12 giugno 06

10-06-2006 Los latifundistas resisten la reforma agraria en Bolivia Las tierras de la Familia Ingalls

Pablo Stefanoni

Mientras el gobierno de Evo Morales avanza con la distribución de tierras a los campesinos, los latifundistas usan a las colonias menonitas para evitar la confiscación de sus tierras ociosas. El gobierno también les apunta a las parcelas improductivas de la Iglesia Católica.

En las localidades rurales de Santa Cruz puede vérselos andando en carros, estilo Familia Ingalls, las mujeres luciendo largos vestidos floridos, los hombres en mamelucos y sombreros de paja. En las ciudades su nombre resuena en los famosos quesos menonitas. Los seguidores del religioso holandés Menno Simonz (1496-1561) comenzaron a llegar al país en los años '50, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y construyeron comunidades cerradas, aprovechando las tierras fértiles y poco pobladas del oriente boliviano. La mayoría es de origen europeo, pero antes de aterrizar en Bolivia pasaron por países como Canadá, México y Paraguay. Esta semana, estas colonias introvertidas y alejadas de la vida moderna saltaron a las primeras planas de los medios de comunicación: el gobierno de Evo Morales Ayma, embarcado en una "revolución agraria", acusó a los menonitas de tráfico de tierras en connivencia con los terratenientes cruceños.

Hoy los menonitas detentan en conjunto grandes extensiones agrarias –gran parte de las cuales dedican a la producción de soja– y están bajo la sospecha de haber establecido acuerdos bajo la mesa con grandes propietarios que les alquilan o les venden tierras, de forma condicionada, para burlar las regulaciones vigentes contra los latifundios improductivos. Amparadas en sus propias reglas, las colonias menonitas funcionan fuera de las normas estatales: tienen su propia educación, no respetan las regulaciones gubernamentales sobre desmonte e ingresan a Bolivia sin control por la frontera paraguaya, otro de los centros menonitas en Sudamérica.

Un reciente artículo en el suplemento dominical del matutino La Prensa explica el vínculo entre religiosos y terratenientes. Los poseedores de tierras ilegales o improductivas, antes de su saneamiento por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), las "venden" de manera condicionada a las colonias menonitas. Un contrato paralelo establece que, si los menonitas logran –con su rápida inversión en desmonte, alambrado, construcción de casas, etc.– que el Estado reconozca la función económica y social y consolidan la propiedad de esas tierras, pagan a los vendedores sólo el 50 por ciento del valor de los terrenos. Por eso, no es de extrañar que estos colonos tengan aliados como la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que advirtió que hará respetar las tierras menonitas ante el anuncio de "revolución agraria" de Evo Morales.

A todo esto se suman los cuestionados métodos de cultivo de los seguidores del reformador holandés. El artículo citado define a los menonitas como "termitas depredadoras", por su práctica de desmonte de bosques con maquinaria pesada (orugas D-7 y D-8 y tractores con ruedas de hierro) y explotación intensiva de tierras. Una vez agotados los suelos, los religiosos buscan nuevas tierras: zonas boscosas para desmonte o tierras vírgenes, contribuyendo a la desertificación del Chaco boliviano. Según el director del Instituto Superior Técnico Agropecuario de Charagua, Dante Ergüez, el proceso se potencia con el fuerte crecimiento de los cultivos de soja –411 por ciento en los últimos 15 años–, que ha contribuido a la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosques. De acuerdo con un informe de Agroecología Universidad de Cochabamba (Agruco), el "66 por ciento de la producción sojera está en manos de extranjeros: menonitas, brasileños y japoneses", incluyendo un 35 por ciento que está en manos deterratenientes brasileños. Ayer comenzó el desalojo de propietarios de esta nacionalidad que poseen tierras ilegales en la frontera brasileño-boliviana.

También las tierras improductivas en manos de la Iglesia Católica son cuestionadas por las organizaciones campesinas. "La Iglesia tiene alrededor de 15 mil hectáreas de tierra no productivas que deben ser revertidas al Estado para su distribución", declaró el dirigente campesino Isaac Avalos. Ya surgieron conflictos en la localidad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, donde la federación campesina local ocupó predios eclesiales.

En un contexto de crispación entre el gobierno indígena y los grandes propietarios de tierras, Evo Morales anunció que continuará con el reparto de tierras fiscales (unos 2,5 millones de hectáreas) entre campesinos pobres, para afectar luego a los latifundios improductivos. Y puso en la mira las tierras hipotecadas, sospechadas de ser usadas con fines puramente especulativos, y a las dotaciones agrarias entregadas, como favores políticos, por las dictaduras militares, especialmente la de Hugo Banzer Suárez (1971-1978).

Entretanto, el gobierno departamental de Santa Cruz, junto con las organizaciones empresariales locales, decidió articular un frente de resistencia a la "revolución agraria" del gobierno indígena, al tiempo que reclaman que la redistribución de tierras sea atribución del gobierno regional. Esta semana habría comenzado a circular un comunicado de organizaciones agropecuarias de Santa Cruz en el que piden dinero a sus afiliados para financiar comités de defensa de la tierra.

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Ganaderos piden aportes para financiar los comités de defensa de la tierra Otros artículos

Desde el 26 de mayo circula un comunicado de organizaciones agropecuarias de Santa Cruz en el que se pide dinero a los afiliados para financiar los comités de defensa de la tierra organizados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

"De acuerdo a conclusiones en reunión realizada el día miércoles 24 de los corrientes (de mayo) con personeros de la Cámara Agropecuaria del Oriente - CAO, en la cual se trató el tema tierra, se decidió pedir a nuestros asociados y amigos ganaderos realicen un aporte voluntario para la CAO, con el propósito de la Defensa de la Tierra", indica textualmente la circular empresarial.

Según el comunicado, todas las personas interesadas en colaborar deben comunicarse con la Gerencia de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu). "Recordamos a usted que su aporte es de suma importancia por los intereses de nuestra región", dice el comunicado fechado el 26 de mayo en Santa Cruz.

Al parecer, los empresarios del oriente comenzaron ya su plan de defensa de haciendas. Este fin de semana, indígenas ayoreos armados desalojaron a familias que ocuparon las tierras del ex superintendente de bancos Luis del Río en Guarayos. El empresario se presentó en el lugar junto con indígenas armados con flechas y palos. Echaron a los "tomatierras" y quemaron sus chozas.

El gobierno ratificó su invitación a los empresarios agropecuarios, principalmente de Santa Cruz, para volver a la mesa de diálogo. "Insto a los sectores agroempresariales a continuar el diálogo, esto significa también que deben deponer actitudes como el de conformar comités de autodefensa porque sólo pueden causar daños imprevisibles", dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Alfredo Rada.

Según el viceministro de Régimen Interior Rafael Puente, se conformó el "autoavasallamiento fingido por viejos propietarios de latifundios". En el caso de Monín Camacho, está comprobado que él fingió un avasallamiento en Guarayos, aseguró la autoridad.

El sábado pasado, el Presidente Evo Morales arremetió contra algunos empresarios cruceños que protegen a los latifundistas. "Nos están avasallando algunos empresarios, pero yo me pregunto, ellos sus abuelos nos han avasallado todas nuestras tierras por más de 500 años y esas tierras tienen que volver a manos de los dueños absolutos de esta noble tierra. Los que más avasallan tierras habían sido los empresarios contra el Estado, el Estado está soportando avasallamiento de tierras. Esas tierras fiscales que son del Estado están siendo avasalladas en todas partes por los empresarios, reclamó Morales.

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09-06-2006 Brasil: Lluvia de críticas a supergasoducto

Mario Osava Tierramérica

El proyecto del supergasoducto sudamericano, que transportaría combustible a través de la Amazonia y otros ecosistemas, recibe una lluvia de críticas en Brasil, donde varios sectores lo dan por muerto tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

El gasoducto "nació semimuerto", sin ninguna factibilidad económica, según Wagner Victer, secretario de Energía del oriental estado brasileño de Río de Janeiro. El proyecto "es una locura", completó el ambientalista Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.

La nacionalización de la industria del petróleo y el gas en Bolivia, decretada el 1 de mayo, puede ser el tiro de gracia para el gasoducto, consideran analistas. La medida, que afecta sobre todo a la petrolera estatal Petrobras, tensó las relaciones entre ambos países y reavivó la polémica sobre la dependencia brasileña del gas boliviano.

El ambicioso gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de América del Sur, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

Tendría por lo menos 7.000 kilómetros que pueden ampliarse a más de 10.000 dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción podría costar 25.000 millones de dólares.

El proyecto "no tiene coherencia económica", cruza muchos ríos y bosques haciendo imposible precisar sus costos, y encarecería demasiado el gas venezolano entregado en Argentina, si no es subsidiado por Brasil, dijo Victer.

"El gasoducto quintuplicaría la actual dependencia brasileña en relación a Bolivia", sentenció.

Tras el anuncio de la nacionalización boliviana, el gobierno de Lula se apresuró a definir planes con Petrobras para la autosuficiencia nacional en materia de gas natural, acelerando la producción interna y medidas para importar gas natural licuado.

Pese al nuevo panorama, no se ha abandonado la idea del gasoducto. El 7 de junio, una reunión de ministros y otras autoridades evaluará en Caracas la marcha del proyecto, confirmó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

Hay siete grupos de trabajo estudiando los aspectos económicos, ambientales, de ingeniería, trazado de ruta, financiamiento y regulaciones que afectan al proyecto. Se va cumpliendo así el guión definido por Chávez, Kirchner y Lula en Sao Paulo el 26 de abril. La meta es que el gasoducto esté diseñado y listo para ser propuesto a los demás gobiernos sudamericanos en septiembre.

Entretanto, arrecian las críticas de ambientalistas y expertos en energía Según Adriano Pires, director de la empresa consultora Centro Brasileño de Infraestructura, el proyecto enfrenta riesgos ambientales, económicos, políticos, financieros y tecnológicos que lo hacen inviable.

La propuesta de "tarifa postal", que divide en partes iguales los costos del transporte del gas, significa subsidiar a consumidores más lejanos --argentinos y brasileños del sur--, en desmedro de las regiones más pobres del norte y nordeste de Brasil, observó Pires.

En lo político, los gobiernos que usan la energía como instrumento estratégico, violando contratos y estableciendo precios según sus intereses políticos, promueven la "desintegración energética", opinó el experto.

Bolivia, por ejemplo, deberá sufrir "una reducción de las reservas gasíferas ante la falta de inversiones", tras la nacionalización, afectando su capacidad exportadora, señaló.

También hay problemas tecnológicos inherentes a un proyecto tan gigantesco, agravados porque el gas venezolano es asociado al petróleo, destacó Pires. Ante tantas incertidumbres, "¿qué banco financiaría --y cómo-- una obra de 25.000 millones de dólares?", preguntó.

Venezuela posee las mayores reservas sudamericanas de gas natural --cerca de 4,2 billones de metros cúbicos--, pero "90 por ciento (de ellas) están asociadas al petróleo y para extraerlas hay que producir más crudo", confirmó a Tierramérica Elie Habalián, ex gobernador venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los planes de inversiones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de más de 6.000 millones de dólares hasta 2012, aseguran gas suficiente para el gasoducto, según el ministro Ramírez. La producción actual, de 176 millones de metros cúbicos, casi se duplicará en seis años, contando con yacimientos en tierra firme y en aguas del Atlántico y el Caribe.

La integración y la necesaria diversificación de la matriz energética son argumentos de quienes defienden el gasoducto. Es un proyecto a largo plazo que "exige más estudios, con transparencia", pero sería importante para una integración sudamericana positiva, sostuvo Luiz Pinguelli, ex presidente de la estatal Eletrobrás, que controla la generación y transmisión de electricidad en Brasil.

El gas natural licuado, alternativa defendida por Pires y Victer como más viable y barata que el gasoducto, también está sujeto a las turbulencias internacionales y su precio tiende a subir ante la fuerte demanda de los países industrializados y los conflictos mundiales, argumentó Pinguelli, coordinador del Postgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Pero no sólo la situación creada por la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia conspira contra el gasoducto sudamericano. Este es "inviable por su impacto socioambiental", dijo a Tierramérica Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico, red de 600 organizaciones y movimientos sociales.

El gasoducto tendría "efectos sociales violentos", atravesando muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela y exigiendo desviaciones o compensaciones "incalculables", señaló.

"Obtener licencias ambientales para atravesar la Amazonia sería una hazaña. Si todo marchase bien, sin trabas judiciales, demoraría cinco o seis años como mínimo", evaluó Smeraldi, de Amigos de la Tierra.

Además enfrentaría disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños. Es "dificilísimo que se construya el gasoducto", pero hay que seguir discutiéndolo porque "otras locuras" ya se hicieron realidad en el subcontinente, alertó.

La resistencia ambientalista también es intensa en Venezuela. La organización Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), que defiende un hermoso parque en el sudeste fronterizo con Brasil, advirtió que el proyecto sería "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonia, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica".

"El solo planteo de este faraónico proyecto, inconsulto por demás, viola convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales", dijo a Tierramérica María Eugenia Bustamante, portavoz de Amigransa.

Por lo pronto, en respuesta a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, Petrobras anunció que instalará en Brasil dos plantas de regasificación para importar gas natural licuado, con capacidad de procesar entre 18 y 20 millones de metros cúbicos diarios. Serán plantas sobre embarcaciones alquiladas, manera más rápida y barata de crear condiciones para el uso de esa alternativa.

Además decidió acelerar la producción nacional de gas natural en tres cuencas marítimas del sureste, añadiendo 24,2 millones de metros cúbicos diarios a la oferta actual hasta fines de 2008.

Petrobras pretende mantener el contrato que prevé importar 30 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano hasta 2019, pero descartó la anteriormente prevista duplicación de ese volumen.

* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Humberto Márquez (Venezuela). Este artículo fue publicado originalmente el 27 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica.

• http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37621.

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