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| = 2 trasmissione = París, noviembre 28 y 29 de 2003 El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto; Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo: La Federación Agrominera del Sur de Bolívar Sintraminercol La Mesa Regional del Magdalena Medio La Campaña Permanente contra la Impunidad Colombia Clama Justicia y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo. Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales. El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos: Constitución Política de la República de Colombia, 1991 Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945 Carta de las Naciones Unidas, 1945 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Convención Internacional contra el Genocidio, 1948 Convención contra la Tortura, 1984 Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966 Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 Código Penal Colombiano, 2001 El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez. El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos: Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región. Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero. Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras. Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos. El Tribunal ha estudiado los siguientes casos: Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo. Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica. Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del éxodo campesino y de dos pobladores de Cerro Burgos. Caso Nº 4: asesinato de participantes en el éxodo campesino. Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el éxodo campesino de 1998. Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes. Se han escuchado: - Los informes de los expertos Amicus Curie Gearoid O´Loinsigh, investigador social Francisco Ramírez, abogado, líder sindical Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor - Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben. El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar. - Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia. El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil. A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de: Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, y Terrorismo de Estado El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares. El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos. El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados. El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal. El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina. |
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| '''ALCA''' 22 de noviembre del 2003 '''Otro traspie norteamericano''' '''Fracaso la cumbre de Miami para implantar el ALCA''' Argenpress Concluyó antes de lo previsto la reunión de Miami en donde Washington quiso imponer, una vez más, el librecomercio a su patio trasero latinoamericano. Los países participantes firmaron un documento anodino que habla de 'negociaciones directas' entre países o bloques regionales. En realidad, lo que se impuso fue el criterio de Brasil, seguido por la Argentina. Afuera del edificio donde deliberaron, en Miami, 34 países, sobre el comercio internacional y el ALCA, rugían las manifestaciones y se producían enfrentamientos entre policías militarizados y, particularmente, jóvenes anarquistas. Helicópteros artillados sobrevolaron el área e intimidaban a la multitud contestataria. Había también miles de patrulleros policiales, rejas, y todo tipo de muros de contención para que los manifestantes no llegaran al edificio donde deliberaron, con magros resultados, los países americanos. Se trató de una pulseada que el gobierno de George W. Bush perdió. Había empleado toda clase de presiones, políticas, económicas, tácticas. Todo sigue igual y cualquier negociación será como hasta ahora, donde cada país hará valer sus reservas comerciales, especialmente contra los aranceles agrícolas y al acero, de los norteamericanos. La verdadera lucha está por comenzar. Estados Unidos lanzó durante la cumbre una serie de negociaciones paralelas con algunos gobiernos que quieren avanzar más rápido en la apertura comercial. Terminarán como México, apretados por los aranceles y la producción norteamericana. La cumbre, sin embargo, fue un triunfo para Brasil. Después de todo, fue su gobierno el que propuso la idea de un ALCA limitado y el que logró imponerla a Estados Unidos, que quería un acuerdo más amplio y generalizado para imponer todos los productos y criterios comerciales. De acuerdo a la declaración final, se trata de un ALCA ficto a dos niveles. Uno incluye compromisos y obligaciones comunes para todos los países. En el otro nivel cada país puede decidir en cuál de los nueve temas quiere avanzar más rápido: accesos a mercados; propiedad intelectual; política de competencia; solución de conflictos; subsidios y medidas antidúmping; agricultura; inversiones; servicios y compras gubernamentales. Los negociadores brasileños, liderados por Celso Amorim, no sólo fueron quienes propusieron el nuevo enfoque, sino que también quienes lograron imponerlo a países como México, Chile y Canadá, que, si bien aprobaron la declaración final y hablaron en su favor al final, fueron muy críticos durante la reunión. La Argentina siguió a Brasil, fortificándose el MERCOSUR. La cumbre confirmó que Brasil emerge como poder comercial, como ocurrió en Cancún durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio. También confirmó el poco margen de maniobra que tienen los Estados Unidos cuando negocian con mercados tan atractivos como el brasileño. Desde un principio quedó en claro que no habría ALCA sin Brasil. Pero no sólo eso. Después del fracaso de Cancún, Estados Unidos quería evitar un nuevo fracaso, sobre todo en Miami, donde Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush es el gobernador, y donde los empresarios tiene tanto interés por el marco latinoamericano. los norteamericanos fracasaron en su intento y firmaron un documento anodino. Lo que demuestra la situación es la fuerza posible del MERCOSUR para todo tipo de negociación económica. Argentina tiene que mantenerse en el mismo y debe ser incorporada Venezuela. La Argentina sostiene que hasta naciones caribeñas -como Cuba- debe integrarse al bloque regional encabezado por Brasil y Argentina. Este es un triunfo de la burguesía nacional paulista, cuyo programa es el que, en cuanto al ALCA y el MERCOSUR, está cumpliendo Lula. La Argentina carece de una burguesía nacional y sus grupos de empresarios son meros depredadores aliados al capital financiero internacional. ---- ---- 23 de noviembre del 2003 '''La gallina en su balcón... presidencial''' '''Sebastián López''' Rebelión Preocupados por exorcizar los fantasmas de una negociación mal avenida por lo menos desde la Cumbre de la OMC en Cancún, los ministros de economía y comercio de 34 de los 35 países del continente reunidos en Miami se apuraron a dejar claro que la adelantada clausura de los trabajos de su penúltima reunión con miras a la firma de los acuerdos que sustenten el Área de Libre Comercio de las Américas se debió no a la imposibilidad de llegar a acuerdos, sino a la capacidad negociadora de los operadores políticos de unas y otras representaciones. "Miami no es Cancún", repetían una y otra vez las autoridades locales, y para dar garantía de ello dispusieron de un agente policial por cada seis manifestantes de los 20 mil altermundistas que acudieron a la cita de su más reciente participación globalicrítica, además de la promulgación de leyes tan ridículas como la de arrestar aquellos grupos de personas armados de esos enormes títeres conocidos como mojigangas. Ya pueden respirar tranquilos tanto el Tío Sam como sus sobrinos en las gerencias nacionales de los países supuestamente democráticos del hemisferio: Miami concluyó con la promesa de que las negociaciones continuarían y con una declaración que, a pesar de su carácter light, continúa ofreciendo un amplio margen de maniobra política y ventaja comercial a los Estados Unidos, sus transnacionales y sus organizaciones financieras internacionales. Así lo demuestra el hecho de que no se le haya podido sacar a Estados Unidos el compromiso concreto de reducir los subsidios a su propia producción agrícola; mientras otros temas igualmente delicados como protección a la inversión extranjera, compras del sector público, servicios y propiedad intelectual continuaron dentro de la declaración final asegurando el embate neoliberal que en México posibilita que el Ejecutivo federal proponga la desincorporación de organismos, instituciones y centros de investigación y docencia de la talla de Imcine, el CCC-INBA, los Estudios Churubusco, las Librerías Educal, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Áridas; entre otros. Según lo recogido por los medios de comunicación, algunas delegaciones quedaron satisfechas de los resultados de la cumbre, pues, aseguran, se consiguió que el ALCA pudiera flexibilizarse y ser negociado de acuerdo con las necesidades específicas de cada país de la región. Sin embargo, parecen no leer las letras, no tan pequeñas, del nuevo contrato de compra- venta de sus naciones, el cual establece que el ALCA podrá coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida, es decir, sí sólo sí, los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no están cubiertos o exceden los derechos y obligaciones del ALCA, mediante negociaciones plurilaterales de desarrollo de disciplinas y liberalización adicionales, pero no supletorias. ----- |
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| '''Fumigazioni''' "Una investigación avalada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador señala que las fumigaciones con glifosato efectuadas como parte del Plan Colombia, en el departamento de Putumayo, "causaron daños genéticos en el 100 por ciento de mujeres estudiadas". Esa muestra correspondió a 22 mujeres, 10 ecuatorianas y 12 colombianas, residentes en las riberas del río San Miguel, en la Amazonia, "que recibieron el impacto de las fumigaciones desde el 2001".Según el informe, ellas "presentan lesiones genéticas en el 36 por ciento de sus células". Lo cual implica "un daño 800 veces superior" a lo normal (4 por ciento de células). Glen Warren, de la embajada de EE.UU., dijo: "no voy a comentar sobre casos específicos; no soy científico ni he revisado los datos. Pero, la posición de EE.UU. es que el uso del glifosato no es peligroso"." El Texto del informe médico completo será socializado en el Seminario Internacional "Plan ColombiaNo -impactos de la intervención-". Urge la difusión de esto, ahora las "fumigaciones" las hacen en Arauca...limítrofe con Venezuela!!! Porqué no fumigan en Europa y Estados Unidos donde se encuentran las grandes empresas de químicos que fabrican el permanganato de potasio sin el cual no hay cocaína... Será que las tales fumigaciones y el Plan Colombia no son contra el narcotráfico?... |
Noviembre 21 de 2003 '''Comité contra Tortura de ONU, preocupado por alto número de desapariciones en Colombia''' También reprueba el reclutamiento por medio tiempo de campesinos para que actúen como soldados. En sus conclusiones sobre el caso colombiano, los expertos del Comité critican también el establecimiento de una red de informantes civiles pagados, el clima de impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la tolerancia que el Estado muestra frente a la actividad de grupos paramilitares. La semana pasada, este órgano de la ONU recibió a representantes del Gobierno colombiano que presentaron un informe oficial sobre la situación interna de los derechos humanos, en las inquietudes expresadas por el Comité. Los expertos independientes que integran el Comité recibieron también información de diversas ONG sobre las violaciones a los derechos y libertades fundamentales. Con esos elementos de juicio y en función de sus propias investigaciones, los miembros del Comité recomendaron al Gobierno adoptar medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar a los responsables de violaciones de los derechos humanos ante la justicia, así como ofrecer adecuadas compensaciones a las víctimas. Además, plantearon que se entrene al personal médico sobre la manera de determinar que un caso corresponde a tortura o malos tratos, y que se garantice el respeto de los derechos de todos los detenidos, incluyendo la mejora de las condiciones en los lugares de arresto. Informe de AI sobre tortura Peter Drury y Marcelo Pollack, voceros de Amnistía Internacional (AI), manifestaron ayer la preocupación de este organismo porque “el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones con el Comité contra la Tortura y no está tomando las medidas necesarias para combatirla”, pese a las recomendaciones de la ONU, la OEA y las ONG. Políticas del Gobierno como la posibilidad de darle facultades de policía judicial a la Fuerza Pública, la ley de alternatividad penal y las posibles reformas a la Fiscalía, según Drury “permitirían que la tortura y la impunidad aumenten”. AI pidió “imparcialidad e independencia en las investigaciones” en las que están involucrados altos mandos militares y recomendó al Gobierno crear mecanismos que permitan investigaciones completas. ---- '''Reserva de organizaciones de derechos humanos en E.U. sobre pasado del general Carlos Alberto Ospina''' Los cuestionamientos contra el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares se hacen extensivas al general Fredy Padilla de León. Las ONG, entre las que se cuenta Human Rights Watch (HRW) tiene desde hace años en su “lista negra” a Ospina Ovalle. Aún así, los cargos que le imputan nunca han sido ni comprobados o siquiera materia de investigación. Las acusaciones se remontan al período 1997-1999, cuando Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Se rumoraba entonces que varios de sus batallones, entre ellos el Granaderos, colaboraban con los paramilitares en el área. En octubre del 1997, un grupo de paramilitares ingresó al poblado del Aro y fusiló a cuatro personas. Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recibió testimonios de varias personas que vincularon a miembros de la Cuarta Brigada con los asesinatos. Al ahondar en las pesquisas, la Fiscalía pudo establecer que en los teléfonos de jefes militares de los batallones aparecían llamadas hechas o recibidas de paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Registros de las llamadas, incluso, aparecían en los teléfonos del jefe de estado mayor de la Brigada. Varios ex paramilitares que testificaron ante la Fiscalía, denunciaron también sus nexos con el Ejército en la zona. En 1999 se ordenó la detención de los coroneles David Hernández y Diego Fino, en relación con la masacre del Aro. Después, ambos escaparon del arresto en el que estaban en la sede de la Cuarta Brigada. Tras su fuga, Hernández -dicen las fuentes- se unió a los paramilitares en el departamento del César. Y allí se quedó la investigación oficial. Pero para Robin Kirk, de Human Rights Watch, es claro que algo estaba pasando en la Cuarta Brigada y que Ospina, como jefe de esta, debe responder por los hechos. “No tenemos pruebas de nexos entre Ospina y los paras. Pero dice mucho el hecho de que su jefe de Estado Mayor y sus coroneles sí los tuvieran. Lo mínimo sería investigar la actuación del general. Si no sabía lo que pasaba, debe responder por su negligencia y si estaba enterado, con mayor razón pues sería un criminal”, afirma Kirk. Según HRW, el hecho de que contra Ospina no existan cargos pendientes o se le haya abierto investigación alguna, no demuestra su inocencia, sino que nunca se realizó la investigación exhaustiva que merecía el caso. “No lo estamos condenando. Pero Ospina tiene un largo historial de preguntas que debe responder”, dice Kirk. Human Rights Watch ha mencionado el caso del General en diversos reportes, como “La Sexta División: los lazos entre los militares y los paramilitares”, publicado en el 2001. Además, le ha insistido al Departamento de Estado en que el caso de Ospina prueba que Colombia no cumple con las condiciones en derechos humanos que fijó el Congreso como previa condición para el desembolso de los recursos del Plan Colombia. Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe certificar cada año que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a todo militar sobre el que exista evidencia creíble de sus lazos con el paramilitarismo. En el caso de Ospina, piensan las ONG estadounidenses, se le debió retirar del servicio mientras se establecía su responsabilidad por sus actuaciones como jefe de Cuarta Brigada. Freddy Padilla, otro de los generales ratificados por Uribe, también es señalado en los reportes de HRW, pues en julio del 2000 la Procuraduría lo vinculó formalmente al caso de la masacre de Puerto Alvira, de 1997. Lo que diferencia, en el caso de Ospina, al de otros altos mandos militares que en el pasado han sido también señalados por las Ong, como Rito Alejo Del Río, Rodrigo Quiñónez o Fernando Millán, es que su responsabilidad, hasta que se pruebe lo contrario, sería indirecta. Es decir, por las acciones de aquellos bajo su mando. Sergio Gómez Maseri ---- '''Amnistía Internacional critica nombramiento de general Carlos Alberto Ospina''' La organización de defensa de los derechos humanos aseguró en Estados Unidos que esta decisión raya en el escándalo. En un comunicado, agrega que la decisión de designarlo comandante de las Fuerzas Militares, tomada por el presidente Álvaro Uribe, parece una nueva señal de su "desdén" por los derechos humanos y su disposición a tolerar a los comandantes abusivos. "El general Ospina tiene un largo historial de colaboración con las fuerzas paramilitares responsables de bárbaros ataques contra los civiles", señala el comunicado de AI. La designación de Ospina fue anunciada el ayer en una rueda de prensa por el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe. AI señaló que cuando Ospina fue comandante de la Cuarta Brigada entre 1997 y 1998, "las tropas bajo su mando cometieron una serie de matanzas, ejecuciones y torturas". La organización agregó que la designación del militar es también una bofetada a E.U., que ha reiterado al gobierno de Colombia que la ayuda para la seguridad está condicionada a que se respeten los derechos humanos. Añadió que E.U. debería ver la designación de Ospina como una prueba de que el gobierno y los militares colombianos no toman en serio esas condiciones. "Estados Unidos debe ir más allá de sus advertencias verbales a Colombia y suspender las asignaciones finales de ayuda para la seguridad correspondientes a 2003" debido a las críticas planteadas respecto a los derechos humanos, dijo AI. ---- |
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| '''BRASILE''' '''17 de noviembre del 2003''' Diputados presentan un manifiesto de rechazo '''El gobierno de Lula acordó con el FMI''' Argenpress A cambio del nuevo préstamo, el gobierno se compromete a extender al año 2004 el actual ajuste fiscal. El primer acuerdo del gobierno Lula con el FMI cayó como un balde de agua fría en sectores de izquierda del PT (algunos de los cuales participan en el gabinete ministerial). Por el lado de la derecha política, se aplaude la decisión de acordar con el FMI. Tras menos de un mes de negociaciones, el ministro brasileño de Hacienda, Antonio Palocci, anunció los puntos básicos del acuerdo que el gobierno firmará en diciembre con el Fondo Monetario Internacional y que le permitirá a Brasil acceder a créditos nuevos por 14.000 millones de dólares. Los términos del acuerdo, mantienen la meta de superávit primario de 4,25% del PIB (Producto Bruto Interno). El ministro, que había dicho que el país ya no necesita de la ayuda exterior como en el pasado, insistió ayer en aclarar que el acuerdo será de 'carácter preventivo' y ayudará a blindar la economía brasileña en caso de eventuales crisis internacionales. A cambio del préstamo por 14.000 millones de dólares -ya que el acuerdo prorroga para el próximo año la liberación de 8.000 millones de dólares remanentes del convenio que vence en diciembre próximo y que fue firmado por la anterior administración- el gobierno se compromete a extender al 2004 el actual ajuste fiscal. El futuro acuerdo con el FMI será el primero a ser suscrito por Lula, el ex líder sindical que, hasta hace poco más de un año, era un duro crítico del organismo multilateral. Rechazo Los primeros en reaccionar al anuncio fueron los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), que exigieron una inmediata reunión con Palocci para discutir el asunto. 'Las imposiciones del FMI impedirán el desarrollo del país y restringen el ejercicio de nuestra soberanía', dijo el diputado Iván Valente quien, junto con otros diputados del PT y del también oficialista Partido Socialista Brasileño (PSB), promovió ayer en el Congreso un seminario con el sugestivo título de '¿Para qué vamos a firmar un acuerdo con el Fondo?'. Mientras tanto, la senadora Heloísa Helena (que esta amenazada de expulsión por negarse a votar la reforma de la Previdencia) afirmo que 'lo único que he podido hacer en los últimos meses es lamentarme'. Según Helena, la firma del acuerdo representará la peor traición del gobierno a las banderas históricas del partido de Lula, que, cuando era el líder de la oposición, lanzaba duras críticas cada vez que un ministro viajaba a Washington a rendirle cuentas al Fondo. Pese a que los diputados radicales del PT que han votado contra proyectos del gobierno en el Congreso son una minoría, cuentan con la simpatía de casi la tercera parte de los 93 diputados del partido, que consideran la política económica una continuación de la gestión 'neoliberal' del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Las críticas de la izquierda al acuerdo no se han limitado a los radicales del PT, ya que también han surgido de otros partidos aliados del gobierno. Aplausos Por su parte, la oposición, liderada por el centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, de Cardoso) y el derechista Partido del Frente Liberal (PFL), aplaudió el anuncio. 'Hay que destacar no el retroceso sino la evolución del PT. El acuerdo demuestra que lo que hicimos cuando estábamos en el gobierno fue lo correcto. Como oposición apoyaremos el acuerdo y no haremos las bravatas que eran típicas del PT en el pasado, cuando solían gritar 'Fuera el FMI'', dijo el gobernador del estado de Minas Gerais, Aecio Neves, uno de los principales líderes del PSDB. Manifiesto Un documento contra el acuerdo contra el FMI contaba ya anoche con 24 firmas, la mayoría de diputados del PT. Entre los firmantes, están Luciana Genro, Joao Fontes y Babá, diputados radicales amenazados de expulsión por votar en contra de la reforma neoliberal de la Previdencia (seguridad social). Además, ha firmado Iván Valente, Chico Alencar, Walter Pinheiro y Tarcisio Zimmermann. Bajo el título de 'Es posible y necesario no renovar el acuerdo de Brasil con el FMI', el manifiesto afirma que el acuerdo 'no tiene como objetivo mejorar el desempeño de la economía nacional y, consecuentemente, las condiciones de vida de la población brasilera'. El manifiesto, insiste en que es posible (sin ingerencia del FMI) 'sobrevivir en un mundo globalizado con un proyecto nacional de desarrollo que recupere la autoestima de la población, refuerce los lazos de solidaridad y construya una sociedad ciudadana soberana'. '''CHILE''' '''17 de noviembre del 2003''' La violencia sexual como tortura, un secreto a voces Soledad Ortega N. Mujeres Hoy Dos ONG chilenas, el Instituto de la Mujer y la Corporación La Morada, se han abocado a recuperar e investigar un tema pendiente: la violencia sexual como práctica sistemática contra las mujeres durante la dictadura. "Es hora que la sociedad repare esta realidad tan silenciada", dice Ximena Zavala, directora del Instituto en entrevista con Mujeres Hoy. Hace poco más de un año, Ximena Zavala se encontraba participando de un seminario en la Corporación La Morada, donde se exhibió un video sobre la situación de las mujeres víctimas de la violencia sexual en tiempo de guerra. La experiencia la llevó a reflexionar sobre la gran deuda moral y judicial que tiene Chile con las mujeres que sufrieron bajo la represión militar. Según la directora del Instituto de la Mujer, durante las últimas décadas fue prácticamente imposible visibilizar esta realidad ante la masividad de las violaciones a los derechos humanos, o como ejemplifica la activista: "La desaparición de su compañero o familiar superaba con creces la tragedia que la mujer haya sido violada o abusada sexualmente". Pero el tiempo ha pasado y es perentorio recuperar esas heridas semi olvidadas. "Los derechos de las mujeres son también Derechos Humanos, y la violación a una mujer es también una violación a los DDHH. Creo que es tiempo que la sociedad chilena escuche esta realidad", dice Zavala. Es por eso que ambas ONG preparan la investigación "Las mujeres víctimas de violencia sexual como tortura, durante la represión política chilena (1973-1990): un secreto a voces", que verá la luz el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actualmente se encuentran estructurando un mapa con los lugares donde se ejerció tortura contra las mujeres y la recuperación de los testimonios personales. "Es primera vez que muchas mujeres están contando está parte de su historia. Algunas jamás se volvieron a referir al tema y a otras nunca les habían preguntado", cuenta la dirigenta. -¿Cuál fue el punto de partida de esta investigación? -En el contexto de que hoy se ha comenzado a difundir con mayor profundidad las violaciones a los derechos de las mujeres que han ocurrido en conflictos armados como en Ruanda y la ex Yugoslavia. Naciones Unidas ha insistido en varias oportunidades que todo tipo de violencia sexual es una forma de tortura, un crimen de lesa humanidad, todo estos hechos fueron dando un contexto a nuestra investigación. A eso se sumó la coyuntura de que este año se cumplían 30 años del golpe militar, lo que entregó otro marco de sensibilidad al proyecto. Este año hemos desarrollado una serie de actividades en torno a esta investigación. La primera fue una conferencia de prensa en julio pasado donde invitamos a las mujeres que fueron torturadas durante la dictadura a dar su testimonio. Este hecho se produjo a raíz del caso de Odette Alegría, ex presa política que acusó al ahora renunciado jefe de la Policía Civil de abusos sexuales durante su periodo de reclusión en la década del '70. Su testimonio fue cuestionado por algunos sectores políticos y sociales, lo que llevó a que este grupo de mujeres "recordara" a la sociedad chilena que los vejámenes sexuales fueron una práctica permanente durante la represión. -¿Qué le parece el tratamiento que han dado los medios de comunicación a este caso y el enjuciamiento a la veracidad de su testimonio? - Esa conferencia de prensa -más allá de saber si su caso es veraz o no, eso lo determinará la justicia-, fue una reacción a una forma de desvirtuar y desincentivar el testimonio de una mujer. Nosotras testimoniamos que en todos los lugares donde estuvimos presas, e inclusive en los furgones y allanamientos, hubo siempre vejaciones y violencia sexual. Era necesario hacer una constancia de la regularidad de la violencia sexual como práctica de violación a los Derechos Humanos. Lo que nosotras no podemos permitir es que una mujer que se atreve a denunciar este tipo de violencia, se vea cuestionada y finalmente se le haga responsable. Eso una no lo puede tolerar. -Y paradojalmente su denuncia y posterior polémica ha dado luces sobre este tema pendiente y lo ha puesto en la discusión pública. - En cierto modo, es así. Posterior a nuestra conferencia me reuní con un grupo de parlamentarios de la coalición de gobierno que desacreditaron la denuncia de Odette. Tras nuestra reunión, por lo menos dos de ellos no volvieron a participar de estos actos. Si el problema no es si el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, miente o no, el punto es que a priori se desacredite el testimonio de una mujer. Cuando todas sabemos que eso ocurrió en todas las partes donde estuvimos presas. Eso es lo que no se puede cuestionar. Y para eso no hay oportunidad, siempre es tiempo para una mujer denunciar la violencia. Y cada vez que una mujer lo haga, habrá que tomarlo en cuenta. El abuso sexual como castigo político La segunda actividad de este proyecto fue una conversación masiva entre alrededor de 30 mujeres que fueron violentadas durante la represión, en la radio Tierra de La Morada el pasado 11 de septiembre. Aunque sin duda, la actividad más significativa que han llevado a cabo han sido las mesas redondas y de reflexión en torno al tema que se realizaron hace dos semanas en la Biblioteca Nacional de Chile. En la ocasión se intercalaron diversas visiones sobre la violencia política ejercida sobre las mujeres, donde fueron invitados a interiorizarse de esta trágica temática tan circunscrita al universo femenino, Roberto Garretón, abogado de DDHH, y José Olavarría, investigador del Área Masculinidad de Flacso. "Se vieron testimonios y ponencias muy fuertes y buenas como las realizadas por la filósofa Olga Grau y Nuvia Becker, relacionadora pública de Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)", cuenta Ximena Zavala. -¿Por qué cree que los abusos sexuales contra las mujeres como prácticas sistemáticas en periodo de crisis política no son entendidos como tortura? - Creo que por el estado de subordinación en que aún nos encontramos las mujeres. Cuando hablamos de personas subordinadas, todo lo que les ocurra no es grave, está dentro de la normalidad. Y es en la sexualidad donde se manifiesta la subordinación por excelencia. Muchas veces a las mujeres se les "castigó" de esta manera por haber osado incurrir en un campo masculino como es la política. La violencia sexual también se ocupó para castigar a nuestros compañeros, padres, hermanos. En vez de torturarlos directamente a ellos, lo hacían a través de nuestros cuerpos. Y como el cuerpo de las mujeres sigue siendo para muchos un lugar de subordinación, también para muchos los abusos sexuales no son tortura. -¿También habría ignorancia respecto del derecho y los tratados internacionales? -No creo que es ignorancia. Yo creo que hay importantes sectores que son parte de una cultura profundamente machista, donde la sexualidad de las mujeres no importa. Entonces, si una micro repleta de militares las violó, eso no importa. La sexualidad de las mujeres está expropiada, ya sea en tiempos de paz o de guerra, aunque esto se agudiza más en crisis políticas, donde hay menos control. ¿Crees que hay una deuda judicial y emocional con estas mujeres en Chile? -Por supuesto. Los proyectos de reparación tienen que incluir este aspecto. Me parece el colmo que en este país todos los actos de reparación tengan como grandes ausentes a los y las sobrevivientes. Espero que la reparación para quienes fueron torturadas y torturados esté a la altura de lo que ha sido su quehacer político. No conozco una población más tranquila e ignorada que la de las presas y presos políticos de este país. Que se han callado para visibilizar la suerte de las detenidas y detenidos desaparecidos. Ya es hora que se sepa que acá también existió este sufrimiento y que se necesita una reparación. |
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París, noviembre 28 y 29 de 2003
El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto;
Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:
La Federación Agrominera del Sur de Bolívar Sintraminercol La Mesa Regional del Magdalena Medio La Campaña Permanente contra la Impunidad Colombia Clama Justicia y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo.
Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.
El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:
Constitución Política de la República de Colombia, 1991 Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945 Carta de las Naciones Unidas, 1945 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Convención Internacional contra el Genocidio, 1948 Convención contra la Tortura, 1984 Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966 Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 Código Penal Colombiano, 2001
El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez.
El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos:
Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.
Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero.
Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.
Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.
El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:
Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo. Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica. Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del éxodo campesino y de dos pobladores de Cerro Burgos. Caso Nº 4: asesinato de participantes en el éxodo campesino. Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el éxodo campesino de 1998. Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.
Se han escuchado:
- Los informes de los expertos Amicus Curie
Gearoid O´Loinsigh, investigador social Francisco Ramírez, abogado, líder sindical Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor
- Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.
El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.
- Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.
El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.
A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de:
Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, y Terrorismo de Estado
El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.
El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.
El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.
El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.
El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.
Trasmissione
ALCA
22 de noviembre del 2003
Otro traspie norteamericano
Fracaso la cumbre de Miami para implantar el ALCA
Argenpress
Concluyó antes de lo previsto la reunión de Miami en donde Washington quiso imponer, una vez más, el librecomercio a su patio trasero latinoamericano. Los países participantes firmaron un documento anodino que habla de 'negociaciones directas' entre países o bloques regionales.
En realidad, lo que se impuso fue el criterio de Brasil, seguido por la Argentina.
Afuera del edificio donde deliberaron, en Miami, 34 países, sobre el comercio internacional y el ALCA, rugían las manifestaciones y se producían enfrentamientos entre policías militarizados y, particularmente, jóvenes anarquistas. Helicópteros artillados sobrevolaron el área e intimidaban a la multitud contestataria. Había también miles de patrulleros policiales, rejas, y todo tipo de muros de contención para que los manifestantes no llegaran al edificio donde deliberaron, con magros resultados, los países americanos.
Se trató de una pulseada que el gobierno de George W. Bush perdió. Había empleado toda clase de presiones, políticas, económicas, tácticas. Todo sigue igual y cualquier negociación será como hasta ahora, donde cada país hará valer sus reservas comerciales, especialmente contra los aranceles agrícolas y al acero, de los norteamericanos.
La verdadera lucha está por comenzar. Estados Unidos lanzó durante la cumbre una serie de negociaciones paralelas con algunos gobiernos que quieren avanzar más rápido en la apertura comercial. Terminarán como México, apretados por los aranceles y la producción norteamericana.
La cumbre, sin embargo, fue un triunfo para Brasil. Después de todo, fue su gobierno el que propuso la idea de un ALCA limitado y el que logró imponerla a Estados Unidos, que quería un acuerdo más amplio y generalizado para imponer todos los productos y criterios comerciales.
De acuerdo a la declaración final, se trata de un ALCA ficto a dos niveles. Uno incluye compromisos y obligaciones comunes para todos los países. En el otro nivel cada país puede decidir en cuál de los nueve temas quiere avanzar más rápido: accesos a mercados; propiedad intelectual; política de competencia; solución de conflictos; subsidios y medidas antidúmping; agricultura; inversiones; servicios y compras gubernamentales.
Los negociadores brasileños, liderados por Celso Amorim, no sólo fueron quienes propusieron el nuevo enfoque, sino que también quienes lograron imponerlo a países como México, Chile y Canadá, que, si bien aprobaron la declaración final y hablaron en su favor al final, fueron muy críticos durante la reunión. La Argentina siguió a Brasil, fortificándose el MERCOSUR.
La cumbre confirmó que Brasil emerge como poder comercial, como ocurrió en Cancún durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.
También confirmó el poco margen de maniobra que tienen los Estados Unidos cuando negocian con mercados tan atractivos como el brasileño. Desde un principio quedó en claro que no habría ALCA sin Brasil.
Pero no sólo eso. Después del fracaso de Cancún, Estados Unidos quería evitar un nuevo fracaso, sobre todo en Miami, donde Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush es el gobernador, y donde los empresarios tiene tanto interés por el marco latinoamericano. los norteamericanos fracasaron en su intento y firmaron un documento anodino.
Lo que demuestra la situación es la fuerza posible del MERCOSUR para todo tipo de negociación económica. Argentina tiene que mantenerse en el mismo y debe ser incorporada Venezuela. La Argentina sostiene que hasta naciones caribeñas -como Cuba- debe integrarse al bloque regional encabezado por Brasil y Argentina.
Este es un triunfo de la burguesía nacional paulista, cuyo programa es el que, en cuanto al ALCA y el MERCOSUR, está cumpliendo Lula. La Argentina carece de una burguesía nacional y sus grupos de empresarios son meros depredadores aliados al capital financiero internacional.
23 de noviembre del 2003
La gallina en su balcón... presidencial
Sebastián López
Rebelión
Preocupados por exorcizar los fantasmas de una negociación mal avenida por lo menos desde la Cumbre de la OMC en Cancún, los ministros de economía y comercio de 34 de los 35 países del continente reunidos en Miami se apuraron a dejar claro que la adelantada clausura de los trabajos de su penúltima reunión con miras a la firma de los acuerdos que sustenten el Área de Libre Comercio de las Américas se debió no a la imposibilidad de llegar a acuerdos, sino a la capacidad negociadora de los operadores políticos de unas y otras representaciones.
"Miami no es Cancún", repetían una y otra vez las autoridades locales, y para dar garantía de ello dispusieron de un agente policial por cada seis manifestantes de los 20 mil altermundistas que acudieron a la cita de su más reciente participación globalicrítica, además de la promulgación de leyes tan ridículas como la de arrestar aquellos grupos de personas armados de esos enormes títeres conocidos como mojigangas.
Ya pueden respirar tranquilos tanto el Tío Sam como sus sobrinos en las gerencias nacionales de los países supuestamente democráticos del hemisferio: Miami concluyó con la promesa de que las negociaciones continuarían y con una declaración que, a pesar de su carácter light, continúa ofreciendo un amplio margen de maniobra política y ventaja comercial a los Estados Unidos, sus transnacionales y sus organizaciones financieras internacionales.
Así lo demuestra el hecho de que no se le haya podido sacar a Estados Unidos el compromiso concreto de reducir los subsidios a su propia producción agrícola; mientras otros temas igualmente delicados como protección a la inversión extranjera, compras del sector público, servicios y propiedad intelectual continuaron dentro de la declaración final asegurando el embate neoliberal que en México posibilita que el Ejecutivo federal proponga la desincorporación de organismos, instituciones y centros de investigación y docencia de la talla de Imcine, el CCC-INBA, los Estudios Churubusco, las Librerías Educal, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Áridas; entre otros.
Según lo recogido por los medios de comunicación, algunas delegaciones quedaron satisfechas de los resultados de la cumbre, pues, aseguran, se consiguió que el ALCA pudiera flexibilizarse y ser negociado de acuerdo con las necesidades específicas de cada país de la región. Sin embargo, parecen no leer las letras, no tan pequeñas, del nuevo contrato de compra- venta de sus naciones, el cual establece que el ALCA podrá coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida, es decir, sí sólo sí, los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no están cubiertos o exceden los derechos y obligaciones del ALCA, mediante negociaciones plurilaterales de desarrollo de disciplinas y liberalización adicionales, pero no supletorias.
COLOMBIA
Noviembre 21 de 2003
Comité contra Tortura de ONU, preocupado por alto número de desapariciones en Colombia
También reprueba el reclutamiento por medio tiempo de campesinos para que actúen como soldados.
En sus conclusiones sobre el caso colombiano, los expertos del Comité critican también el establecimiento de una red de informantes civiles pagados, el clima de impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la tolerancia que el Estado muestra frente a la actividad de grupos paramilitares.
La semana pasada, este órgano de la ONU recibió a representantes del Gobierno colombiano que presentaron un informe oficial sobre la situación interna de los derechos humanos, en las inquietudes expresadas por el Comité.
Los expertos independientes que integran el Comité recibieron también información de diversas ONG sobre las violaciones a los derechos y libertades fundamentales.
Con esos elementos de juicio y en función de sus propias investigaciones, los miembros del Comité recomendaron al Gobierno adoptar medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar a los responsables de violaciones de los derechos humanos ante la justicia, así como ofrecer adecuadas compensaciones a las víctimas.
Además, plantearon que se entrene al personal médico sobre la manera de determinar que un caso corresponde a tortura o malos tratos, y que se garantice el respeto de los derechos de todos los detenidos, incluyendo la mejora de las condiciones en los lugares de arresto.
Informe de AI sobre tortura
Peter Drury y Marcelo Pollack, voceros de Amnistía Internacional (AI), manifestaron ayer la preocupación de este organismo porque “el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones con el Comité contra la Tortura y no está tomando las medidas necesarias para combatirla”, pese a las recomendaciones de la ONU, la OEA y las ONG.
Políticas del Gobierno como la posibilidad de darle facultades de policía judicial a la Fuerza Pública, la ley de alternatividad penal y las posibles reformas a la Fiscalía, según Drury “permitirían que la tortura y la impunidad aumenten”.
AI pidió “imparcialidad e independencia en las investigaciones” en las que están involucrados altos mandos militares y recomendó al Gobierno crear mecanismos que permitan investigaciones completas.
Reserva de organizaciones de derechos humanos en E.U. sobre pasado del general Carlos Alberto Ospina
Los cuestionamientos contra el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares se hacen extensivas al general Fredy Padilla de León.
Las ONG, entre las que se cuenta Human Rights Watch (HRW) tiene desde hace años en su “lista negra” a Ospina Ovalle. Aún así, los cargos que le imputan nunca han sido ni comprobados o siquiera materia de investigación.
Las acusaciones se remontan al período 1997-1999, cuando Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Se rumoraba entonces que varios de sus batallones, entre ellos el Granaderos, colaboraban con los paramilitares en el área. En octubre del 1997, un grupo de paramilitares ingresó al poblado del Aro y fusiló a cuatro personas.
Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recibió testimonios de varias personas que vincularon a miembros de la Cuarta Brigada con los asesinatos. Al ahondar en las pesquisas, la Fiscalía pudo establecer que en los teléfonos de jefes militares de los batallones aparecían llamadas hechas o recibidas de paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Registros de las llamadas, incluso, aparecían en los teléfonos del jefe de estado mayor de la Brigada. Varios ex paramilitares que testificaron ante la Fiscalía, denunciaron también sus nexos con el Ejército en la zona.
En 1999 se ordenó la detención de los coroneles David Hernández y Diego Fino, en relación con la masacre del Aro. Después, ambos escaparon del arresto en el que estaban en la sede de la Cuarta Brigada. Tras su fuga, Hernández -dicen las fuentes- se unió a los paramilitares en el departamento del César. Y allí se quedó la investigación oficial.
Pero para Robin Kirk, de Human Rights Watch, es claro que algo estaba pasando en la Cuarta Brigada y que Ospina, como jefe de esta, debe responder por los hechos. “No tenemos pruebas de nexos entre Ospina y los paras. Pero dice mucho el hecho de que su jefe de Estado Mayor y sus coroneles sí los tuvieran. Lo mínimo sería investigar la actuación del general. Si no sabía lo que pasaba, debe responder por su negligencia y si estaba enterado, con mayor razón pues sería un criminal”, afirma Kirk.
Según HRW, el hecho de que contra Ospina no existan cargos pendientes o se le haya abierto investigación alguna, no demuestra su inocencia, sino que nunca se realizó la investigación exhaustiva que merecía el caso.
“No lo estamos condenando. Pero Ospina tiene un largo historial de preguntas que debe responder”, dice Kirk.
Human Rights Watch ha mencionado el caso del General en diversos reportes, como “La Sexta División: los lazos entre los militares y los paramilitares”, publicado en el 2001. Además, le ha insistido al Departamento de Estado en que el caso de Ospina prueba que Colombia no cumple con las condiciones en derechos humanos que fijó el Congreso como previa condición para el desembolso de los recursos del Plan Colombia.
Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe certificar cada año que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a todo militar sobre el que exista evidencia creíble de sus lazos con el paramilitarismo. En el caso de Ospina, piensan las ONG estadounidenses, se le debió retirar del servicio mientras se establecía su responsabilidad por sus actuaciones como jefe de Cuarta Brigada.
Freddy Padilla, otro de los generales ratificados por Uribe, también es señalado en los reportes de HRW, pues en julio del 2000 la Procuraduría lo vinculó formalmente al caso de la masacre de Puerto Alvira, de 1997.
Lo que diferencia, en el caso de Ospina, al de otros altos mandos militares que en el pasado han sido también señalados por las Ong, como Rito Alejo Del Río, Rodrigo Quiñónez o Fernando Millán, es que su responsabilidad, hasta que se pruebe lo contrario, sería indirecta. Es decir, por las acciones de aquellos bajo su mando.
Sergio Gómez Maseri
Amnistía Internacional critica nombramiento de general Carlos Alberto Ospina
La organización de defensa de los derechos humanos aseguró en Estados Unidos que esta decisión raya en el escándalo.
En un comunicado, agrega que la decisión de designarlo comandante de las Fuerzas Militares, tomada por el presidente Álvaro Uribe, parece una nueva señal de su "desdén" por los derechos humanos y su disposición a tolerar a los comandantes abusivos.
"El general Ospina tiene un largo historial de colaboración con las fuerzas paramilitares responsables de bárbaros ataques contra los civiles", señala el comunicado de AI.
La designación de Ospina fue anunciada el ayer en una rueda de prensa por el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe.
AI señaló que cuando Ospina fue comandante de la Cuarta Brigada entre 1997 y 1998, "las tropas bajo su mando cometieron una serie de matanzas, ejecuciones y torturas".
La organización agregó que la designación del militar es también una bofetada a E.U., que ha reiterado al gobierno de Colombia que la ayuda para la seguridad está condicionada a que se respeten los derechos humanos.
Añadió que E.U. debería ver la designación de Ospina como una prueba de que el gobierno y los militares colombianos no toman en serio esas condiciones.
"Estados Unidos debe ir más allá de sus advertencias verbales a Colombia y suspender las asignaciones finales de ayuda para la seguridad correspondientes a 2003" debido a las críticas planteadas respecto a los derechos humanos, dijo AI.