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París, noviembre 28 y 29 de 2003

El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon – Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria – Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto;

Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar Sintraminercol La Mesa Regional del Magdalena Medio La Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.

El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:

Constitución Política de la República de Colombia, 1991 Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945 Carta de las Naciones Unidas, 1945 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Convención Internacional contra el Genocidio, 1948 Convención contra la Tortura, 1984 Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966 Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 Código Penal Colombiano, 2001

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez.

El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos:

Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero.

Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:

Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo. Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica. Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del “éxodo campesino” y de dos pobladores de Cerro Burgos. Caso Nº 4: asesinato de participantes en el “éxodo campesino”. Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el “éxodo campesino” de 1998. Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.

Se han escuchado:

- Los informes de los expertos Amicus Curie

Gearoid O´Loinsigh, investigador social Francisco Ramírez, abogado, líder sindical Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor

- Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.

El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.

- Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.

El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de:

Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, y Terrorismo de Estado

El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.

El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.

El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.

Trasmissione

ALCA

22 de noviembre del 2003

Otro traspie norteamericano

Fracaso la cumbre de Miami para implantar el ALCA

Argenpress

Concluyó antes de lo previsto la reunión de Miami en donde Washington quiso imponer, una vez más, el librecomercio a su patio trasero latinoamericano. Los países participantes firmaron un documento anodino que habla de 'negociaciones directas' entre países o bloques regionales.

En realidad, lo que se impuso fue el criterio de Brasil, seguido por la Argentina.

Afuera del edificio donde deliberaron, en Miami, 34 países, sobre el comercio internacional y el ALCA, rugían las manifestaciones y se producían enfrentamientos entre policías militarizados y, particularmente, jóvenes anarquistas. Helicópteros artillados sobrevolaron el área e intimidaban a la multitud contestataria. Había también miles de patrulleros policiales, rejas, y todo tipo de muros de contención para que los manifestantes no llegaran al edificio donde deliberaron, con magros resultados, los países americanos.

Se trató de una pulseada que el gobierno de George W. Bush perdió. Había empleado toda clase de presiones, políticas, económicas, tácticas. Todo sigue igual y cualquier negociación será como hasta ahora, donde cada país hará valer sus reservas comerciales, especialmente contra los aranceles agrícolas y al acero, de los norteamericanos.

La verdadera lucha está por comenzar. Estados Unidos lanzó durante la cumbre una serie de negociaciones paralelas con algunos gobiernos que quieren avanzar más rápido en la apertura comercial. Terminarán como México, apretados por los aranceles y la producción norteamericana.

La cumbre, sin embargo, fue un triunfo para Brasil. Después de todo, fue su gobierno el que propuso la idea de un ALCA limitado y el que logró imponerla a Estados Unidos, que quería un acuerdo más amplio y generalizado para imponer todos los productos y criterios comerciales.

De acuerdo a la declaración final, se trata de un ALCA ficto a dos niveles. Uno incluye compromisos y obligaciones comunes para todos los países. En el otro nivel cada país puede decidir en cuál de los nueve temas quiere avanzar más rápido: accesos a mercados; propiedad intelectual; política de competencia; solución de conflictos; subsidios y medidas antidúmping; agricultura; inversiones; servicios y compras gubernamentales.

Los negociadores brasileños, liderados por Celso Amorim, no sólo fueron quienes propusieron el nuevo enfoque, sino que también quienes lograron imponerlo a países como México, Chile y Canadá, que, si bien aprobaron la declaración final y hablaron en su favor al final, fueron muy críticos durante la reunión. La Argentina siguió a Brasil, fortificándose el MERCOSUR.

La cumbre confirmó que Brasil emerge como poder comercial, como ocurrió en Cancún durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.

También confirmó el poco margen de maniobra que tienen los Estados Unidos cuando negocian con mercados tan atractivos como el brasileño. Desde un principio quedó en claro que no habría ALCA sin Brasil.

Pero no sólo eso. Después del fracaso de Cancún, Estados Unidos quería evitar un nuevo fracaso, sobre todo en Miami, donde Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush es el gobernador, y donde los empresarios tiene tanto interés por el marco latinoamericano. los norteamericanos fracasaron en su intento y firmaron un documento anodino.

Lo que demuestra la situación es la fuerza posible del MERCOSUR para todo tipo de negociación económica. Argentina tiene que mantenerse en el mismo y debe ser incorporada Venezuela. La Argentina sostiene que hasta naciones caribeñas -como Cuba- debe integrarse al bloque regional encabezado por Brasil y Argentina.

Este es un triunfo de la burguesía nacional paulista, cuyo programa es el que, en cuanto al ALCA y el MERCOSUR, está cumpliendo Lula. La Argentina carece de una burguesía nacional y sus grupos de empresarios son meros depredadores aliados al capital financiero internacional.

23 de noviembre del 2003

La gallina en su balcón... presidencial

Sebastián López

Rebelión

Preocupados por exorcizar los fantasmas de una negociación mal avenida por lo menos desde la Cumbre de la OMC en Cancún, los ministros de economía y comercio de 34 de los 35 países del continente reunidos en Miami se apuraron a dejar claro que la adelantada clausura de los trabajos de su penúltima reunión con miras a la firma de los acuerdos que sustenten el Área de Libre Comercio de las Américas se debió no a la imposibilidad de llegar a acuerdos, sino a la capacidad negociadora de los operadores políticos de unas y otras representaciones.

"Miami no es Cancún", repetían una y otra vez las autoridades locales, y para dar garantía de ello dispusieron de un agente policial por cada seis manifestantes de los 20 mil altermundistas que acudieron a la cita de su más reciente participación globalicrítica, además de la promulgación de leyes tan ridículas como la de arrestar aquellos grupos de personas armados de esos enormes títeres conocidos como mojigangas.

Ya pueden respirar tranquilos tanto el Tío Sam como sus sobrinos en las gerencias nacionales de los países supuestamente democráticos del hemisferio: Miami concluyó con la promesa de que las negociaciones continuarían y con una declaración que, a pesar de su carácter light, continúa ofreciendo un amplio margen de maniobra política y ventaja comercial a los Estados Unidos, sus transnacionales y sus organizaciones financieras internacionales.

Así lo demuestra el hecho de que no se le haya podido sacar a Estados Unidos el compromiso concreto de reducir los subsidios a su propia producción agrícola; mientras otros temas igualmente delicados como protección a la inversión extranjera, compras del sector público, servicios y propiedad intelectual continuaron dentro de la declaración final asegurando el embate neoliberal que en México posibilita que el Ejecutivo federal proponga la desincorporación de organismos, instituciones y centros de investigación y docencia de la talla de Imcine, el CCC-INBA, los Estudios Churubusco, las Librerías Educal, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Áridas; entre otros.

Según lo recogido por los medios de comunicación, algunas delegaciones quedaron satisfechas de los resultados de la cumbre, pues, aseguran, se consiguió que el ALCA pudiera flexibilizarse y ser negociado de acuerdo con las necesidades específicas de cada país de la región. Sin embargo, parecen no leer las letras, no tan pequeñas, del nuevo contrato de compra- venta de sus naciones, el cual establece que el ALCA podrá coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida, es decir, sí sólo sí, los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no están cubiertos o exceden los derechos y obligaciones del ALCA, mediante negociaciones plurilaterales de desarrollo de disciplinas y liberalización adicionales, pero no supletorias.

COLOMBIA

Noviembre 21 de 2003

Comité contra Tortura de ONU, preocupado por alto número de desapariciones en Colombia

También reprueba el reclutamiento por medio tiempo de campesinos para que actúen como soldados.

En sus conclusiones sobre el caso colombiano, los expertos del Comité critican también el establecimiento de una red de informantes civiles pagados, el clima de impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la tolerancia que el Estado muestra frente a la actividad de grupos paramilitares.

La semana pasada, este órgano de la ONU recibió a representantes del Gobierno colombiano que presentaron un informe oficial sobre la situación interna de los derechos humanos, en las inquietudes expresadas por el Comité.

Los expertos independientes que integran el Comité recibieron también información de diversas ONG sobre las violaciones a los derechos y libertades fundamentales.

Con esos elementos de juicio y en función de sus propias investigaciones, los miembros del Comité recomendaron al Gobierno adoptar medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar a los responsables de violaciones de los derechos humanos ante la justicia, así como ofrecer adecuadas compensaciones a las víctimas.

Además, plantearon que se entrene al personal médico sobre la manera de determinar que un caso corresponde a tortura o malos tratos, y que se garantice el respeto de los derechos de todos los detenidos, incluyendo la mejora de las condiciones en los lugares de arresto.

Informe de AI sobre tortura

Peter Drury y Marcelo Pollack, voceros de Amnistía Internacional (AI), manifestaron ayer la preocupación de este organismo porque “el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones con el Comité contra la Tortura y no está tomando las medidas necesarias para combatirla”, pese a las recomendaciones de la ONU, la OEA y las ONG.

Políticas del Gobierno como la posibilidad de darle facultades de policía judicial a la Fuerza Pública, la ley de alternatividad penal y las posibles reformas a la Fiscalía, según Drury “permitirían que la tortura y la impunidad aumenten”.

AI pidió “imparcialidad e independencia en las investigaciones” en las que están involucrados altos mandos militares y recomendó al Gobierno crear mecanismos que permitan investigaciones completas.

Reserva de organizaciones de derechos humanos en E.U. sobre pasado del general Carlos Alberto Ospina

Los cuestionamientos contra el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares se hacen extensivas al general Fredy Padilla de León.

Las ONG, entre las que se cuenta Human Rights Watch (HRW) tiene desde hace años en su “lista negra” a Ospina Ovalle. Aún así, los cargos que le imputan nunca han sido ni comprobados o siquiera materia de investigación.

Las acusaciones se remontan al período 1997-1999, cuando Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Se rumoraba entonces que varios de sus batallones, entre ellos el Granaderos, colaboraban con los paramilitares en el área. En octubre del 1997, un grupo de paramilitares ingresó al poblado del Aro y fusiló a cuatro personas.

Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recibió testimonios de varias personas que vincularon a miembros de la Cuarta Brigada con los asesinatos. Al ahondar en las pesquisas, la Fiscalía pudo establecer que en los teléfonos de jefes militares de los batallones aparecían llamadas hechas o recibidas de paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Registros de las llamadas, incluso, aparecían en los teléfonos del jefe de estado mayor de la Brigada. Varios ex paramilitares que testificaron ante la Fiscalía, denunciaron también sus nexos con el Ejército en la zona.

En 1999 se ordenó la detención de los coroneles David Hernández y Diego Fino, en relación con la masacre del Aro. Después, ambos escaparon del arresto en el que estaban en la sede de la Cuarta Brigada. Tras su fuga, Hernández -dicen las fuentes- se unió a los paramilitares en el departamento del César. Y allí se quedó la investigación oficial.

Pero para Robin Kirk, de Human Rights Watch, es claro que algo estaba pasando en la Cuarta Brigada y que Ospina, como jefe de esta, debe responder por los hechos. “No tenemos pruebas de nexos entre Ospina y los paras. Pero dice mucho el hecho de que su jefe de Estado Mayor y sus coroneles sí los tuvieran. Lo mínimo sería investigar la actuación del general. Si no sabía lo que pasaba, debe responder por su negligencia y si estaba enterado, con mayor razón pues sería un criminal”, afirma Kirk.

Según HRW, el hecho de que contra Ospina no existan cargos pendientes o se le haya abierto investigación alguna, no demuestra su inocencia, sino que nunca se realizó la investigación exhaustiva que merecía el caso.

“No lo estamos condenando. Pero Ospina tiene un largo historial de preguntas que debe responder”, dice Kirk.

Human Rights Watch ha mencionado el caso del General en diversos reportes, como “La Sexta División: los lazos entre los militares y los paramilitares”, publicado en el 2001. Además, le ha insistido al Departamento de Estado en que el caso de Ospina prueba que Colombia no cumple con las condiciones en derechos humanos que fijó el Congreso como previa condición para el desembolso de los recursos del Plan Colombia.

Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe certificar cada año que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a todo militar sobre el que exista evidencia creíble de sus lazos con el paramilitarismo. En el caso de Ospina, piensan las ONG estadounidenses, se le debió retirar del servicio mientras se establecía su responsabilidad por sus actuaciones como jefe de Cuarta Brigada.

Freddy Padilla, otro de los generales ratificados por Uribe, también es señalado en los reportes de HRW, pues en julio del 2000 la Procuraduría lo vinculó formalmente al caso de la masacre de Puerto Alvira, de 1997.

Lo que diferencia, en el caso de Ospina, al de otros altos mandos militares que en el pasado han sido también señalados por las Ong, como Rito Alejo Del Río, Rodrigo Quiñónez o Fernando Millán, es que su responsabilidad, hasta que se pruebe lo contrario, sería indirecta. Es decir, por las acciones de aquellos bajo su mando.

Sergio Gómez Maseri

Amnistía Internacional critica nombramiento de general Carlos Alberto Ospina

La organización de defensa de los derechos humanos aseguró en Estados Unidos que esta decisión raya en el escándalo.

En un comunicado, agrega que la decisión de designarlo comandante de las Fuerzas Militares, tomada por el presidente Álvaro Uribe, parece una nueva señal de su "desdén" por los derechos humanos y su disposición a tolerar a los comandantes abusivos.

"El general Ospina tiene un largo historial de colaboración con las fuerzas paramilitares responsables de bárbaros ataques contra los civiles", señala el comunicado de AI.

La designación de Ospina fue anunciada el ayer en una rueda de prensa por el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe.

AI señaló que cuando Ospina fue comandante de la Cuarta Brigada entre 1997 y 1998, "las tropas bajo su mando cometieron una serie de matanzas, ejecuciones y torturas".

La organización agregó que la designación del militar es también una bofetada a E.U., que ha reiterado al gobierno de Colombia que la ayuda para la seguridad está condicionada a que se respeten los derechos humanos.

Añadió que E.U. debería ver la designación de Ospina como una prueba de que el gobierno y los militares colombianos no toman en serio esas condiciones.

"Estados Unidos debe ir más allá de sus advertencias verbales a Colombia y suspender las asignaciones finales de ayuda para la seguridad correspondientes a 2003" debido a las críticas planteadas respecto a los derechos humanos, dijo AI.