjeras presentes en el país andino un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas reglas para poder seguir operando en el país y advierte de que, en caso contrario, el Gobierno intervendrá sus instalaciones. Las petroleras están obligadas a entregar toda su producción de gas y petróleo a la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que también estará a cargo de la comercialización dentro del país con la definición de las condiciones volúmenes y precios internos y la exportación e industrialización. "Las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país", insistió Morales durante la lectura del decreto supremo. Con la finalidad de garantizar la producción, la petrolera estatal deberá hacerse cargo de las operaciones en los campos de compañías que se nieguen a acatar o intenten impedir la nacionalización de los hidrocarburos, que también implicará que el Estado acceda a 780 millones de dólares anuales. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, en su última visita a La Paz a principios de marzo, en la que se reunió con Morales, anunció la "absolutamente firme decisión" de sentarse a renegociar su contrato "tan pronto como diga el Gobierno", y resaltó el interés de la petrolera de mantenerse en el país y participar en proyectos de industrialización del gas natural. Mientras, el Gobierno español ha emitido esta noche un comunicado en el que muestra "su más profunda preocupación" por el decreto que ordena la nacionalización y da al Estado y al pueblo boliviano el "control absoluto" de todos los hidrocarburos existentes en sus tierras, y confía en que el plazo dado a las empresas extranjeras abra un proceso de auténtica negociación y diálogo. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 04-05-2006 Entrevista a Andrés Soliz Rada, ministro de hidrocarburos de Bolivia "Negociaremos el nuevo marco con cada una de las petroleras" Néstor Restivo Clarín El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, dijo anoche que "no hay puertas cerradas" en Bolivia para el sector privado, que tras "2 a 3 meses de auditorías" vendrá la negociación real con cada petrolera para que se adecuen al nuevo marco legal, y que era esperable su reacción adversa,"tanto como la algarabía que sintió el lunes el pueblo boliviano". Soliz Rada, abogado y periodista enrolado en la izquierda nacional latinoamericana, exiliado en Argentina en los años 70 (trabajó en La Opinión), habló en exclusiva con Clarín vía telefónica desde La Paz. —¿Cómo encarará la negociación con las empresas? —Desde la semana que viene iremos hablando con cada una de ellas, pero la negociación real vendrá después de las auditorías, que tomarán entre dos o tres meses. O sea, de 180 días, la mitad se irán en auditorías. —¿Cómo evalúan la reacción que tuvieron las petroleras? —Hasta ahora es la esperada. Está en los márgenes previstos. Lo del presidente de Repsol y su tristeza era obvio, tan obvio como el regocijo que sintió el 1ø de mayo el pueblo boliviano. Sabíamos que habría reacciones adversas. Lo mismo esperábamos de gobiernos como los europeos o Estados Unidos. Pero vemos el futuro con gran optimismo. No hay puertas cerradas. —Sorprendió el rol del Ejército en el control de los pozos. —Hubo dos razones. Una que, como en cada intervención fue un fiscal de campo de YPFB y otro del Ministerio público, con actas para levantar, la presencia militar servía como factor disuasivo para prevenir eventuales reacciones contrarias, por ejemplo que no los dejaran entrar a fiscalizar los campos. Pero hasta ahora por suerte no ocurrió nada de eso. La otra razón fue que l'importanza que sintieron los movimientos populares y sociales también se extendiera a las FF.AA. Esa fue la decisión del gobierno. —¿Se habló con otros gobiernos antes de tomar la medida? —Fue una decisión soberana, digna, aunque Evo Morales obviamente tiene diálogo con los presidentes del Mercosur, como lo tuvo el sábado con Hugo Chávez y Fidel Castro en Cuba. —El decreto de nacionalización habla de utilidades de 82% para el Estado y 18% para los operadores de grandes pozos. Pero a la vez sugiere continuar con el 50/50 que estableció la reciente Ley de Hidrocarburos. ¿Lo puede explicar? —El 18/82 es provisional y atañe sólo a dos megacampos, San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras. De allí sale 70% del gas que va a San Pablo y parte del que va a Argentina. San Alberto fue descubierto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que hizo su primer pozo productivo. Nos consta que ahí Petrobras no gastó nada y hace años amortizó sus inversiones. Es más, según nuestros cálculos, aun si hubiéramos decidido 10% de utilidades para Petrobras y 90% para el Estado, igual seguirían gozando de tantas ganancias como tienen en otras zonas. —¿Ya van a aplicarlo? —Primero haremos auditorías en los dos campos, al cabo de lo cual habrá tres escenarios: dejar la relación 18/82, subirla o bajarla si vemos que hubo una mala estimación. Y si hubiéramos exagerado el cálculo, devolveremos a Petrobras lo cobrado de más. —¿El resto de los campos sigue con la relación 50/50? —No es tan exacto: hay yacimientos pequeños o marginales que no resistirían esa proporción. Para ellos, lo que quedará en manos del Estado podrá ser menos. Pero hoy ya no hay contrato en Bolivia donde YPFB no tenga el 50 más 1 del negocio. Sólo como último recurso, si no acepta, se confiscará. —¿Y también se determinará con las auditorías? —Sí, las haremos en todos los campos. —A diferencia de Brasil, que depende mucho del gas boliviano, Argentina importa apenas 3 o 4% de su consumo a Bolivia. Pero está el tema precio. Argentina les paga 3,18 dólares el BTU. Y en otros lugares del mundo se paga de 7 a 10 dólares. ¿A cuánto quieren cobrarlo? —Lo que puedo decir es que venimos conversando con el gobierno argentino y que en los próximos días discutiremos la cuestión precios. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ De acuerdo al reporte de TeleSUR, Lula dijo: “yo como presidente conozco la situación económica de Bolivia, por ello quiero invitar a los presidentes de Venezuela (Hugo Chávez) y Argentina (Néstor Kirchner) a que elaboremos planes para impulsar y fortalecer el desenvolvimiento” del país andino, manifestó el brasileño en rueda de prensa conjunta con sus pares de Venezuela, Argentina y Bolivia. Lula manifestó que la iniciativa de apoyar al gobierno boliviano “es parte de los procesos de integración del continente suramericano”. De igual forma, anunció que las negociaciones entre la petrolera española Repsol y los gobiernos de Bolivia y Brasil se mantendrán y sostuvo que “Brasil tiene excelentes relaciones con Argentina y Venezuela, por eso ahora quiere tenerlas también con Bolivia”. Además, el presidente brasileño señaló que su país tiene como principal objetivo el fortalecimiento del bloque suramericano, unión que sirva para negociar con otros continentes. Agregó que las relaciones con Bolivia “no se van a ver afectadas por la decisión de Morales con relación a la estatal Petrobras”, a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos. El conflicto con Petrobras será dialogado “de la manera más democrática posible” entre el gobierno de La Paz y los representantes de la petrolera brasileña, dijo Lula. Su colega venezolano Hugo Chávez defendió la decisión “soberana” de Bolivia en estatizar su industria energética y aseguró que el conflicto no afectará las relaciones de los países suramericanos. También ratificó la incorporación boliviana al proyecto del gasoducto suramericano de 8.000 Km, impulsado por los gobiernos de Caracas, Buenos Aires y Brasilia. A su vez, el presidente Chávez anunció que el próximo mes de agosto se realizará un encuentro con sus homólogos de Argentina, Brasil y Bolivia para “relanzar el proyecto del gasoducto del Sur”. “En agosto debemos reunirnos en Venezuela para relanzar el proyecto”, dijo Chávez tras señalar que esa cumbre saldrá “al frente de quienes están jugando a la división” en América del Sur. Ante la decisión boliviana de nacionalizar sus riquezas minerales Chávez dijo que Morales no está haciendo otra cosa que cumplir con el mandato del pueblo boliviano, al recordar las condiciones sociales del segundo país más empobrecido del continente. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 06-05-2006 Análisis crítico del decreto de nacionalización de hidrocarburos Mauricio E. Ochoa Urioste Rebelión La prensa boliviana e internacional informa que el gobierno boliviano nacionalizó los hidrocarburos. ¿El Decreto Supremo 28701 - D.S. 28701 – promulgado por el Presidente Evo Morales nacionaliza verdaderamente la industria petrolera en Bolivia? El jurista Eduardo Novoa Monreal, define la nacionalización como "un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor manejo de la economía nacional o su reestructuración, por el cual la propiedad privada sobre empresas de importancia es transformada, de manera general e impersonal, en propiedad colectiva y queda en el dominio del Estado… La nacionalización permite alcanzar por su propio efecto y mediante un solo acto integral los complejos procesos y resultados necesarios para que un área de la actividad económica nacional, en actual explotación por empresarios particulares: a) quede sustraída a la posibilidad jurídica de ser realizada por particulares; b) pasen en dominio al Estado los bienes y elementos con que los empresarios privados la llevaban a cabo anteriormente; y c) corresponda al Estado la futura explotación de ella". En primer lugar, el D.S. 28701 se inscribe - tal como anunció el Presidente de la República y el Ministro de Hidrocarburos y Energía – dentro del denominado "proceso de nacionalización". Sin embargo, la nacionalización es un solo acto integral, por lo que no es posible un proceso de nacionalización, es decir una nacionalización llevada por etapas. En efecto, la naturaleza de la nacionalización se diferencia de la expropiación, el monopolio estatal y otras formas de participación del Estado en la economía, en que se trata de un solo acto integral que abarca todos los procesos necesarios para convertir la propiedad privada de las empresas en propiedad colectiva de dominio del Estado.Por esta razón, es impropio hablar de un "proceso de nacionalización". En segundo lugar, el D.S. 28701 no imposibilita a los empresarios particulares la explotación de los hidrocarburos; sino, por el contrario, mantiene vigente la posibilidad que éstos realicen todas las actividades de la cadena productiva, ya sea individualmente o por medio de convenios de asociación con el Estado boliviano. En tercer lugar, mediante la indicada norma jurídica no pasan al dominio del Estado los bienes de las empresas petroleras que operan en el país - plantas, maquinarias y otros activos -. A pesar de que se infiere del art. 7 num. II que YPFB controlaría el 50% más 1 de las acciones de las empresas capitalizadas, las demás acciones de las empresas petroleras quedarían vigentes, así como sus bienes. Por estas tres razones, la llamada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia no es tal. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ El decreto de Evo Morales Alicia Sagra Rebelión El decreto de "nacionalización" de los hidrocarburos firmado por Evo Morales ha provocado un gran entusiasmo en gran cantidad de activistas antiimperialistas de todo el continente. Pero desde Bolivia nos llegan voces diferentes. Evo dice "Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales, de las trasnacionales" . Y el vicepresidente García Linera agrega "hoy el gobierno boliviano lleva a cabo la primera nacionalización del siglo XXI" . En cambio Jaime Solares, máximo dirigente COB, afirma que el decreto de nacionalización es "demagógico", ya que, en vez de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente , "se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales del país". Qué se nacionalizó y qué no se nacionalizó en Bolivia Lo que se nacionalizó son las reservas, pero no la producción ni la comercialización de los hidrocarburos, que seguirá en manos de las petroleras que acepten las nuevas condiciones. Es decir todo tiene que ver con una presión para renegociar los contratos en condiciones un poco más favorables para Bolivia. Esto obviamente, es algo que no les gusta a las petroleras, al ser renacionalizadas las reservas, el estado boliviano tiene una mayor fuerza en el regateo de los nuevos contratos. Esto, mirado desde la óptica de nuestros países totalmente entregados a las multinacionales, resulta muy progresivo. Eso explica la alegría de muchos activistas y puede ser, que esa acción del gobierno boliviano actué como un acelerador de la batalla por la nacionalización sin expropiación de los hidrocarburos a nivel latinoamericano. Esa posibilidad preocupa mucho a los gobernantes de la región. No es casual la reunión de Chávez, Kirchner, Lula y Evo Morales en Puerto Iguazú. Tampoco son casuales las declaraciones del presidente venezolano diciendo que Bolivia tiene el derecho soberano a resolver sobre la propiedad de los hidrocarburos, pero que ahora la cuestión es garantizar la seguridad energética de la región. Ahora, cuando se mira desde la óptica de la revolución boliviana, el decreto de Evo Morales no parece ser muy progresivo. La principal consigna de la revolución: nacionalización sin pago de los hidrocarburos El estallido revolucionario de mayo del 2005, tuvo su detonante cuando salió a la luz que los contratos de las petroleras eran ilegales ya que no habían sido refrendados por el parlamento como lo exige la Constitución. Ese hecho fue aprovechado por el movimiento de masas boliviano para exigir: ¡Fuera las petroleras, nacionalización sin pago de los hidrocarburos! Las movilizaciones llegaron a su punto más alto cuando el parlamento aprobó la ley 3058 (la nueva ley de hidrocarburos) provocando la caída de Carlos Mesa (el presidente que sustituyó a Sánchez de Lozada derribado dos años antes). Por eso tiene razón Jaime Solares, el decreto de Evo Morales lo que en verdad hace es darles 180 días a las empresas petroleras (que estaban ilegales) para que se legalicen en el marco de esa ley 3058. Es decir no las expulsa sino que las obliga a pagar impuesto y regalías. Aunque no les hace gracia el aumento de los impuestos, todas ellas (Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican), ya habían manifestado su disposición a adecuarse a esa ley. Y después de salido el decreto, Repsol- YPF afirmó que está dispuesta a renegociar los contratos con el gobierno boliviano. Las nuevas condiciones siguen siendo extremadamente ventajosas para las petroleras, aunque tengan que pagar el 50% de regalías: el gas que extraen en Bolivia por 1,9 dólar lo venden en el exterior a 9 dólares. Por supuesto que, todas ellas se mueven por la ley de la rapiña imperialista, harán presiones y amenazas para sacar la mayor ventaja posible. Una prueba son las declaraciones de "preocupación" del gobierno español y las declaraciones de la Petrobrás de que suspenderá sus inversiones en Bolivia. Ante la presión de las petroleras defendemos el derecho soberano de Bolivia. Eso no impide que coincidamos con las afirmaciones del dirigente de la COB: lo que estaba planteado era la expulsión de las multinacionales y no sólo la renegociación de los contratos. Los trabajadores y campesinos bolivianos deben exigir a Evo que cumpla con las aspiraciones de quienes lo votaron, y avance en la nacionalización sin pago, bajo control de los trabajadores, de todos los hidrocarburos y en la expulsión de las multinacionales que saquean al país. Lo mismo debemos exigir a quienes dicen querer acabar con el saqueo como Lula, Kirchner y Chávez. Para hacerlo, impulsemos una campaña por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos de toda Latinoamérica. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 04-05-2006 Evo presiona para nuevos contratos petroleros Econoticias Bolivia El gobierno del presidente Evo Morales dictó este primero de mayo un decreto que otorga 180 días para que las transnacionales petroleras legalicen sus operaciones en Bolivia y firmen nuevos contratos en el marco de la neoliberal Ley 3058, aprobada hace un año y combatida por todos los sindicatos y el propio Morales. Aunque presenta esta acción como una "nacionalización" de los hidrocarburos, el nuevo decreto reabre y formaliza, en lo esencial la posibilidad para que todas las petroleras que operan ilegalmente en Bolivia, --según estableció en su momento un dictamen del Tribunal Constitucional--, puedan adecuarse a la Ley 3058, aprobada el 17 de mayo de 2005 por el Congreso dominado por las fuerzas neoliberales. La aprobación de esta ley ocasionó hace un año un levantamiento popular que derivó en la caída del expresidente neoliberal Carlos Mesa, sustituto de Gonzalo Sánchez de Lozada. De uno u otro modo, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses su disposición a adecuarse a la Ley 3058, que nominalmente les obliga a cancelar más impuestos y regalías, hasta en un 50%, aunque en términos reales, según estudios especializados independientes, no superaría el 35%. El decreto firmado por Morales y sus ministros establece la intervención de los campos petroleros para presionar por la suscripción de los nuevos contratos, definiendo un periodo de transición máximo de seis meses, hasta la firma de los nuevos contratos. Durante esta transición, tal como establece la Ley 3058, las petroleras negociarán con el Estado la adecuación de los contratos, así como los montos y características de las compensaciones que les otorgará el Estado como indemnización por el cambio de régimen tributario. Temporalmente, en este periodo de transición, se establece una nueva distribución de impuestos para los megacampos de gas, como San Alberto y Margarita, quedando el resto con la actual distribución tributaria "Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales, de las trasnacionales", dijo el presidente Morales, al presentar el decreto al cumplir los primeros 100 días de gobierno. El vicepresidente Alvaro García Linera agregó que "hoy el gobierno boliviano lleva a cabo la primera nacionalización del siglo XXI", al destacar la medida que fue recibida con alborozo en una concentración pública en la ciudad de La Paz, conformada básicamente por empleados públicos y organizaciones afines al gobierno. En cambio, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, calificó el decreto de nacionalización como "demagógico", ya que, en vez de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente en el país, "se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales del país". Solares adelantó que un ampliado nacional de la COB evaluará el decreto de Morales, especialmente de algunos aspectos aún no muy claros como la anunciada "nacionalización del 51% de las acciones" de algunas empresas como Chaco, Andina, Transredes y dos refinerías, que serían compradas por el Estado a las transnacionales. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ La Paz, mayo 3, 2006.- El gobierno del presidente Evo Morales dio este primero de mayo otra demostración de su vocación por poner el guiñador hacia la izquierda y marchar hacia la derecha. La anunciada y ficticia nacionalización de los hidrocarburos no es más que la aplicación a fondo de la ley 3058, aprobada hace un año por las fuerzas neoliberales, que dominaban el Congreso y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, para defender el poder petrolero amenazado por una gigantesca rebelión popular. Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operan ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia -según dictamen inapelable del Tribunal Constitucional-- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando las riquezas naturales del país. Esa ley ofrecía legalizar la actividad de las petroleras, impidiendo su expulsión reclamada por los sindicatos, a cambio de un aumento nominal de impuestos hasta un 50%. El decreto de "nacionalización" de Morales da un nuevo plazo de 180 días para que las petroleras se ajusten a esa ley, que entrega al Estado el control y propiedad formal de los hidrocarburos, pero que otorga a las transnacionales la propiedad real y los mayores beneficios derivados de la explotación, comercialización, exportación e industrialización del gas y el petróleo. El 7 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional declaró sin validez jurídica los 78 contratos con los que Repsol, Petrobrás, Total, Enron, Shell, British Petroleum, Vintage y otras transnacionales explotaban las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en por lo menos 150 mil millones de dólares, las segundas en importancia de Sudamérica. Según los cálculos optimistas del gobierno de Morales, con la aplicación del decreto de "nacionalización" el Estado boliviano obtendría un ingreso de aproximadamente 750 millones de dólares, generados por la recepción de impuestos y regalías, incluidos los ingresos extraordinarios temporales por el alza de impuestos en los megacampos de gas, además de la limitada participación estatal en la cadena productiva. Actualmente se estima que los ingresos generados anualmente en toda la cadena hidrocarburífera superan los 3.500 millones de dólares, que se traducen en su mayor parte en utilidades para las petroleras, dados los bajísimos costos de operación, producción y comercialización Por ello, los expertos y algunos altos funcionarios del gobierno admitieron a la prensa que el decreto 28701 de "nacionalización" de Morales no tiene nada de nuevo con relación a la Ley de Hidrocarburos 3058, con la excepción de la creación de impuestos transitorios y la compra del 3% de acciones en dos empresas petroleras y del 17% en la de transportes. El presidente de la estatal YPFB, Jorge Alvarado, dirigente del partido de Morales, admitió ayer que el decreto 28701 "evidentemente" se asienta en la Ley de Hidrocarburos 3058 y, por eso, mal se puede decir que Bolivia está tratando de imponer nuevas reglas a las empresas. Lo paradójico es que hace un año, Evo Morales y los sindicatos marchaban hacia La Paz para echar abajo la Ley de Hidrocarburos 3058, que el Congreso neoliberal había aprobado para defender a las petroleras, y hoy es el mismo Morales el que decide aplicar a fondo la Ley 3058 y dice, sin rubor, que es la nacionalización. Los ex titulares del Ministerio de Hidrocarburos y de la Superintendencia del sector Mauricio Medinacelli y Carlos Miranda, respectivamente, coincidieron en que el decreto de Morales, en el fondo, lo único que hace es dar las condiciones para la aplicación de la Ley 3058. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aseguró ayer en una conferencia de prensa que el principal aporte del Decreto Héroes del Chaco reside en el aumento fiscal en los megacampos de hidrocarburos. Para el analista Ronald Hurtado Paravicini, abogado especializado en Derecho Petrolero, "lo único que el Gobierno está haciendo es aplicar la Ley 3058. No hay ninguna nacionalización, es sólo un espectáculo, un show para generar más votos para las elecciones de los constituyentes", comentó. Los expertos coinciden en que el decreto promulgado este lunes no es un reglamento de la Ley de Hidrocarburos 3058, pero es un aporte a lo que se esta última establecía. La vigencia de la Ley 3058 y el nuevo decreto de Morales cierra, por tanto, la posibilidad legal de una verdadera nacionalización. Para muchos, incluidos los sectores populares que apoyan a Morales, el dictamen del Tribunal Constitucional equivalía a una virtual "nacionalización", ya que sin contratos legales y operando ilegalmente en el país, todas las petroleras extranjeras podían ser echadas de inmediato de Bolivia y todas las reservas de gas que controlan, junto a sus inversiones y equipos, podían pasar al Estado boliviano, en un verdadero proceso de nacionalización. --------------------------------------------------------------------------------------- ''' 15 maggio 06 ''' 13-05-2006 Brasil y Petrobras aceptan la nacionalización Bolpress El gobierno brasileño y Petrobras aceptaron el decreto de nacionalización del gas y el petróleo e iniciaron una ronda de conversaciones para definir los nuevos contratos de operación. Petrobras, auqe anunció su intención de demandar una indemnización, no recibirá nada por los campos petroleros, porque su contrato es ilegal, al no haber sido refrendado por el Congreso. El gobierno estudia indemnizar a la petrolera con gas por la nacionalización de las refinerías. "El Ministro de Minas y Energía de Brasil y el presidente de Petrobras reiteran su absoluto respeto a las decisiones soberanas del Gobierno y el pueblo boliviano, manifestadas en el Decreto 28701 y expresan su disposición a implementarlo de acuerdo a la normativa aplicable", dice un comunicado conjunto emitido al término de una reunión entre la comisión brasileña que llegó a Bolivia presidida por el el ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, y el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, y la delegación boliviana integrada por el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, el presidente de YPFB, Jorge Alvarado y el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz. Según un informe, las dos delegaciones acordaron realizar reuniones a nivel técnico para tratar las condiciones de operación de los negocios durante la fase de transición, y también definir las condiciones y contratos necesarios para la producción del gas y su comercialización, el proceso de refinación, incluidos los mecanismos y formas de compensación negociada y las condiciones para la firma de los contratos de producción. "Con ese objetivo se ha creado una comisión de alto nivel, integrada por ambos ministros y los presidente de YPFB y Petrobras", agrega el comunicado conjunto. El precio del gas Después de la nacionlización, el gobierno anunció su intención de elevar el precio del gas boliviano que se exporta a Brasil hasta alcanzar los parámetros regionales, anuncio que motivó la preocupación brasileña cuyo mercado depende en un 50 por ciento del energético boliviano. En la reunión, las dos delegaciones acordaron analizar este tema dentro del marco de lo "racional y equitativo", en los términos de la declaración de Puerto de Iguazú, bajo los mecanismos establecidos en el contrato de compra y venta de gas natural. "Los métodos de trabajo establecidos en la reunión reflejan el interés en profundizar el diálogo bilateral", apunta el documento. "Se hoy cobramos US$ 3,80, no significa que vamos subir o precio mañana a US$ 5 o US$ 7", dijo Soliz. Quien debe tener miedo es Petrobras Conocido el decreto de nacionalización, la mayoría de los analistas y periodistas ligados a los intereses de las petroleras advirtieron que la decisión boliviana podría provocar la huida de los inversionistas, entre ellos Petrobras. Sin embargo, horas antes de la reunión con Petrobras, al ser consultado sobre el tema Soliz afirmó que "Petrobras es la que debe temer, no nosotros". Soliz dijo que las petroleras pueden no recibir indeminizaciones por la nacionalización. Casi el mismo tiempo, Pablo Solón, asesor del gobierno, dijo que la Constitución no preve indemnizaciones para contratos ilegales, como los son los contratos petroleros que no fueron ratificados por el Congreso, tal como manda la Constitución. El presidente de YPFB dijo a la BBC que Bolivia va a pagar por 51 por ciento de las acciones de la nacionalización de las refinerías, pero no por los recursos naturais que são de propriedade dos bolivianos.. Soliz Rada dijo que en el caso de la privatización, el gobierno debe evaluar si las empresa pagaron el precio justo porque al momento de la privatización no se tomó en cuenta los hidrcarburos que habían en esas unidades. Las refinerías fueron privatizadas durante el gobierno de Hugo Bánzer-Jorge Quiroga, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15-05-2006 Se prepara la guerra por la tierra J. Osvaldo Calle Quiñonez Bolpress La larga guerra por la posesión de la tierra en Bolivia tendrá nuevos episodios. El gobierno anunció que para fin de mes estará lista una nueva reforma agraria, anuncio que despertó preocupación entre los empresarios que anunciaron resistencia a reformas en temas vinculados a la tierra, los recursos forestales y mineros. Según informes oficiales del año 2003, en Bolivia el 87 por ciento de las tierras está en manos solamente del 7 por ciento de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente 4 millones de hectáreas 13 por ciento. Sobre esos datos, y sobre todo por su experiencia como dirigente de los productores de coca, el presidente Evo Morales no duda en afirmar que en el oriente boliviano persiste el latifundio, prohibido por la ley, y que existen propiedades que no cumplen con una función económica o social, aquella que según las leyes permiten detentar las tierras. Según los anuncios oficiales, se revertirán al Estado de más del 10% de los 106.700 millones de hectáreas del país, las mismas que son consideradas "improductivas" por parte del gobierno. "Son unos ochos decretos y un proyecto de ley que tienen la finalidad de revertir al Estado todas las tierras que no cumplen función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos de forma fraudulenta", dijo el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia, Hugo Salvatierra. Por ahora, la ley INRA señala que como causal para la reversión de la tierra el no pago de impuestos, algo que las autoridades consideran un argumento poco válido, debido a que los impuestos son bajos y por tanto son pocos los propietarios que no cumplen con el compromiso. Por esta razón, el gobierno elabora un nuevo reglamento para relacionar la reversión de tierra con la improductividad. Preocupación Muy rápido después del anuncio gubernamental, la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció resistencia a las propuestas del gobierno, porque consideran que la mayor parte pertenece a los productores del país. "Lo más peligroso que pueda haber en estos momentos en el país, cuando se aproxima a una Asamblea Constituyente y el Referéndum autonómico, es que el Gobierno caiga en la tentación de hacer proselitismo con la tierra privada. Consideramos que no debe, a simple apreciación de las autoridades, juzgar a los productores y condenarlos por un simple revanchismo político", dijo el vicepresidente del CAO, Mauricio Roca, en declaraciones citadas por Los Tiempos. "Los derechos adquiridos con esfuerzo y trabajo a través de varias generaciones no son negociables para el sector agropecuario", agregó, aunque sin referirse a los casos en los que los empresarios se apropiaron de tierras en procesos viciados de corrupción o favorecidos por las dictaduras. "Lo que le exigimos al Gobierno es transparencia en el desarrollo de sus medidas. No podemos quedarnos tranquilos cuando permanentemente se nos está agrediendo y lanzando consignas. Se nos dice que somos latifundistas, terratenientes y oligarcas, cuando nuestra condición de productores no está siendo respetada", sostuvo. Con un tono de avertencia, el editorial del matutino La Prensa recuerda que la reforma agraria impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez, provocó el golpe de Estado que lo alejó de la presidencia por 48 horas. Los accionistas de La Prensa están vinculados a los terratenientes cruceños. Como para curarse en sano, el prefecto cruceño, Rubén Costas, planteó en la víspera un plan para mejorar el acceso a la tierra. Costas llegó a ese cargo con el apoyo de los terratenientes cruceños. Sin embargo, la propuesta de Costas fue rechazada por el gobierno que explicó que la instancia llamada por ley a cumplir con esta misión es la Comisión Agraria Nacional. "Queremos aclarar: la tierra, los recursos naturales son patrimonio de la nación, es del Estado boliviano. Las políticas que tiene que ejercerse sobre la tierra, sobre los recursos naturales es tarea del Estado boliviano, y estas diferencias, pequeñas diferencias, en todo caso, hay que resolverlas mediante el diálogo", dijo Morales. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en 1860 por el gobierno de Mariano Melgarejo, que actuó en complicidad con los terratenientes de la época, a través de un decreto llamado de exvinculación. El primer gobierno que sucedió a la revolución nacional de 1953, impulsó una reforma agraria, que buscaba redistribuir las tierras, pero los posteriores gobiernos impulsaron la formación de nuevos latifundios en el oriente boliviano, la mayoría de ellos en medio de bullados casos de corrupción. Son precisamente los empresarios vinculados a esos sectores los que manejaron al país y consolidaron las actuales estructuras de la sociedad en la que la mayoría de la población está marginada. Fueron esas denuncias que llevaron a la intervención del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, y luego a la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, impulsada por el primer gobierno del fugado Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque luego apareció el movimiento de los llamados campesinos sin tierra con casi un millón de integrantes. Desde junio de 2000, cuando se produjo la primera ocupación de tierras en Panati, son frecuentes las ocupaciones de propiedades agrícolas. La ocupación de Pananti fue reprimida con violencia con un saldo de 7 muertos y un indeterminado número de heridos. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 12-05-2006 Claves para entender la elección presidencial El pueblo colombiano a las urnas Germán Gonaldi APM El 28 de mayo habrá elecciones en Colombia, otro de los comicios en el que se juega el equilibrio de poderes en Latinoamérica y en un año en el que nueve países de la región elegirán a sus jefes de Estado. Marcado por una realidad compleja y particular, Colombia elegirá presidente y vicepresidente para el período 2006-2010. El conflicto armado que enfrenta desde los años ‘50 a la guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) con el estado colombiano y, en los últimos 20 años, a los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –hoy en controvertido proceso de desmovilización– atraviesa cualquier escenario de la vida del país, y mucho más en un proceso electoral. No hay político que se precie en Colombia que no tenga una postura a esta situación; ignorarlo significa estar fuera de la realidad, por ello es que desde diferentes miradas, todos tienen la fórmula para destrabar el conflicto y enmarcarlo en un proceso de paz real. La guerra interna, sumado al narcotráfico, a la paupérrima situación de tres millones de desplazados por la violencia política y los asesinatos por encargo de personas vinculadas directa o indirectamente a la política, que caracterizan la historia colombiana, son los temas que marcan la agenda en cada elección. Durante el último periodo presidencial, la “lucha contra el terrorismo” proclamada por el mejor aliado a Estados Unidos, fue el principal eje de gobierno del mandatario Alvaro Uribe y se cree que su “éxito” de mostrar mano dura frente a la guerrilla lo mantuvo con altos niveles de aceptación popular. Así, temas como la pobreza, la exclusión social, la corrupción y los derechos humanos pasaron a un segundo plano. Sin embargo la estrategia de los candidatos opositores es marcar las contradicciones de la política oficial y mostrar que en materia social, hay cuentas pendientes de Uribe, que ha seguido un camino de alineamiento con los intereses de los grandes empresarios, los terratenientes y las clases acomodadas urbanas desde el comienzo de su mandato. En este sentido, la candidatura del senador Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo (PDA), logró posicionar al prestigioso profesor universitario de izquierda como uno de los principales, sino el principal, contendor de Uribe en la arena electoral ya que su discurso hace hincapié en los problemas más elementales de millones de colombianos que aun esperan que les lleguen los beneficios del crecimiento económico. El pasado 12 de marzo los colombianos fueron a las urnas para elegir a 102 senadores y 166 legisladores de la Cámara Representantes y allí las agrupaciones que apoyan a Uribe lograron un amplio triunfo, obteniendo un 61 y 57 por ciento en el senado y la cámara baja, respectivamente. Para ser elegido presidente, los candidatos necesitan obtener por lo menos la mitad más uno de los votos válidos depositados. En caso contrario se procederá a una segunda vuelta electoral, tres semanas más tarde, el domingo 18 de junio, en el que competirán sólo los dos candidatos que hayan obtenido las mayores votaciones. Los postulantes a llegar a la Casa de Nariño (sede del gobierno) el 7 de julio son el candidato presidente Álvaro Uribe, inscripto por Primero Colombia, un movimiento independiente, que agrupa a las agrupaciones Alas Equipo Colombia, Cambio Radical, Colombia Democrática, Partido de la U, Partido Conservador y Por el País que Soñamos; el senador Carlos Gaviria, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá de la Alianza Social Indígena, Horacio Serpa, quien se postula por tercera vez consecutiva por el Partido Liberal Colombiano, Alvaro Leyva Durán, por el Movimiento Nacional de Reconciliación, Enrique Parejo, por Reconstrucción Democrática Nacional, y Carlos Rincón, quien encabeza la lista del Movimiento Comunal y Comunitario. Los comicios colombianos son los cuartos en este verdadero “año electoral” latinoamericano. A las elecciones de Chile en enero, Costa Rica en febrero, la primera vuelta en Perú en abril y el ballotage de junio, se sumarán más tarde las de México en julio, Brasil y Ecuador en octubre, Nicaragua en noviembre y Venezuela en diciembre. El balance de todas ellas se hará a finales de 2006 pero un análisis parcial indica que gran parte de los países del continente está eligiendo gobiernos de tendencia de izquierda, no alineados a las políticas de Washington. Quien marcó el camino en diciembre pasado fue Evo Morales en Bolivia, quien triunfó en una histórica primera vuelta. Un hecho que agregó un condimento a las elecciones en Colombia es que por primera vez en su historia un presidente en ejercicio aspira a la reelección inmediata, en virtud de una reforma constitucional auspiciada en 2005 por el actual gobierno, aprobada por el Congreso y refrendada por la Corte Constitucional. De acuerdo con la reforma política de 2003, si en la primera vuelta presidencial el voto en blanco llega a constituirse en la mayoría absoluta (la mitad mas uno de los votos válidos), deberá repetirse la votación pero no podrán presentarse los mismos candidatos. ggonaldi@prensamercosur.com.ar ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Saravena, 12 de mayo de 2006. ACCIÓN URGENTE La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, lanza a los organismos de Justicia y Control del Estado colombiano, la Defensoría del Pueblo, a la comunidad regional, nacional e internacional y la opinión publica en general, lo siguiente: 1. En la mañana del día de hoy, 12 de mayo, a eso de la 1:30 a.m., fueron abaleados los señores PABLO EDUARDO ESTUPIÑAN BERNAL de 26 años, de profesión comerciante, PABLO ANTONIO CELI, de 26 años, vendedor ambulante y su compañera permanente SORY MORA PABÓN, de 28 años de edad, en momentos en que se encontraban departiendo en el establecimiento público denominado Billar de Porras, ubicado en la calle 22 con carrera 14, a una cuadra de la Plaza de mercado de Saravena. Estas personas fueron atendidas en el hospital San Ricardo Pampuri de esta ciudad, y el señor PABLO ANTONIO CELI, fue remitido hacia la ciudad de Cúcuta, por la gravedad de las heridas. Hasta el momento no se tiene conocimiento de los autores de este hecho. 2. El día martes 10 de mayo de 2006, a las 6:10 p.m., cuando se desplazaba desde la Planta de tratamiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Saravena ECAAS, ubicada en la Unión Alto Satocá, hacia el casco urbano de este municipio, el carro que transporta los empleados de la empresa en mención, fue abordado en el sitio conocido como la Hamaca, por dos sujetos vestidos de civil, encapuchados y portando arma corta, quienes luego de detener el vehículo procedieron a bajar a los ocupantes, después de identificarlos a cada uno de ellos, procedieron a dejar al señor JOAQUIN DÍAZ GARCÍA, de 31 años de edad, y profesión ingeniero electromecánico. El ingeniero Díaz, había sido contratado por la empresa ECAAS, para hacer el mantenimiento de las redes eléctricas internas y externas, dentro de la planta de tratamiento. 3. Hechos como estos, demuestran un vez más la grave situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que se vive en el Departamento y todo el país; por lo tanto reiteramos nuestro llamado a los actores del conflicto armado, a que se respeten las normas contempladas en el Derecho Internacional Humanitario, entre ellos el protocolo II y el artículo 3 Común a los Cuatro Convenios de Ginebra, también exigimos una solución política negociada al mismo, que día a día se agudiza más y que sólo llena de sangre, luto y dolor a las familias Araucanas. 4. A la comunidad internacional y ONGs defensoras de Derechos Humanos del orden Nacional y Regional, la convocamos a una misión de verificación de los hechos narrados, que sirva como aporte a la verdad y coadyuve nuestra exigencia de justicia y reparación integral. POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO FUNDACIÓN COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA” NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SE PROFUNDIZA ARREMETIDA CONTRA LA OPOSICION” 333 TRABAJADORES SINDICALIZADOS ASESINADOS La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, por intermedio del Departamento de Derechos Humanos denuncia ante la comunidad nacional e internacional la agudeza y profundidad del conflicto en Colombia. Desde le 7 de agosto de 2002 hasta el 12 de mayo de 2006, quiere decir bajo el mandato del presidente Uribe Vélez han sido asesinados 333 trabajadores sindicalizados entre dirigentes y afiliados. Veamos: AÑO 2002 – 7 de agosto a 31 de diciembre 39 dirigentes y afiliados asesinados AÑO 2003 – 1 de enero a 31 de diciembre 95 dirigentes y afiliados asesinados AÑO 2004 – 1 de enero a 31 de diciembre 99 dirigentes y afiliados asesinados AÑO 2005 – 1 de enero a 31 de diciembre 70 dirigentes y afiliados asesinados AÑO 2006 – 1 de enero a 12 de mayo 30 dirigentes y afiliados. ü El día 3 de mayo del presente año, fueron retenidos los trabajadores del sector eléctrico colombiano en el departamento de Arauca: ENDER ROLANDO CONTRERAS GARCIA, Fiscal de la organización sindical SINTRAELECOL en Arauca, EDGAR BOTERO CARDENAS, Secretario de Prensa y Propaganda SINTRAELECOL Seccional Arauca y JAVIER RICARDO GUEDEZ afiliado. Se les sindica de rebelión y terrorismo y hoy quieren enviarlos a una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Cómbita departamento de Boyacá, como a cualquier delincuente en el país. ü El día jueves 11 de mayo a las 5:00 de la mañana, fue allanada la residencia de MIGUEL ANGEL BOBADILLA miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FENSUAGRO – CUT y su compañera permanente Nieves Mayusa, por el Gaula de la Policía Bogotá, con una orden judicial escrita, emitida por la fiscalía número seis (6) “Unidad Nacional contra el Secuestro, Terrorismo y Extorsión”, quienes procedieron a “capturarlos” y conducirlos a las instalaciones del Gaula en esta ciudad. ü A partir del día 6 de mayo de 2006, se incrementan amenazas contra el compañero RODOLFO VECINO ACEVEDO, trabajador de ECOPETROL, miembro de la Junta Directiva Nacional de la USO en el cargo de la Secretaria de Derechos Humanos y Comisión de Paz, y se conocen versiones de un plan para atentar contra su vida. ü La CUT recibió copia de una carta con amenazas el día 8 de marzo a las 12:59 p.m. en el correo de esta institución, de parte de “Autodefensas Campesinas Nueva Generación ACNG” y al final de la carta destacan las siguientes consignas: “ARRIBA LA AUTENTICA REBELION ESTATAL, LA DERECHA DEMOCRATICA FUERA ARRODILLADOS SOCIALISTAS VIVA ALVARO URIBE VELEZ 2006-2010 Y MUCHOS AÑOS MAS!!! COLOMBIA LIBRE PARA SIEMPRE DE LA IZQUIERDA” Por tales hechos acudimos y solicitamos a la comunidad nacional e internacional para que se dirijan a las autoridades colombianas exigiéndoles, se garantice la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la CUT, así como las de otras organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Se garantice el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que esta labor sea causa de persecución alguna. Se materialicen las garantías políticas y democráticas a la oposición política planteadas en la Constitución Política Nacional. Se garantice el inmediato y el efectivo desmonte de las organizaciones paramilitares ya que lo que se viene haciendo es un proceso de legalización y reubicación táctica en el país. ------------------------------------------------------------------------------ ''' 22 maggio 06 ''' 22-05-2006 Confirma gobierno existencia de paramilitares en Bolivia Prensa Latina El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, confirmó hoy la existencia de grupos armados irregulares al servicio de terratenientes en la región oriental del país. En una conferencia con la prensa extranjera sobre la nueva política de tierras del gobierno, que genera resistencias empresariales y regionalistas, el ministro reveló también, sin mayores detalles, haber recibido amenazas de muerte. Ante una pregunta sobre la existencia de fuerzas paramilitares en el oriental departamento de Santa Cruz, Salvatierra dijo que es un hecho que allí hay grupos armados irregulares, y dijo que el Estado actuará conforme a la ley contra esas organizaciones ilegales. Recordó que en años pasados terratenientes de esa región usaron sicarios contra campesinos que ocupaban tierras y rechazó la exacerbación de tensiones y la promoción de la violencia, que atribuyó a propietarios indebidos de tierras, afectados por la nueva política. Se refirió así a un pronunciamiento de los Comités Cívicos de Santa Cruz y otras regiones, de beligerancia contra la llamada segunda reforma agraria, y dijo que tras esas agrupaciones operan centenares de acaparadores ilegales de tierras. Reiteró que el gobierno busca el diálogo sobre los decretos que profundizan la reforma agraria de 1953 y apuntan a una distribución justa de la tierra, con la reversión al Estado y la redistribución de los predios que no cumplen una función económica y social. Mencionó el ministro diversas modalidades de escamoteo de esos requisitos, las cuales no serán posibles con los nuevos decretos y el control social a cargo de la sociedad civil y sus organizaciones, pues el tema compete a todo el país y no sólo a los ivolucrados. Al desvirtuar la campaña regionalista y conservadora contra la política gubernamental, señaló que el ejecutivo confía en la comprensión de los empresarios legales y productivos, que conforman la gran mayoría y son ajenos a los acaparadores de tierras. Desmintió piezas maestras de la campaña opositora, al negar que el gobierno se proponga trasladar campesinos del altiplano andino al oriente, y dijo que la política -a debatirse desde el viernes próximo- propugna dar tierras a los campesinos del territorio correspondiente. Salvatierra también negó que el ejecutivo promueva o acepte las tomas de propiedades y dijo que, por el contrario, ha exhortado al Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) a abstenerse de hacerlas y acogerse a la nueva política. Preguntado sobre denuncias de tomas de predios, señaló que éstas han ocurrido siempre, tanto por parte de campesinos sin tierra como de empresarios que se apropian dolosamente de grandes extensiones usando el poder político o la corrupción. Aseveró que la propiedad privada legal será respetada, al igual que las llamadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de las comunidades indígenas, las cuales son intangibles. La prioridad de las dotaciones gratuitas, inicialmente de unos cuatro millones de hectáreas, será para agrupaciones comunitarias -a fin de evitar el minifundio o la reconcentración de la propiedad- y sin condionarla al apoyo técnico y crediticio. Añadió que el apoyo a los agricultores será brindado por un fondo de respaldo a los pequeños productores, que cuenta inicialmente con 100 millones de dólares aportados por Venezuela, a los que deben sumarse otras fuentes de cooperación. El apoyo con la dotación de semillas, maquinaria, proyectos y otros medios será dado por una corporación a formarse con el apoyo de Cuba y Venezuela, en el marco de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), señaló el ministro. Respecto a la participación del Banco Mundial en esa ayuda, Salvatierra dijo que está condicionada al respeto absoluto a las políticas del gobierno y a la soberanía nacional y al abandono de imposiciones privatizadoras y neoliberales. Puntualizó que Bolivia "necesita ayuda y no imposiciones". ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17-05-2006 La verdadera cara de Petrobras El juguete rabioso La nacionalización de los hidrocarburos, decretada por el presidente Evo Morales, ha provocado un terremoto geopolítico al ocupar militarmente al gigante brasileño Petrobras. La prensa de derecha del país vecino acusa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no ser suficientemente firme para defender a "la empresa propiedad de del pueblo brasileños". Incluso en Bolivia muchos hablaron de tener una "empresa estatal como Petrobras" en relación a la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Pero, ¿Petrobras es realmente una empresa estatal?, ¿la estructura de propiedad de esta empresa es compatible con los actuales esfuerzos por poner en pie una nueva gestión soberana de los recursos naturales en una parte creciente de Sudamérica? Los datos parecen ir en contra de esta idea, difundida hasta ahora por algunos sectores "progresistas" que creían en una iconográfica sucesión de nuevos líderes nacionalistas que comenzaba con Chávez, Lula, Fidel, Kirchner y sumaba ahora a Evo Morales, a Tabaré Vázquez y, en una de esas, a Ollanta Humala en Perú. La realidad se mostró mucho más compleja como lo demuestra la crisis de los bloques regionales (CAN y MERCOSUR), el conflicto de las papeleras entre Uruguay y Argentina y el enfrentamiento posnacionalización entre Bolivia y Brasil: hoy Petrobras es una de las más virulentas entre las petroleras contra los cambios en las reglas de juego inauguradas en los 90 con elevados costos para el Estado boliviano. Y en esa dureza, ¿hay alguna diferencia entre Petrobras y cualquiera de las transnacionales europeas o estadounidenses? El mito de la "empresa estatal" En verdad, la participación estatal en la gigante petrolera –bautizada por un analista como una "empresa estatal de mercado"– es minoritaria. El estado brasileño controla directamente sólo el 32.2% de las acciones totales de Petrobras y 7.6% a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Otro 57.5% de las acciones pertenece a grandes y pequeños inversores, muchos de ellos extranjeros (incluyendo a los estadounidenses). Las acciones de Petrobras cotizan en las bolsas de Nueva York, Madrid, San Pablo y Buenos Aires. El gobierno de Brasil y el BNDES controlan la mayoría de las denominadas "acciones ordinarias", lo que le da una mayoría en el cuerpo directivo de la empresa. Sin embargo, aunque el gobierno mantenga control del directorio, la masa mayoritaria de accionistas privados imponen una lógica netamente capitalista en la empresa. La enorme capitalización bursátil de Petrobras y el alto precio de sus acciones es lo que le permite mantener sus enormes deudas que alcanzaron los 23 mil millones de dólares a diciembre de 2005 (nota: la deuda externa de Bolivia no llega a 5.000 millones de dólares). La empresa contabilizó ganancias netas de 11 mil millones de dólares en 2005, las más altas en su historia, e invirtió una suma casi equivalente (otra nota: el PIB boliviano es de 9 mil millones de dólares). En sus campos en América Latina y África, la firma brasileña se comporta como cualquier otra empresa transnacional. En el caso boliviano, Petrobras alentó las maniobras para catalogar al campo San Alberto como "nuevo", con regalías del 18%, cuando había sido descubierto previamente por YFPB y, por lo tanto, debía pagar regalías del 50% según la antigua ley de hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Una maniobra avalada por el gobierno de Carlos Mesa y su delegado presidencial Francesco Zaratti quien apeló a la ambigüedad para redactar un informe que benefició a la empresa y perjudicó al Estado boliviano. En la actualidad, Petrobras cuenta con el 45,9% de las reservas probadas y probables de gas y el 39,5% de las reservas de petróleo, según información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La posición de la petrolera brasileña en Bolivia se fortaleció por tener presencia en toda la cadena de los hidrocarburos: extracción de los líquidos y el gas, transporte local, refinación y transporte del gas a Brasil y Argentina. La división internacional de Petrobras, que incluye los negocios en Bolivia, tuvo el año pasado ganancias netas de 272.6 millones de dólares, 63% más altas que los 166.8 millones de 2004. Por eso, quizás no resulte una sorpresa leer, en el informe anual de la empresa, que el aumento de las ganancias se debió, en parte, a "la elevación de la venta de gas boliviano a Brasil y al inicio del contrato de venta de gas a Argentina". Para sortear los cuestionamientos en su contra, Petrobras montó un aceitado mecanismo de patrocinio a eventos de diverso tipo, que le garantiza el silencio cómplice de gran parte de la sociedad brasileña, además del chauvinismo –reproducido por una prensa que también se beneficia con su publicidad– que la considera parte del orgullo nacional. "Vamos a defender a Petrobras como defendemos a nuestra selección de fútbol" dijo el canciller de Lula, Celso Amorín, tocando las teclas de la sensibilidad nacional brasileña, para enfrentar las declaraciones de Evo Morales en Viena, en el sentido de que se trata de una empresa que "operó ilegalmente en Bolivia" debido a que los contratos de riesgo compartido no fueron aprobados por el Congreso. La petrolera patrocina todo tipo de eventos culturales, deportivos y sociales… y hasta el propio Foro Social Mundial –contra la globalización y las transnacionales– contaba con su auspicio, al igual que la campaña "Fome Zero" (hambre cero) desarrollada por el gobierno Lula. Sólo en 2005, Petrobras gastó 106 millones de dólares en "relaciones institucionales y proyectos culturales". Con todo esto, la petrolera tiene asegurado un silencio cómplice junto con la exaltación –que se compra con millones de reales– de su "espíritu patriótico". +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ La Paz, mayo 18, 2006.-La angurria transnacional por no perder un centavo, mucho más que la tímida y limitada acción "nacionalizadora" de Evo Morales, es la explicación de fondo de los roces y críticas contra el proceso boliviano, asegura James Petras, el intelectual revolucionario más importante de la actualidad. A su paso por Brasil, donde asistió invitado al Congreso de la nueva Confederación sindical de trabajadores que se llama CONLUTA, con más de 2.800 delegados representando a un millón setecientos mil afiliados del sector público, metalúrgicos y otros sectores que están reaccionando contra las medidas brutales de Lula, Petras destacó el repudio de los trabajadores ante la política propetrolera de Lula. "Lo más importante en el Congreso de la nueva Confederación es el repudio de la política chauvinistas y subimperialista de Brasil hacia Bolivia (...) Petrobras, como todos sabemos, no es una empresa estatal; el 60 por ciento de sus acciones están en manos de capitales privados, la mayoría de ellos, en manos de inversionistas de Wall Street (...) El gobierno ahora está amenazando a Bolivia, en defensa de Wall Street y los capitales extranjeros que utilizan el camuflaje de Petrobras. Y eso es triste porque ha tenido algún efecto popular: los medios en Brasil son horribles, se parecen a los peores de Estados Unidos. "Bolivia ataca a Brasil" y cosas por el estilo, cuando simplemente Bolivia está pidiendo mayor pago de impuestos", dijo Petras en una reciente entrevista con radio X 36 Centenario. "Quiero repetir que la nacionalización de Evo Morales no es la confiscación de bienes, maquinaria, pozos y lo demás. Es simplemente una declaración de que el petróleo y gas bajo la tierra son propiedad del Estado y están dispuestos a compartir la explotación y aumentar los impuestos. Una medida que podríamos decir es más al estilo de Keynes que de Marx; más al estilo de economía mixta que socialdemócrata nacionalista y eso provoca la histeria tanto en Petrobras como en los demás. Y Lula en todo eso juega al Poncio Pilatos: que no es bueno que Bolivia declare eso ni la forma en que lo hizo, pero que nosotros apoyamos la soberanía del país y debemos discutir. Es como en la comisaría cuando viene el mal policía que te pega y viene el otro que dice "mire, nosotros lo entendemos, podríamos discutir etc.", pero todos tienen la misma meta de presionar a Bolivia para limitar el papel que el Estado va a jugar en la explotación de petróleo y gas". Consultado por el periodista Efraín Chury sobre los acontecimientos de la Cumbre de Viena, Petras señala que "refleja la nueva consideración en América Latina. En un lado está Fidel Castro, Chávez, Morales, Bolivia, Venezuela, Cuba que están exigiendo en el sentido que los países en Europa dejen de explotar de forma unilateral los recursos. En otros congresos mundiales eso no parecía tan radical pero como viene de América Latina en la época del neoliberalismo, parece algo insólito, parece algo revolucionario. Pero son medidas que en el pasado podían considerarse simplemente nacionalistas moderadas. Quieren tratar el comercio bilateral de una forma que ambos lados acuerden para bajar barreras, donde es compatible con el desarrollo pero Europa lo quiere todo, como Estados Unidos. Quieren que América Latina deje compartir la riqueza y quieren que América Latina baje las barreras, mientras ellos siguen subvencionando y protegiendo la agricultura y los otros productos que no son competitivos con América Latina". "Frente a esta realidad, teníamos al señor Toledo, al señor Vázquez y al señor Fox, voceros de EE.UU. aceptando y poniéndose de rodillas frente a este tipo de política. Del otro lado estaban Chávez, Morales, estaba Cuba, buscando plantear una alternativa de que por lo menos se compartan las riquezas. Y esa es la nueva consideración". "Curiosamente Vázquez, Fox y Toledo están más a la derecha que otros, por ejemplo Uribe, que es un cliente de EE.UU. y sin embargo no está tan comprometido con todo esto. Y también Kirchner está en la mirada. No ve ninguna razón para entrar en confrontación con Lula, para Repsol deja que Zapatero haga el trabajo de ablandamiento y Kirchner ya está pensando tal vez en negociar un precio mayor con Repsol y Bolivia y evitar un conflicto y pasar las limitaciones en las ganancias a los españoles en vez de generar más conflictos energéticos. Pero Vázquez con su cabeza en el culo de las multinacionales no puede escuchar ni puede hablar diferente de lo que dice el señor Fox. Y los chilenos... Alejandro Foxley el canciller, un demócrata cristiano supuestamente en gobierno socialista, también dice que se sienten incómodos con la política de Evo Morales". "No quieren aceptar que los bolivianos aumenten los impuestos progresivamente. No hay nada más que eso: no van a perder ni los oleoductos ni los gasoductos ni la ganancia. Sí van a bajar un porcentaje sus ganancias pero como están acostumbrados a comerse todo ilegalmente y a portarse con mucha soberbia, no quieren considerar que hay otro país, otro pueblo que quiere comer también". ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mayo 19 de 2006 Corte Constitucional declaró legal Ley de Justicia y Paz pero recorta beneficios a desmovilizados Quienes hayan sido condenados antes del proceso de paz, como Mancuso, deberán pagar la totalidad de su pena y no podrán recibir reducciones. Pese a que la mayor parte del contenido de la Ley de Justicia y Paz recibió anoche la bendición de la Corte Constitucional, la decisión de tumbar algunos apartes de la norma significa un duro golpe para varios de los principales jefes paramilitares y probablemente para el proceso de negociación con ese grupo. El impacto más fuerte lo sentirán algunos líderes de las Auc que ya tienen condenas vigentes, pues los magistrados decidieron –por seis votos contra tres– que las penas impuestas por la justicia antes del proceso de paz se deben cumplir en su totalidad. Ese sería el caso de hombres como Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo Serna (condenados por masacres) y aspiraban a recibir un máximo de ocho años de cárcel, tal como se establece en la Ley de Justicia y Paz. Ahora, debido a que no podrán incluir esas condenas dentro de la ley, tendrán que pagar la máxima pena que les impusieron previamente. “Si antes del proceso de paz –dijo el presidente de la Corte, Jaime Córdoba– alguien fue condenado por un delito como homicidio de persona protegida (por ejemplo, miembros de grupos étnicos) y recibe una pena 40 años, y con posterioridad se somete a la Ley de Justicia y Paz y confiesa otros de sus delitos, y recibe una condena de cinco años, esa persona pagará una pena efectiva de 45 años”. Esta medida no solo afecta a algunos jefes ‘paras’, sino a centenares de combatientes de las Auc, muchos de ellos detenidos en las cárceles, que esperaban acogerse a la ley para obtener las penas alternativas. Sin embargo, aquellos que tengan procesos abiertos, pero sin condenas (por ejemplo, Diego Fernando Murillo, ‘don Berna’) sí pueden confesar sus delitos y recibir las penas de entre cinco y ocho años. Expectativa por reacción Anoche, las Auc mantenían silencio. Su pronunciamiento se espera con expectativa porque durante el proceso de paz varios jefes ‘paras’ expresaron que no estaban dispuestos a entregar sus armas para terminar pagando altas condenas. Según la representante Rocío Arias, esta decisión representa un incumplimiento de los acuerdos del proceso. Aunque la Corte consideró que, en esencia, el trámite de Ley 975 del 2005 se ajustó a las normas, en tanto que no implica indultos ni amnistía para los actores armados, su fallo acoge muchos de los reclamos de quienes exigían restarles privilegios a los ‘paras’. Uno de ellos, formulado por el procurador Edgardo Maya, pedía tumbar la posibilidad que tenían los miembros de este grupo de realizar una segunda confesión en caso de que se compruebe, luego de ser condenados bajo la ley, que participaron en otro delito que no fue declarado en laprimera confesión. Ahora, el procesado que no confiese todos sus crímenes desde la primera vez perderá todos los beneficios. Además, la Corte dejó sin piso la norma que les permitía acumular el tiempo que han pasado en la zona de ubicación (hasta 18 meses) como parte de la condena. El fallo era esperado como el campanazo definitivo para aplicar la Ley. De hecho, ayer se completó el nombramiento de los ocho magistrados que juzgarán a los reinsertados. Por ahora, lo único claro es que 2.180, de unos 36.000 desmovilizados, están en la lista que el Gobierno elaboró para juzgarlos bajo la norma. Solo falta que sea entregada a la Fiscalía para que se inicie el proceso. 6-3 fue el resultado de la votación de la Sala Plena que declaró exequible la Ley de Justicia y Paz. Los magistrados Alfredo Beltrán, Humberto Sierra y Jaime Araújo salvaron su voto. 2.180 es el número de desmovilizados de las Auc que el Gobierno presentó como posibles beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Se han reinsertado 30.144. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mayo 4 de 2006 Congreso de E.U. aprobó desembolso de 15,4 millones de dolares para desmovilización de Autodefensas Los recursos habían sido aprobados para el año fiscal 2005, pero no habían podido ser entregados pues requerían del aval del Legislativo. En todo caso, se trata de la primera inyección directa –y considerable– de recursos dirigidos a este propósito. En el 2004, E.U. entregó una partida inferior de 3,2 millones de dólares, que se utilizó para financiar las operaciones de la Misión de Verificación de la OEA y para la reinserción de niños combatientes. Los recursos habían sido frenados en el Senado, pues algunos legisladores consideraban que era insuficiente la financiación para la unidad de la Fiscalía que se encargará de investigar a los desmovilizados. Más plata para la Fiscalía Esta semana, no obstante, se solicitó la aprobación de 3,3 millones de dólares adicionales para esta unidad. Es decir, los fondos para el proceso de desmovilización alcanzarían los 18,7 millones, si la Cámara de Representantes no objeta los nuevos recursos pedidos para la Fiscalía. Entre los recursos autorizados hay 8 millones para la reinserción de ex combatientes, 1,5 millones para la misión de la OEA, al igual que fondos para el entrenamiento y protección de fiscales. Para el año fiscal 2006, en curso, hay otros 20 millones solicitados. Sin embargo, su desembolso será engorroso ya que el Congreso exigió una serie de condiciones, cuyo cumplimiento debe ser certificado por el Departamento de Estado como la entrega de información sobre sus crímenes y métodos de financiación. Pero, la condición que generará más controversia es la que se refiere a la extradición. Según el texto, el Secretario de Estado deberá certificar que “Colombia está cooperando plenamente en la extradición de líderes y miembros de estas organizaciones terroristas”. Este requisito parece estar dirigido a ‘don Berna’, Salvatore Mancuso y otros paramilitares que desde hace rato están en la mira de E.U. Aún así, y dada la forma en que está redactada, se otorga un margen al Secretario para concluir, por ejemplo, que existe cooperación y que estas extradiciones están “suspendidas” temporalmente. “Estamos todavía muy lejos de poder entregar los fondos del 2006”, sostuvo a EL TIEMPO una fuente en el Senado. Así será utilizada la nueva ayuda Los recursos serán entregados, entre otras cosas, a: El monitoreo y procesamiento legal de ex ‘paras’ ( 4,4 millones de dólares). Esta partida prevé fondos para entrenar unos 40 fiscales. Casi la mitad (2,1 millones) servirá para hacerles seguimiento y monitoreo a los centros de referencia donde se concentrarán los ‘paras’ Apoyo a la misión de la OEA (1,5 millones). Desarrollo e implementación de reparación a víctimas ( 600 mil dólares). Reinserción de militantes adultos ( 8 millones) y reinserción de niños militantes (1 millón). ------------------------------------------------------------------------------------ ''' 29 maggio 06 ''' Intifada colombiana Del Comitato Carlos Fonseca - REDHER La storia comincia tanti anni fa è una storia antica, una storia che contrappone chi da sempre vive con la terra e per la terra ai latifondisti, alle imprese dell’oligarchia nazionale e le multinazionali straniere. È una storia di spoliazione costante, di accordi non rispettati e di nuovi accordi che si fanno in nome del profitto di pochi a detrimento della vita di molti. È la storia di armi che vengono spianate contro chi rivendica il proprio diritto alla vita. A volte questo conflitto che serpeggia in america latina diventa palese e si manifesta in rivolte ma realmente l’anelo al cambiamento resta costante ed è portato avanti ogni giorno attraverso lo sforzo e il sacrificio di molti. Questa precisazione è importante e necessaria perché troppo spesso siamo portati a vedere le cose sotto gli occhi del piccolo schermo, solo per episodi che appaiono slegati dal contesto, quasi fiammate isolate. In questo senso dobbiamo intendere ciò ce è avvenuto dla 14 al 18 maggio in Colombia, nel dipartimento del Cauca. Una gran Cumbre di organizzazioni contadine, indigene e di afrodiscendenti riunite per discutere, progettare, e mobilitarsi. La Cumbre itinerante fa parte del percorso di integrazione tra le differenti regioni e organizzazioni che lottano in difesa della terra e in maniera più completa per l’affermazione di un nuovo modello di società in Colombia. È stato e tuttora è una delle espressioni più interessanti della lotta colombiana. Parte dalla convergenza di settori indigeni, contadini e afrodiscendenti che rivendicano il rispetto di vecchi accordi incompiuti da parte del governo, lottando per una riforma agraria intesa in un senso integrale di difesa del territorio, contro il Trattato di libero commercio e in generale contro la rielezione di Uribe e tutto ciò che essa rappresenta: la legalizzazione del paramilitarismo, la politica di sicurezza democratica, la svendita del paese alle transnazionali la militarizzazione di ogni angolo del paese. Dopo questa prima grande mobilitazione la Cumbre continua e si proietta ad ottobre di questo stesso anno per raccogliere i frutti e lo sviluppo delle discussioni che si sono date in questi giorni nel resguardo indigeno “La Maria Piendamò”, Cauca. Partecipano alla cumbre il Cric (consiglio indigeno regionale del Cauca), la Onic (organizzazione nazionale indigena), il Pcn (processo delle comunità nere), il Cna (coordinamento nazionale agrario) accompagnati da differenti organizzazioni di difesa dei diritti umani. In particolare come Red de Hermandad accompagniamo il Coordinamento Nazionale Agrario e il PCN con la sua numerosa delegazione proveniente da varie regioni del paese: Tolima, Cundinamarca, Sur de Bolivar, Nariño, la costa Pacifica e ovviamente dallo stesso Cauca. Questo il racconto di queste giornate. A partire dal 14 iniziano ad arrivare numerosissimi pulman e autocarri pieni di indigeni e contadini provenienti dalle più disparate zone del Cauca: ognuno si sistema come può con tende da campeggio (poche) o improvvisati tendoni di plastica per proteggersi da eventuali piogge notturne (inutili contro la fredda brezza che ci accompagnerà per tutta la notte). Ai più fortunati capita di dormire nella scuola della comunità. Già dal giorno seguente ci si comincia ad organizzare e a presentare nel grande palco allestito nelle adiacenza della Casa del Cabildo, l’ufficio dal quale si coordina l’attività del resguardo. Le presentazioni durano tantissimo a causa della enorme quantità di gente che partecipa all’evento e solo dopo molto si riesce ad affrontare quello che dovrà essere nei giorni successivi il dibattito principale e il confronto tra le diverse realtà presenti. Ci si accorda quindi per dividersi in gruppi secondo la zona di provenienza per discutere i temi proposti: • Difesa della vita; • Difesa e controllo del territorio • Difesa e rafforzamento delle organizzazioni sociali e dei loro processi. Tutto si conclude quando già inizia a tramontare il sole e nei vari accampamenti di fortuna indigeni, afrodiscendenti e contadini preparano la cena in giganteschi pentoloni, preparandosi quindi a trascorrere la notte. Prima di andare a dormire si prendono gli ultimi accordi per il giorno dopo quando già non si tratterà più di parlare e di discutere ma di far valere le proprie ragioni attraverso quello che viene definito come il ricorso alle “vie di fatto”. È il 16 di maggio e la giornata inizia molto presto ancora infreddoliti dalla notte trascorsa. Ma la giornata sarà calda, molto calda. Il ricorso alle vie di fatto è costituito dall’occupazione della Panamericana, una delle principali troncali del paese. Di nuovo si accende la protesta per le stesse ragioni che motivano la Cumbre e il dibattito: contro il TLC, per la difesa della terra e della vita. Dai telegiornali veniamo a conoscenza della stigmatizzazione che il governo e la forza publica atuano contro la mobilitazione: dicono che è stata promossa dalla guerriglia e che in mezzo ai manifestanti ci sono molti “terroristi” infiltrati. Questa è comunque la getione classica che il governo fa di qualsiasi forma di opposizione sociale o politica: tutti coloro che scendono in piazza o che rivendicano diritti sociali economici o semplicemente diritti umani elementari sono al servizio dei terroristi. Qualche settimana fa lo stesso Uribe ha segnalato il rischio che nel caso vincesse le elezioni chiunque altro diverso da lui il paese cadrebbe nelle mani delle Farc. Ragione per la quale la cosa non lascia nessuno sorpreso. L’occupazione della Panamericana blocca la strada per circa 2 chilometri, vengono abbattuti alberi e grossi pali di cemento, così come vengono sistemati al centro della strada degli enormi massi. C’è la guardia indigena, con bastoni fionde e pietre e i contadini, uniti in una giornata nella quale le differenza e le incomprensioni antiche quanto quelle attuali vengono messe da parte. A lato della strada vengono scavate delle buche piccole e strette e si accumula fango bagnato: entrambi serviranno per disattivare i lacrimogeni. Dopo circa un’ora interviene la forza pubblica ai due estremi del blocco stradale: da un lato il compito viene affidato all’ESMAD, i discussi e temuti gruppi antisommossa che si sono distinti a partire dalla loro costituzione per l’inaudita e spropositata violenza dei propri interventi, per l’uso di armi non convenzionali, nonché per la lunga scia di morti che si sono lasciati alle spalle nel cosro del proprio “lavoro”. Dal lato opposto invece c’è l’esercito ed è quanto meno inquietante constatare che non possiedono né manganelli né scudi ma solo artiglieria leggera, mitragliatrici e lacrimogeni. Per tutta la giornata dal lato idranti e lacrimogeni ma dopo ore e ore di scontri le rispettive posizioni non erano variate che di meno di dieci metri, per di più a favore dei manifestanti. Dal lato opposto lo scontro è stato più violento con un primo vantaggio della polizia che è riuscita a penetrare per 500 metri circa oltre il blocco. I lancio di lacrimogeni e di bombe strordenti è fittissimo ma i manifestanti resistono rendendo inutili, con l’uso della stessa madre terra che la protesta vuole difendere, i lacrimogeni che, tra l’altro, col passare delle ore diventano più scarsi. Arriva un blindato che con l’idrante riesce a far arretrare gli indigeni e i contadini che presidiano il blocco ma come dal nulla spunta fuori un indigeno che corre contro di esso con in mano un macete. Un unico colpo serve a far scoppiare una gomma per cui il mezzo si deve ritirare. Approfittando del fatto che la polizia ha quasi esaurito i lacrimogeni i manifestanti passano all’attacco e riescono a respingere i gruppi antisommossa per circa un chilometro. La situazione entra in una fase di stallo con l’ESMAD che presidia quell’ultimo tratto di strada dall’alto di una massicciata boscosa al margine di una piantagione di caffè. È qui che essi consuma la tragedia: la guardia indigena attacca questo gruppo di poliziotti che soccombono sotto l’impatto al punto da gettarsi disordinatamente giù per la massicciata (altissima e pericolosissima). Tre poliziotti feriti vengono assistiti dagli stessi manifestanti che li consegneranno alle autorità indigene per essere curati nel centro di salute della comunità. Di fronte a una tale sconfitta interviene l’esercito nell’unica maniera che conosce: sparando indiscriminatamente contro la folla tra la quale si trovavano anche giornalisti e accompagnatori internazionali. Ci sono feriti e un compagno indigeno è gravissimo con una ferita alla testa e una all’addome. Si cerca di trasferirlo urgentemente al centro di salute ma durante il tragitto il compagno non ce la fa. È la prima vittima di questa lotta unitaria. Tutti si fermano. I manifestanti tornano alle posizioni originarie sulle quali come per un fredda vendetta due elicotteri militari senza nessun segno distintivo sparano grandi quantità di lacrimogeni ponendo ulteriormente a rischio la vita di tutti i presenti. È però inutile in quanto questo nuovo attacco non corrisponde ad un nuovo attacco dei gruppi antisommossa. La giornata si conclude così, con una grande stanchezza e l’amarezza di una vita persa. Ci si riunisce di notte tentando di proporre una mediazione: si libererà una carreggiata della Panamericana solo se membri del governo accetteranno di riunirsi per discutere le rivendicazioni della Cumbre. È la mattina del 17 maggio e la mediazione sembra riuscire. Il ministro degli interni accetta di riunirsi con i manifestanti all’una del pomeriggio e per questo si libera una carreggiata. Ma la giornata va avanti e con una telefonata i membri del governo annunciano un ritardo di due ore alla riunione. Va bene, annunciano i portavoce della cumbre ma alle 14:30 una nuova telefonata avvisa di un nuovo ritardo e di un cambiamento di programma: il ministro arriverà solo di notte (non ha trovato posto sull’aereo a quanto dice) e sostiene di voler incontrare solo un gruppo ristretto di portavoce contraddicendo l’esigenza che l’incontro fosse pubblico. A questo punto non resta che riprendere la protesta e alle 15 viene occupata nuovamente l’intera strada. La reazione delle forze dell’ordine è immediata e feroce e approfittando di un momento di disattenzione entrano nello stesso spazio del risguardo indigeno. Occupano tutta la parte bassa utilizzando qualsiasi arma dispnibile, una quantità smisurata di gas lacrimogeno e bastoni alla cui estremità era stato attorcigliato del filo spinato. La polizia e l’esercito entrano, arrestano circa venti persone e distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Vengono devastate la radio comunitaria, il posto di salute e le case che si trovavano nei dintorni. Per tutta la notte si vedono in lontananza i roghi dove la polizia brucia moto, vettovaglie, mobili, documenti e tutto ciò che ha trovato nella comunità. Il giorno dopo ci si cerca di riorganizzare in qualche modo la comunità è gli accampamenti, curare i feriti e soprattutto ragionare sul da farsi. La panamericana è “libera” ma per tutto il giorno la polizia blocca gli alimenti da cui dipendono le decine di manifestanti dislocati nella comunità. A Bogotà dalla notte precedente è stato occupato l’ufficio generale della “Defensoria del Pueblo” e come conseguenza di questa pressione lo stesso defensor del pueblo arriva nel pomeriggio nella comunità assediata. Con lui entriamo quindi nella zona occupata dalla polizia accompagnati da due osservatori dell’ONU, da varie organizzazioni colombiane per la difesa dei diritti umani e le autorità indigene del risguardo. Quello che vediamo è allucinante, solo adesso ci rendiamo conto dell’entità e della brutalità della devastazione. Durante tutto il giorno non hanno fatto altro che arrivare notizie di manifestazioni di protesta in solidarietà con la Cumbre e di scontri di piazza in varie parti del paese. La giornata si conclude così. Siamo al 19 maggio, in una grande cerimonia si riconsegnano al capo della polizia i due agenti dell’ESMAD ospitati nella comunità in cambio dei quli la polizia libera 29 manifestanti detenuti. Di fronte ai mezzi di informazione presenti numerosi credo che resterà nella storia le parole che la guardia indigena rivoge al rappresentante della polizia intervenuto: “io le sto consegnando i suoi agenti vivi, lei mi porta un compagno morto” Il 20 maggio finalmente la forza pubblica si ritira dal resguardo indigeno pur presidiandolo a pochi metri di distanza. Già ritorna con una forza incredibile la discussione e la proiezione verso il futuro. Come era stato pianificato ci si torna a riunire in plenaria per ridiscutere i temi al centro della mobilitazione e ci si ridivide prontamente in commissioni che dovranno dare il via al dibattito che porterà nuovamente la Cumbre a riunirsi in ottobre. Le commissioni riguardano la soluzione politica al conflitto che insanguina il paese, l’educazione popolare, la riforma agraria e la presentazione della denuncia contro il comportamento dell’esercito. Nelle prossime settimane le commissioni torneranno a riunirsi per sviluppare tali temi in vista del futuro appuntamento di ottobre. Un forma di democrazia diretta importante così come è un segno positivo vedere nuovamente riuniti indigeni, contadini e afrodiscendenti nella stessa lotta per un mondo migliore, una vita degna di essere vissuta. Bogotà, 25 maggio 2006 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 28-05-2006 Moisés Torres, del MST “Somos los marginados de los marginados” Diagonal En Cochabamba nos reunimos con Moisés Torres Veizaga, presidente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, para hablar sobre los problemas de los campesinos. Además de la nacionalización de los hidrocarburos demandada por el pueblo, el nuevo Gobierno de Evo Morales tiene como reto afrontar el tema de la distribución de tierras en Bolivia. El Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia reclama que se hagan efectivas las medidas escritas en la Reforma Agraria de 1953 y, por otro lado, ‘limpiar’ las instituciones tomadas por los grupos de poder económico, quienes las habían puesto a su servicio. DIAGONAL: ¿Cuándo y cómo surge el MST en Bolivia? M.T.V.: El MST surge en el año 2000 por la injusta distribución de tierras que existe en Bolivia. Nuestros abuelos eran esclavos del patrón o el señor feudal. En 1953 se produce la Reforma Agraria que dice que la tierra es de quien la trabaja. Pero esto no se cumple. La distribución de tierras ya desde entonces fue injusta porque en aquel momento los lotes de tierras que dio el Gobierno de entonces a los campesinos fueron muy pequeños y más si tenemos en cuenta que luego se los tenían que repartir entre los descendientes. D.: ¿Por qué se habla entonces de que existe un elevado latifundismo en el país? M.T.V.: Las tierras que cultiva el campesino en la zona occidental son minifundios de baja calidad y son muy poco productivas. En cambio, en el oriente se concentran millones de hectáreas de latifundio de las empresas agropecuarias que se ha concentrado en pocas manos como pago de favores políticos de los gobernantes. De los 65 millones de hectáreas cultivables de Bolivia, unos 40 millones son de terratenientes. Otros 10 millones corresponden a las tierras protegidas, pero a las que también acceden los poderosos para sacar recursos naturales como madera, minerales o gas. Estas últimas tierras están vedadas para los indígenas campesinos, que sólo disponemos de 15 millones de hectáreas de baja calidad para cultivar. Consecuencia de esto es que más de un millón de campesinos en el país no pueden vivir de la tierra. Son las personas que por necesidad han emigrado a los centros urbanos donde viven sin empleo o trabajan en la economía informal o en las grandes extensiones agrícolas y ganaderas del oriente. El resto se marchan al extranjero. D.: ¿Cómo es posible que tras 50 años esta situación no se haya resuelto? M.T.V.: En 1996 apareció la ley INRA que supuestamente mejoraría la distribución de tierras. Tras 10 años sólo se ha saneado el 7% de tierras del país. Por esta situación, en el año 2000 se organiza el MST para reivindicar las tierras ociosas, que muchas están hipotecadas para pedir préstamos bancarios. Se decide entrar en las tierras que no se están trabajando. Desde entonces han sido muchos los enfrentamientos con el Gobierno y los terratenientes. D.: ¿Qué grado de represión ha sufrido el MST? M.T.V.: En el año 2000 grupos de sicarios asesinaron a seis dirigentes. Todavía no se ha aclarado lo que sucedió ni detenido a los asesinos. Y hasta hoy las persecuciones son constantes. D.: ¿Qué apoyos estáis recibiendo? ¿Qué cobertura dan los medios de comunicación de vuestra lucha? M.T.V.: Hemos sido tildados de avasalladores de tierras, de estar armados como las FARC o Al Qaeda, de estar más armados que Rambo. Los medios de comunicación nos preguntan que de dónde sacamos las armas. Nosotros les decimos que las usamos para cazar animales. Y ahí se quedan. Porque cuando les decimos que no nos alcanza para comprar azúcar, sal o fideos, eso no nos lo sacan en los medios. Por todo esto creemos que somos los marginados entre los marginados. En Bolivia somos ricos en recursos naturales pero seguimos pobres. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 27-05-2006 MST continúa protesta en todo el país Pulsar  En el segundo día de movilizaciones en todo el país, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra consiguió el jueves una reunión con el Ministerio de Hacienda. Poco antes, unas 450 militantes ocuparon la sede del Banco de Brasil, en Brasilia. Un equipo de la coordinación nacional del MST presentó las reivindicaciones que incluyen más asentamientos y la renegociación de deudas. El asesor del ministro Guido Mantega, Gilson Bittencourt, señaló que las propuestas que pueden ser atendidas serán incluidas en el plano gubernamental 2006/2007 que el presidente Lula va a anunciar en los próximos días. Hasta el fin de semana, el MST espera tener más audiencias con autoridades federales, después de priorizar la conversa con la Hacienda, argumentando que casi todas las pautas dependen de dinero. El la reunión, los sin tierra presentaron tres reivindicaciones centrales: Asentamiento de 230.000 familias acampadas en todas partes del país. Renegociación de cerca de 1,5 billones en deudas de pequeños productores rurales y agricultores familiares. Y la actualización de los índices de productividad que son considerados en la clasificación de tierra productiva en el proceso de la reforma agraria. "Son temas antiguos que estamos exigiendo del gobierno," aclaró Marina dos Santos de la coordinación nacional del MST. Según el MST, en el estado norteño Ceará unos mil sin tierra ocuparon la sede del Incra (Instituta Nacional de la Reforma Agraria). En el estado Sergipe, 1,5 mil familias bloquearon la carretera BR-101. En San Pablo, 250 personas iniciaron una vigilia en frente de la Secretaría de Justicia del Estado. Y en Santa Catarina, en el sur de Brasil, un contingente similar ocupó la entrada a un edificio del Banco de Brasil. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++