23 febbraio

22 de febrero del 2004

Camilo y Manuel, patrimonio de los pueblos Nicolás Rodríguez Bautista Insurrección

Los días 14 y 15 de febrero el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y muchos otros revolucionarios y luchadores populares de Colombia y el mundo, conmemoramos un nuevo aniversario por la temprana partida de los sacerdotes y comandantes guerrilleros Camilo Torres Restrepo y Manuel Pérez Martínez.

El 15 de febrero de 1966 y el 14 de febrero de 1998, los dos se reafirmaron como símbolos revolucionarios y cristianos y señalaron, de manera clara, que un auténtico compromiso con el pueblo no exime a los cristianos de un compromiso hasta las últimas consecuencias.

El que los dos hayan nacido en países y momentos diferentes, no fue un obstáculo para estar unidos por la misma causa y los mismos ideales, es que la lucha de los hombres y los pueblos por sus sueños y aspiraciones es una fuerza multiplicadora como la que se desató en nuestro continente en los tiempos de Bolívar y que hoy sigue su curso con nuevos vientos libertarios.

Sentir que la lucha es donde haya injusticia, donde se necesite el servicio humanista y desinteresado, donde se busquen ideales libertarios independiente de donde se haya nacido, fue lo que hizo que Camilo y Manuel, fueran tan cercanos aún sin que se hubiesen conocido.

Hoy el ELN de Colombia ha caminado con la guía de su pensamiento y este ha sido siempre un fundamento de referencia en la acción con las masas, en la unidad con los revolucionarios y en los valores a construir para enfrentar los más duros momentos cuando el poder agresivo de nuestros enemigos pretende presentarse como omnipotente.

La incansable figura de Camilo como organizador del movimiento popular está hoy presente cuando nuevas jornadas se avecinan.

El ser internacionalista de Manuel está presente en los vientos de lucha continental en nuestra América y el mejor homenaje que rendimos a estos grandes maestros es nuestra consecuencia revolucionaria con una causa que desborda fronteras en aras de la justicia, la liberación nacional y una paz verdadera.

Camilo y Manuel son símbolos y patrimonio de los pueblos de América y del mundo, de los cristianos que se comprometen hasta las últimas consecuencias por el amor a su prójimo y de todos los que seguimos sus huellas para dar un grito de presentes, porque están vivas todas las razones que los llevaron a la lucha por la que dieron sus vidas.

Por último consigno dos frases en las que estos dos grandes de la lucha revolucionaria dejaron como herencia del camino a recorrer:

"HASTA LA VICTORIA FINAL PORQUE UN PUEBLO QUE SE ENTREGA HASTA LA MUERTE SIEMPRE LOGRA LA VICTORIA". Camilo Torres.

"NO ES SOLAMENTE IMPORTANTE TOMAR EL PODER, SINO QUE SEAN LOS INTERESES MÁS PUROS DEL PUEBLO LOS QUE ESTÉN AL FRENTE DE LA NUEVA SOCIEDAD, DE LO CONTRARIO LOS PROCESOS SÍ SON REVERSIBLES" Manuel Pérez

* Primer comandante del Ejército de Liberación Nacional - Colombia

16 de febrero del 2004

COCA-COLA PERDE LA DENUNCA PER CALUNNIA E INGURIA CONTRO IL SINALTRAINAL Comunicato stampa, Bogotá, D.C., 10 Febbraio 2004

La Fiscalía General de la Nación, nella sentenza di seconda istanza, ha interrotto l'indagine iniziata dalla Coca- Cola contro il sindacato nazionale dei lavoratori dell'industria alimentare, SINALTRAINAL per i supposti delitti di calunnia e ingiuria, compiuti, secondo l'impresa, per via della presentazione dell'istanza da parte del sindacato contro la multinazionale davanti a una Corte nordamericana, nella quale l'impresa è stata segnalata come finanziatrice di crimini verso i lavoratori iscritti al sindacato, commessi da gruppi paramilitari in Colombia. Come si ricorderà, il 20 luglio 2001, il sindacato che aggruppa vari lavoratori di imbottigliatrici del marchio, ha interposto un'istanza davanti alla Corte del Distretto Sud della Florida, U.S.A., contro The Coca Cola Company, Coca-Cola Colombia S.A., Panamco Industrial de Gasesoas S.A., Panamco Colombia S.A., Richard I. Kirby, Richard Kirby Kielland, e Bebidas y Alimentos de Urabá, tutte imprese del sistema Coca-Cola. Con l'istanza SINALTRAINAL cerca di ottenere risarcimento e indennizzo per danni e pregiudizi provocati a membri del proprio sindacato, vittime di intimidazione, sequestro, detenzione, tortura, assassinio in Colombia, da parte di gruppi paramilitari pagati da società della multinazionale. A seguito di questa istanza e delle dichiarazioni che ha fatto il Sindacato nella Conferenza Stampa del 19 luglio dello stesso anno, le firme di Panamco Colombia S.A. e Embotelladora Santander S.A. hanno formulato una denuncia per ingiuria e calunnia contro il SINALTRAINAL. Per questa ragione, il Tribunale in prima istanza ha chiamato a giudizio la dirigenza sindacale in Colombia, decisione che è stata mandata in appello dall'avvocato difensore. In questa nuova tappa, il Pubblico Ministero delegato davanti al Tribunale Superiore, ha comprovato che tali delitti non avevano avuto luogo e che in ogni caso, l'ingiuria e calunnia si commettono contro persona e non contro imprese o marchi. Nello stesso modo, ha stabilito che un'istanza che cerca il risarcimento e l'indennizzo dei danni causati non si può considerare un atto giuridico, e che vari fatti tra quelli segnalati dai sindacalisti come azioni contro i propri iscritti si palesano nella pratica. SINALTRAINAL è stato decimato con mezzi che vanno dai tagli lavorativi, alla ristrutturazione, tortura, segnalazioni e detenzioni, assassinio dei suoi membri e liders. Dal 1994 e fino ad oggi, otto sindacalisti del SINANTRAINAL sono stati assassinati. Dal 22 luglio del 2003, varie organizzazioni nazionali ed internazionali promuovono il boicottaggio al consumo di prodotti Coca-Cola. Il Foro Sociale Mondiale di Porto Alegre, nella sua versione 2003, ha dichiarato questa data la giornata mondiale contro la Coca-Cola.

Ahora el régimen arremete contra los medios que apoyan al pueblo

El presidente de Ecuador pretende cerrar radio "La Luna" Patricio Zhingri T. Rebelión

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI, a través de su Consejo de Gobierno expresa su rechazo a la disposición dada por el Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, de emprender acciones legales contra radio "La Luna", emisora que ha acompañado al movimiento indígena y al pueblo ecuatoriano en sus luchas.

Con esta disposición -conocida en la noche de ayer en un canal de televisión- Gutiérrez busca que los organismos de control de la radiodifusión en Ecuador reviertan la frecuencia de la radio, con lo cual se cerraría "La Luna" y su frecuencia sería entregada a otro propietario. Pero, esta acción es apenas una muestra de la intención del régimen de lo que pretende hacer contra todos los medios y los comunicadores y comunicadoras sociales, para que así la prensa ecuatoriana no siga denunciando y haciendo eco de las críticas que hace el pueblo al actual gobierno.

La acción legal de Gutiérrez contra la radio se haría porque, supuestamente desde esta emisora, se estaría afectando la honra suya y la de su gobierno. Aunque, lo único que ha hecho esta radio es abrir sus micrófonos para que los oyentes expresen su puntos de vista sobre lo que sucede en el país. También desde este medio se hizo una transmisión continua para denunciar la detención arbitraria de la que fue víctima el Presidente de ECUARUNARI, Humberto Cholango, en diciembre pasado, y no cerró su micrófono hasta cuando fue liberado. Ahora, igualmente ante el atentado perpetrado contra Leonidas Iza, Presidente de CONAIE, y sus familiares, radio La Luna ha sostenido una información permanente haciendo eco de las denuncias que hacen los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como los movimientos sociales y la ciudadanía en general.

El régimen sabe que la comunicación es estratégica para el ejercicio de la política y tiene conciencia de la necesidad de tener el control ideológico sobre la población, para así ejercer su control social. Es por esto que un gobierno -como el de Gutiérrez- que está defendiendo los intereses de la derecha y de los que tienen el poder económico, no van a permitir que desde "La Luna" o desde cualquiera de los medios de comunicación se comience a gestar un proceso de construcción de pensamiento y de ideología que pueda cambiar la correlación de fuerzas a favor del pueblo.

Por eso, aunque pretenda cerrar a la 99.3 fm de Quito, de "La Luna", que pertenece al Centro de Educación Popular, CEDEP, y filial de CORAPE y ALER, no lo podrá hacer porque el pueblo ecuatoriano va a ejercer su derecho a la comunicación, como está contemplado en la Constitución Política del país, va a luchar para que no se cierre esta emisora y va a construir y apoyar más radios y medios como "La Luna", pues la lucha ideológica en el país será permanente y continua.

Señor Presidente Gutiérrez con sus acciones represivas, antidemocráticas e inconstitucionales que ha venido haciendo en contra del pueblo ecuatoriano y ahora en contra de radio "La Luna", está reafirmando su incapacidad para gobernar y cada día está perfilándose más como un violador de los Derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

Finalmente, nos solidarizamos con el periodista Paco Velasco, Director de "La Luna", también con su equipo periodístico, y a través de él expresamos nuestros agradecimientos con el conjunto de comunicadores y comunicadoras de todos los medios que han permitido al pueblo organizado, al movimiento indígena y a los movimientos sociales, dar a conocer sus propuestas y acciones de lucha. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a seguir vigilantes de los hechos que están sucediendo en Ecuador, y a seguir manifestando su rechazo a las violaciones que se están cometiendo por parte del régimen.

* Patricio Zhingri T. es dirigente de Comunicación Consejo de Gobierno, ECUARUNARI

COCA-COLA PIERDE DENUNCIA POR CALUMNIA E INJURIA CONTRA SINALTRAINAL

• Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Febrero 10 de 2004 La Fiscalía General de la Nación en fallo de segunda instancia precluyó la investigación iniciada por Coca- Cola contra del sindicato nacional de trabajadores de la industria alimentaria, SINALTRAINAL por los supuestos delitos de calumnia e injuria, cometidos, según la empresa, a raíz de la presentación de la demanda por parte del sindicato en contra de la multinacional ante una Corte norteamericana, en la que la señala como financiadora de crímenes a trabajadores afiliados al sindicato, cometidos por grupos paramilitares en Colombia.

Como se recordara el 20 de julio de 2001, el sindicato que agrupa a varios trabajadores de embotelladoras de la marca, interpuso una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Florida, E.U. en contra de The Coca Cola Company, Coca-Cola de Colombia S.A., Panamco Industrial de Gasesoas S.A., Panamco Colombia S.A., Richard I. Kirby, Richard Kirby Kielland, y Bebidas y Alimentos de Urabá, todas empresas del sistema Coca-Cola.

Con la demanda SINALTRAINAL busca a obtener reparación e indemnización por daños y perjuicios ocasionados miembros de su sindicato, víctimas de intimidación, secuestro, detención, tortura, asesinato en Colombia de varios de ellos, por parte de paramilitares pagados por sociedades de la multinacional.

Debido a esta demanda y a las declaraciones que hizo el Sindicato en la Rueda de Prensa del 19 de julio del mismo año, las firmas Panamco Colombia S.A. Y Embotelladora Santander S.A. formularon una denuncia por injuria y calumnia en contra de SINALTRAINAL.

Por esta razón, la fiscalía en primera instancia llamó a juicio a la dirigencia sindical en Colombia, decisión que fue apelada por el abogado defensor. En esta nueva etapa, la fiscal delegada ante el Tribunal Superior, encontró que tales delitos no habían tenido lugar y que en todo caso, la injuria y calumnia se cometen contra personas y no contra empresas o marcas.

Así mismo, estableció que una demanda que busca la reparación e indemnización por los daños causados no se puede considerar un acto injurioso, y que varios de los hechos señalados por los sindicalistas como acciones en contra de sus afiliados se recogen en el expediente.

SINALTRAINAL ha sido diezmado con medidas que van desde recortes laborales y reestructuración hasta persecución, tortura, señalamientos y detenciones y asesinato de sus miembros y líderes. Desde 1994 y hasta la fecha, ocho sindicalistas de SINALTRAINAL han sido asesinados.

Desde el 22 de julio de 2003, varias organizaciones nacionales e internacionales promueven el boicot al consumo de productos Coca-Cola. El Foro Social Mundial de Porto Alegre, en su versión 2003, declaró esta fecha el día mundial contra Coca-Cola.

trasmissione 12-01-2004

Narcotraffico in Colombia

El pueblo norteamericano es el mayor recurso natural de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno ha fracasado en combatir esta creciente amenaza. Dado que el narcoterrorismo no ha sido reconocido como uno de los principales factores de muerte de los ciudadanos norteamericanos en las últimas décadas, en forma de cocaína y heroína, y dado que las organizaciones narcoterroristas no han sido identificadas como la fuerza que impulsa la verdadera guerra química desatada contra los ciudadanos norteamericanos y como la influencia más corruptora de nuestra fibra moral. la llamada "guerra contra las drogas'. ese recurso de boca para afuera de la administración Clinton en forma de unas pocos miles de millones aquí y allá sólo logrará, como ha ocurrido hasta ahora, alimentar la corrupción en aquellos países donde supuestamente estamos ayudando a combatir ese flagelo. Entre tanto, como aspecto ineluctable de cualquier sociedad. la corrupción por medio de drogas y, en última instancia, el dinero de las drogas. puede sacar ventaja hasta del sistema capitalista y democrático más avanzado. Esta es una amenaza que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. La Unión Soviética ha dejado de existir y el terrorismo auspiciado por el estado está en declinación. El terrorismo. el tráfico de drogas y el crimen organizado son reconocidos como amenazas globales para la sociedad civil. Sin embargo, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, sigue descuidando una amenaza todavía más insidiosa planteada por la alianza entre organizaciones terroristas, traficantes de drogas y crimen organizado, mejor conocida como narcoterrorismo. Es difícil comprender por qué, pero los norteamericanos encargados de trazar políticas parecen incapaces de comprender que, por un lado, los enemigos ideológicos de la democracia y la estabilidad y, por el otro, el delito en forma de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, mezclado con el simple oportunismo personal, pueden ir de la mano. a pesar de que, a veces, halla pequeños conflictos internos. Como el narcoterrorismo contemporáneo ha sido ignorado, resulta chocante que en la actualidad. las drogas y el terrorismo se hayan vuelto interdependientes en un grado inimaginable. incluso una década atrás. Desgraciadamente, muy poco se ha hacho para destruir estas alianzas non sanctas o para anular el problema de la droga. El narcoterrorismo es una simbiosis mortal que desgarra los elementos vitales de la civilización occidental. no sólo de Estados Unidos. Más aún desde sus comienzos relativamente modestos hace unas décadas, el narcoterrorismo se ha vuelto cada vez más global en su naturaleza. convirtiéndose en una herramienta y un arma predilecta esgrimida contra Occidente por sus enemigos jurados. Para las sociedades cómodas, tolerantes y absortas en sí mismas, es una revelación difícil de aceptar el hecho de que tienen enemigos. Que estos adversarios usarán tanto el terrorismo como el veneno de los narcóticos en su guerra contra tales sociedades suena a pesadilla y paranoia. ¿Cómo es posible? Sin duda, puñados aislados de criminales pueden hacerlo. Sin embargo, quienes han estudiado el fenómeno del narcoterrorismo dicen mucho más. Afirman que no se trata simplemente de unos individuos privados en guerra con Occidente, Estados Unidos o su gobierno legítimo; que hay mucho más que ganancias ilícitas en juego. Los estudiosos del narcoterrorismo señalan que por lo menos durante varias décadas los gobiernos han estado en el comercio de las drogas. Esto implica decir que, en todo sentido, el narcoterrorismo se ha convertido en un fenómeno auspiciado por el estado, fenómeno que no prospera ni aumenta sin la protección del estado, una afirmación casi totalmente ignorada hasta la década de 1970. Por cierto, la noción de que varios estados auspiciaban concretamente el '(i terrorismo dejando de lado por el momento los narcóticos era una afirmación escandalosa hace sólo unas décadas. Ahora, el Departamento de Estado ha "desintensificado" la retórica, incluso cuando se refiere a tales estados; ya no se los identifica como "estados bribones", sólo son motivo de preocupación. El narcoterrorismo ha sido ignorado ahora a causa de lo que se consideran otras prioridades políticas. Si esto prosigue, tendrá como resultado una mayor intensificación. El anterior fracaso en reconocer el narcoterrorismo ha ayudado a crear una infraestructura que funciona con tanto éxito e independencia, que los países de mediano tamaño de nuestros días, como Colombia, virtualmente han abandonado la soberanía nacional de grandes zonas del país en manos de estos regímenes narcoterroristas. El legado de Clinton en el campo de las drogas estará marcado por profundo cambio en la actitud del público hacia el uso ilegal de drogas y la drogadicción. Esta transformación fue posible gracias a un movimiento bien organizado y financiado a favor de la legalización, el cual disfrutó de la aprobación tácita del Presidente que "no inhaló". Como la mayoría de los expertos en hacer cumplir la ley y en el trazado de políticas está de acuerdo en que la "guerra contra las drogas" lanzada por Nixon en 1970 se ha perdido, el público se ha vuelto a la vez indiferente y escéptico respecto de la disposición de las autoridades a enfrentar seriamente el problema. Una red mundial creada por ricas organizaciones internacionales con el único propósito de legalizar las drogas que coincidentemente legalizará miles de millones de narcodólares se aprovechó de estas dudas y gastó millones en propaganda para reducir el estigma moral asociado con la drogadicción. Apuntó al arraigado sentido de responsabilidad personal y propagó, en cambio, una mentalidad de víctima, redefiniendo a los drogadictos como víctimas de una enfermedad tratable. Este cambio no se produjo de la noche a la mañana, llevó dos administraciones Clinton. Pero. a menos que se forme un liderazgo fuertemente comprometido y se hagan serios esfuerzos, puede resultar imposible reverter las influencias económicas. sociales. culturales y morales del movimiento a favor de la legalización de las drogas en Estados Unidos y las consecuencias que ha tenido hasta el momento la legalización de la ..marihuana médica". George Soros está entre las figuras públicas más prominentes que prestan su voz -y su respetabilidad- a la cacofonía de la legalización. El apoyo financiero tanto como político y social del movimiento a favor de la legalización vine de una amplia diversidad de gente y organizaciones: George Soros. Robert McNarnara y Walter Cronkite están entre las figuras públicas más prominentes que prestan sus voces y su respetabilidad a la cacofonía de la legalización. La Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana (NORML ). la Organización Homosexual ACT -UP, la Fundación de Políticas Relativas a Drogas, el Instituto Lindesmith, la RANQ Corporation y el Instituto CATO, la Unión Americana para la Libertad Civil (ACLU), la Asociación Americana de Abogados (ABA), la Fundación McArthur, el Fondo Siglo Veinte, la Carneghie Corporation, la Fundación Soros, la Fundación Robert Wood Johnson, la Fundación Ford, MCI y ETNIA. Entre los políticos se cuentan: el representante Frank Barney (demócrata de Massachussets ), el político demócrata Charles Cobb, la ex Cirujana General Joselyn y notables de Hollywood como David Geffen y Richard Dreyfuss y los autores Michael Crichton, Christopher Lehmann-Haupt, John Le Carr, Jorge G. Castañeda y Gabriel García Márquez, para nombrar a unos pocos. El movimiento a favor de la legalización avanza en todos los frentes. Adaptándose a diferentes grupos de votantes, transforma el tema según la audiencia. A los economistas les dice que la prohibición simplemente no es eficiente desde el punto de vista del costo. A los encargados de hacen cumplir la ley, les señala que no hay nada peor para la ley que la falta de respeto por la ley. que es lo que genera la guerra contra las droga, de la misma manera en que la Prohibición lo hizo en los años 20. A los padres les dice que es mejor saber lo que sus hijos están haciendo que forzarlos a los callejones secretos; mejor dejarles comprar sus "drogas recreativas" en la cafetería de la esquina que en barrios dudosos. Ante las personas preocupadas por la salud alega que la cocaína es una "fuente única de vitaminas y minerales" (espacialmente para los pobres) y que la marihuana es un mágico calmante del dolor y que su uso constituye un derecho civil.. Por cierto, las posibilidades son infinitas para aquellos que quieren entrar en el negocio de decirles a los norteamericanos cómo reparar su sociedad "hipócritamente represiva". "Es también importante considerar a las drogas un tema de derechos humanos", afirmó el Director del Centro Lindesmith de Soros, "este (las drogas) es un tema falso. La gente quiere cambiar su estado mental porque no tiene empleo, se encuentra en estado de privación... y es mentira que la violencia a causada por los drogadictos el daño surge de las leyes contra la droga, no de las drogas". Estas son las voces actuales que tratan de establecer un nuevo clima intelectual. Agregan que la desconfianza norteamericana a las drogas es una expresión de sus obsesiones, la gente que se opone a las drogas, según esta escuela de pensamiento, también se opone a aceptar el sexo, el rock and roll, la diversión, la libertad y el amor. El movimiento a favor de la legalización está lejos de ganar la "guerra contra la guerra". Pero si los defensores de la legalización triunfan, no sería la primera vez que la persistente contracultura conducida por individuos de elevada educación. formados en instituciones de elite con gran financiamiento y apoyados por muchos miembros de los medios de comunicación, es capaz de revertir creencias profundamente arraigadas y la voluntad de la mayoría del pueblo norteamericano. Pero los defensores de la legalización de las drogas no se detienen en la "marihuana médica". La Fundación de Políticas Relativas a las Drogas (DPF) con sede en Washington y la Fundación Tides de San Francisco, que se benefician de la largueza del multimillonario George Soros, apoyan políticas alternativas sobre drogas, en especial la "reducción del daño", y los programas de intercambio de agujas, a través de los cuales financian la distribución de equipos seguros para consumidores de crack: el equipo para el consumidor "Piper (Crack) Smokers" que incluye parafernalia e instrucciones para "uso seguro" y "cosas que no deben hacerse". y el panfleto "Shoot Smart, Shoot Safe" (inyéctese bien, inyéctese con seguridad) que tiene "indicaciones para inyectarse crack con seguridad". Este folleto parece marcar un nuevo desarrollo en la campaña a favor de legalizar o medicalizar las drogas ilegales. Además de instrucciones sobre "cómo hacerlo ", el folleto contiene fotos mostrando la forma correcta de inyectarse. Una persona que nunca usó crack antes, encontrará instrucciones muy útiles. Los equipos y las agujas, gratis se distribuyera través de programas de intercambio de agujas de los Departamentos de Salud de Filadelfia y Bridgeport. Los incesantes esfuerzos y los muchos millones de dólares de Soros han significado un gran cambio: respaldar la "medicalización", "despenalización" o "legalización" de las drogas se ha convertido en la actitud políticamente conecta. Hasta las políticas de drogas norteamericanas están ahora más centradas en el "tratamiento" que en la "guerra". Una señal de tormenta: nuestros repetidos esfuerzos por obtener una directa condena de la distribución de equipos de uso seguro de crack para el consumidor por parte de Barry R. McCaftrey, el Zar nacional de la droga, fueron ignorados. Soros ahora dice que no apoya la legalización de las drogas. Lo que hace, según él, es ayudar a "combatir los males de las leyes contra las drogas", y dado que la prohibición de las drogas no funciona será más realista, afirma, ofrecérselas a quienes las necesitan. Enseñar a los adictos la adecuada administración de drogas ilegales, incluido el crack, reduciría su daño, afirman Soros y sus activistas a favor de las drogas. Esta creciente ofensiva contra la guerra antidrogas se produce en un momento en que el público norteamericano duda cada vez más; el actuar gobierno norteamericano se está retirando de la guerra contra las drogas y el resto del mundo está siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. El rostro del terrorismo, una amenaza reconocida, ha cambiado desde el fin de la Guerra Fría y también los métodos que Estados Unidos y, otros países han desarrollado para contenerlo y combatirlo. Algunos con más éxito que otros y algunos que esperamos no averiguar. Pero dado que el narcoterrorismo no ha sido reconocido como uno de los principales factores de muerte de los ciudadanos norteamericanos en las dos últimas décadas en la forma de cocaína y heroína, sigue siendo alusiva. Las organizaciones .narcoterroristas no han sido identificadas como la fuerza que impulsa la verdadera guerra química desatada contra los ciudadanos de Estados Unidos. Su contribución directa a la influencia más, corruptora de nuestra fibra moral, el uso de drogas. ha sido ignorada por décadas y la llamada "guerra contra las drogas", esa política de boca para afuera de la Administración en forma de unos pocos miles de millones aquí y allá, sólo alimentará, como lo hizo en el pasado -con otra ayuda norteamericana y extranjera y ayuda de otras organizaciones internacionales, con pocas o ninguna condición adjunta y todavía menos control de la puesta en práctica y la responsabilidad del programa- la corrupción en los países a los que supuestamente estamos ayudando a combatir este flagelo. John Featherly, un ex funcionario de alto nivel de la DEA, sugiere que Estados Unidos sabe quiénes son los narcoterroristas. "Conocemos sus raíces, dónde viven, dónde cultivan y producen las drogas, así como la forma en que corrompen y a quiénes corrompen. Sin embargo, hacemos poco por detenerlos. Si Estados Unidos se tomara con seriedad la 'guerra contra las drogas'. daría los medios y fondos necesarios para librar realmente una guerra contra las drogas en su fuente, usando métodos especiales que el gobierno tiene a su disposición. Pueden no ser los métodos más populares pero cumplirán la tarea y reducirán a la mitad la cantidad de adictos que mueren. las infecciones de SIDA. el delito y la degeneración moral de millones de norteamericanos. Los beneficios en cuanto al costo de liberarnos de este flagelo van mucho más lejos que el alboroto político por parte de quienes tienen parte en el negocio. Sin embargo, queda claro que en todos los frentes falta la voluntad política de combatir con seriedad este flagelo. Décadas después de que la guerrilla izquierdista colombiana adoptara el narcoterrorismo como su medio principal para lograr sus objetivos políticos. sigue beneficiándose de un extraño caso de ..ceguera voluntaria". entre los norteamericanos encargados de trazar políticas. A pesar de una aceptación general del Zar de las drogas. Barry McCaftrey. mientras testificaba en el Congreso y en muchas otras ocasiones que el pro61ema de Colombia había alcanzado proporciones de ..emergencia... la administración Clinton y el Congreso parecen incapaces de manejar la situación. Tanto las soluciones ofrecidas por el Congreso como por la Secretaria de Estado Madeleine Albright para la guerra desatada en Colombia serían adecuadas para un conflicto político. pero la lucha en Colombia no es de corte político, sino por dinero y por el poder que éste da, y está librada por una despiadada organización delictiva internacional. Por cierto, los poderosos tentáculos de los narcoterroristas colombianos están amenazando con convertir a la más antigua democracia sudamericana en su primera narcocracia, planteando así una amenaza de seguridad para todo el continente. Como todos lo sabemos, se ha cobrado decenas de miles de vidas de colombianos inocentes, a la par que corrompía las instituciones políticas del país y arruinaba su economía. Sin embargo, en lugar de plantear una guerra incondicional para liberar a Colombia de esta amenaza, se ha optado por conversaciones de paz para resolver un conflicto criminal y para tranquilizar a peligrosos criminales que se encubren bajo una agenda política, la cual, si se la observara de cerca, revelaría un plan de pesadilla tendiente a que criminales despiadados, en camino hacia el Palacio Presidencial. impusieran un gobierno totalitario. Como es lógico, los previos intentos norteamericanos de ayudar con las negociaciones han fracasado, y hay escasas expectativas de que la futura ayuda norteamericana o la intervención diplomática cambien la situación. En una declaración poco tomada en cuenta pero verdaderamente reveladora de mayo de 2000, las FARC anunciaron que iban a poner en vigencia su Ley General Nro. 2, que impone impuestos a los ricos. Sin embargo. las FARC se negaron a revelar su Ley Nro. t, que prometieron dar a conocer sólo cuando estén en el poder. Claramente, llegar al poder no está fuera de su alcance, considerando que controlan alrededor de150% del país y que tienen una fuerte presencia en las afueras de Bogotá. y por lo que sabemos de las FARC hasta ahora, es razonable suponer que cuando lleguen al poder, si lo logra, su sistema de gobierno será totalitario, algo que se cuidan de publicar de antemano por temor a: perder apoyo popular. Tal vez, como condición para su próxima negociación con ellos, Pastrana debería exigir que hicieran pública su Ley N° 1. Las drogas ilegales proveen a los narcoterroristas ingresos anuales que están entre los 750 y 1000 millones de dólares sólo en Colombia. No es llamativo que nieguen su compromiso en el comercio de drogas. Pero es sorprendente que el presidente colombiano Andrés Pastrana apoye su declaración, afirmando que "no hay pruebas de que las FARC sean narcotraficantes ", en un entrevista del año pasado al diario argentino Clarín. Por el contrario. afirma Pastrana: 'Las FARC siempre dijeron que están interesadas en erradicar las plantaciones ilegales' Y el Zar norteamericano de las drogas, Barry McCaflrey, aunque señaló el vínculo entre los traficantes de drogas y los guerrilleros, afirma que sólo dos tercios (de los terroristas) se benefician financieramente de esta asociación'". ¿Por qué estas indignantes declaraciones que desafían las pruebas y el sentido común? ¿En interés de quién se defiende esta ficción? ¿Por qué mantener vivo el mito de que hay diferencia entre los terroristas y los traficantes de drogas en Colombia? ¿Por qué darles respetabilidad y legitimidad, manteniendo la ficción de que estos codiciosos delincuentes tienen una 'agenda social y política.'? ¿Alguien piensa realmente que cerrando los ojos a su compromiso con las drogas los "socializaremos" y los atraeremos al escenario político democrático'? Muchos reconocen que la política exterior norteamericana en América Latina a menudo ha fracasado. La era posterior a la Guerra Fría exige que Washington. sobre todo, mantenga la apariencia de no interferir en los asuntos internos de los otros países incluido el terrorismo interno. Por lo menos, esa sería la política hasta que alguna crisis catastrófica impredecible forzara a Washington a enfrentarse con la destrucción de la sociedad civil por parte de organizaciones criminales, en un país tan importante como Colombia. Eso puede plantearse más temprano que tarde. Según informa la Oficina General de Cuentas (GAO), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es a decirlas dos organizaciones narcoterroristas guerrilleras colombianas, son responsables de la creciente producción de heroína y cocaína del país. Según proyecciones de la GAO, la heroína de Colombia, que ya es la fuente principal para el este de Estados Unidos, aumentará en un 50 % en los próximos dos años, y las 165 toneladas de cocaína, que terminaron en las calles de Estados Unidos en 1998 aumentarán, por lo menos, a 250 toneladas en el año 2001. La amalgama de tráfico de drogas y terrorismo empezó a principios de los años ochenta como un matrimonio de conveniencia política. El incentivo económico para la guerrilla izquierdista era claro: el dinero proveniente de la droga le ofrecía los recursos para llevar adelante su revolución. A cambio, los traficantes de drogas recibían protección de los guerrilleros y asesinos formados para cumplir actos de intimidación. Aunque los motivos de los dos parias eran diferentes, su meta común era desestabilizar y socavar al gobierno. Pero hacía tiempo que los llamados "rebeldes marxistas" habían reemplazado su agenda "social" por el lucrativo negocio de las drogas. La negación e los cambios que tuvieron lugar ha ayudado a los narcoterroristas a tomar el control de más del 50 % del territorio colombiano. Pero se nos dice que esta pérdida fue un "gesto de buena voluntad por parte de Pastrana" hacia los rebeldes, y según la secretaria Albright (el amplio crecimiento en la oferta de drogas no es causado por los narcoterroristas sino por "nuestra (norteamericana) demanda de drogas"'. Tales negaciones ayudan a los narcoterroristas en su salvaje destrucción del país. También ayudan a otros elementos de nuestra sociedad a ir la "legalización de la droga". Es difícil pensar en una forma mejor de terminar con la democracia en América que drogándola, y no hay alivio a la vista. Las sucesivas negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC nunca fueron significativas, porque los rebeldes no tienen ninguna agenda real, salvo proseguir con su aprovechamiento de las drogas para expandir su poder político. La realidad geopolítica es que el tráfico de drogas reconoce cada vez menos fronteras nacionales. La guerrilla colombiana amenaza regularmente con ejercer represalias en los países vecinos dispuestos a ayudar a Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas. Para librar ineficazmente esta guerra en todo el mundo Estados Unidos ha gastado muchos millones, con una estrategia en constante cambio y en consecuencia con muy pocos triunfos que exhibir. Conocemos el profundo compromiso de los carteles colombianos en México y la utilización que hacen de sus traficantes en México o para mover grandes cantidades de su producto dentro de Estados Unidos. Esta es la prueba de que la enfermedad del narcoterrorismo es internacional. está creciendo. sus tentáculos se están expandiendo en todo el Tercer Mundo e infiltrándose en la vida cotidiana de los países industriales, sobre todo Estados Unidos. Detener los asesinatos masivos, los abusos de los derechos humanos y otras atrocidades fueron motivo suficiente para ir a la guerra en Kosovo. Pero, en apariencia, las condiciones similares y hasta peores no justifican poner fin a una prolongada guerra perversa que se ha cobrado decenas de miles de vidas en la última década, ya ha corrompido y subvertido las instituciones democráticas en toda la región y ha destruido y está destruyendo el sistema de libre mercado, está desestabilizando y corrompiendo los sistemas financieros en todas las Américas y planteando una creciente amenaza a la estabilidad de la región. Si bien es un aspecto ineluctable de toda la sociedad, la corrupción por medio de drogas y, en última instancia, el dinero surgido de las drogas puede sacar ventaja hasta del más avanzado y democrático sistema capitalista. Esta es una amenaza que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. Nuestra meta debe ser un enérgico esfuerzo para impedir que el narcoterrorismo desestabilice la región y se produzca "colombianización" de los países vecinos.

trasmissione 05-01-2004

5 de enero del 2004

Comunicado zapatista leido a las 24 horas (hora zapatista) del 31 de diciembre en Oventik

"Sólo en resistencia y en rebeldía podemos ir construyendo nuestra autonomía como pueblos indígenas"

Compañeros y compañeras bases de apoyo, responsables locales y regionales, compañeras y compañeros integrantes de los Concejos Autónomos, compañeros miembros de la Junta de Buen Gobierno, compañeros y compañeras autoridades de salud, educación, y todos los que integran esta área de trabajo: hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, los que están presentes y los que no están presentes pero que de alguna manera nos acompañan y nos apoyan:

Hoy estamos reunidos para conmemorar el décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque es la parte más importante de nuestra gran historia como pueblos indígenas, porque es cuando los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron en guerra contra el olvido, contra la discriminación, contra el saqueo de nuestras riquezas naturales, contra la explotación y opresión y contra toda clase de injusticia que desde hace más de 500 años hemos venido padeciendo los pueblos originarios de estas tierras.

Pero hoy se cumplen 10 años de que estamos en guerra, 10 años de lucha y resistencia como pueblos indígenas, porque llevamos 10 años que estamos viviendo bajo amenazas, hostigamiento y cercos militares y paramilitares que han preparado y organizado el mal gobierno contra nuestros pueblos.

Por eso todos los trabajos que se han hecho en los pueblos y municipios autónomos en la zona zapatista.

Todo ha sido en resistencia y rebeldía porque nuestros trabajos en salud, educación, comercialización y la formación de los municipios autónomos han sido golpeados por los planes y programas contra insurgentes del mal gobierno.

A pesar de todo esto, hemos podido avanzar en nuestra lucha en los diferentes trabajos, pero gracias a la decisión y participación de los compañeros y compañeras de los pueblos y regiones, pero también en el apoyo y solidaridad de muchos hermanos y hermanas del mundo.

Durante este 2003 dimos pasos importantes en nuestra lucha: se cambiaron los nombres de Los Aguascalientes y ahora se llaman Los Caracoles y también se formaron las Juntas de Buen Gobierno que son las que tienen que gobernar a nuestros pueblos en resistencia.

También se formaron más municipios autónomos y se reorganizaron los diferentes trabajos para fortalecer nuestra resistencia, por eso les pedimos a todos los compañeros y compañeras de todas las regiones y municipios que sigan llevando adelante nuestros trabajos sin rendirnos ni vendernos con el mal gobierno.

Sólo en resistencia y en rebeldía podemos ir construyendo nuestra autonomía como pueblos indígenas, porque no esperamos de los malos gobiernos permiso para que los pueblos indígenas podamos vivir con libertad y con autonomía.

Sólo si los pueblos indígenas de Chiapas, de México y de todo el mundo, cuando tomamos en nuestras manos nuestros derechos y nuestra libertad para construir y fortalecer nuestra autonomía, no hay por qué tener miedo para hacerlo, porque estamos protegidos por las leyes y acuerdos nacionales e internacionales.

Saludamos y agradecemos el apoyo y la solidaridad de muchos miles de hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, porque así hemos podido resistir y vivir durante 10 años en guerra.

Por eso les pedimos que sigan apoyando en lo que puedan, pero también les pedimos que se organicen y luchen en sus propios pueblos y naciones contra el enemigo común, que es el proyecto y los planes del neoliberalismo.

Contra ese enemigo hay que luchar sin descanso, porque está dejando en la miseria y el olvido a muchos millones de hermanos en el mundo entero.

Es todo nuestra palabra.

¡Democracia, Libertad y Justicia!.

4 de enero del 2004

Colombia: editorial del Correo del Magdalena

Terrorismo de estado e institucionalización fascista

Sistema Informativo Patria Libre

Unos pocos retazos es lo que queda de la Constitución del 1991, que consagró algunos avances en derechos y libertades individuales. De los que la defendieron en ese entonces y siguen defendiéndola quedan bien pocos. Algunos intimidados no tienen aliento para abrir la boca o viajaron al exilio y otros, quizá la mayoría, se han pasado a la otra orilla, del lado de los enterradores.

Desde el inicio la ultraderecha, incómoda con los avances, conspiró contra lo que ella tenía de democrático, dando rienda suelta al proceso de hundirla desgarrada y por pedazos.

El Estatuto Antiterrorista, aprobado el 10 de diciembre último en el Senado, desmantela los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución que establecían la inviolabilidad de las comunicaciones y el libre movimiento de las personas, prohibían las detenciones y allanamientos sin orden judicial y no permitían que las fuerzas armadas fuesen juez y parte a la vez.

Con esta aprobación se legalizan las atrocidades de los responsables del terrorismo de Estado y se fortalece su estructura de guerra sucia, confiriéndoles dispensa para que sigan cometiendo impunemente los crímenes. Antes lo hacían sin Estatuto y ahora lo harán con más fuerza y descaro, bajo la égida de la ley maldita. Hay un cambio, pero para mayor desgracia del país.

Los jinetes de la guerra sucia empotrados en las instituciones del Estado tienen por qué estar de pláceme pues el Congreso los premió el día universal de los derechos humanos con la aprobación de la ley que reclamaron insistentemente y que les confiere franquicia para continuar con los crímenes horrendos y las arbitrariedades, sin las amarras de la incómoda ilegalidad que tantos sinsabores les producía.

También están de fiesta los generales lenguaraces que ya están diciendo que ahora sí van a derrotar la insurgencia en poco tiempo porque tienen el instrumento que reclamaban desde años atrás. Se sienten tan seguros del éxito con las manos libres para actuar, que hasta apuestan la renuncia si fracasan en un año. Al calor de ellos los negociantes de la guerra baten palmas porque se les despejó el panorama para hacer prósperas inversiones en la maquinaria de la muerte.

El que no tiene de qué alegrarse es el país con el agregado de semejantes perversidades. Por el contrario crece la angustia porque serán mayores los sufrimientos y peores los días a los vividos hasta hoy.

Lo que se avecina es muy grave para Colombia pues el estatuto que entrará en vigencia en unos pocos meses modifica la Constitución y confiere facultades especiales a reconocidos violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a funcionarios sin escrúpulo que escriben novelones con testigos comprados, inocentes condenados y culpables libres; a militares y fiscales corruptos refundidos en la telaraña del narcotráfico y el paramilitarismo impartiendo "su justicia", para vergüenza del país y horror de la humanidad.

Dentro de poco, y con el pretexto de la cruzada contra el terrorismo acuñada por el Sr. Bush, los agentes del gobierno podrán arrasar lo poco que queda de organizaciones y dirigentes sociales, conculcar las libertades individuales y derechos civiles de los ciudadanos, mostrar humildes colombianos asesinados y encarcelados como resultado de combates que nunca se dieron con "terroristas", como siempre han hecho para abultar cifras, hacer méritos y satisfacer a los patrocinadores.

Con la categórica exigencia hecha por el Presidente a los generales, de presentar resultados en corto tiempo o se van para la casa, tendrá que ser mayor la contabilidad de muertos y presos inocentes para conservar el puesto.

No es "caña", ni cualquier cosa el ciclón que está anunciado desde la campaña presidencial en el programa de gobierno de Uribe, con el respaldo del establecimiento y el asesoramiento del imperio. Con el pretexto de la defensa de la seguridad ciudadana viene sepultando lo que resta de Estado social de derecho, con las reiteradas reformas al poder público está dando pasos a la institucionalización de un Estado autoritario de corte fascista.

Con su prepotencia no escucha las voces sensatas de humanistas e instituciones solidarias defensoras de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, que rechazan el estatuto por funesto e inconveniente para la democracia y los derechos humanos. Ni siquiera la voz autorizada de la ONU y sus advertencias fueron escuchadas, pues ha hecho caso omiso de las recomendaciones y de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano.

De esta estrategia de inspiración fascista hay que esperar lo peor: que la intolerancia convierta y trate como enemigo a quien no es su amigo, que para terminar de eliminar al movimiento social extienda el concepto de terrorismo e incluya como tales a los luchadores gremiales y sociales, los que hacen oposición al régimen y por supuesto a quienes reivindicamos el nuevo país.

Tampoco es de extrañar que la guerra de exterminio legalizada contra los colombianos se irradie hacia los países vecinos como parte del Plan Colombia para atajar el auge de los movimientos sociales en el sur del continente, que tienen en aprietos al establecimiento y enredada la estrategia colonizadora del imperio. El asesinato de siete militares venezolanos a manos de paramilitares en la frontera con Colombia puede ser el anuncio de una provocación con propósitos de más largo alcance.

Es también de esperar la intensificación de la ofensiva ideológica, complementaria de la militar, contra la insurgencia dirigida a borrarle el carácter político de su lucha y a aislarla recurriendo al calificativo de terrorista y al montaje de espantosas mentiras para fundamentarlo. Desde luego no será fácil lograrlo pues la naturaleza genuinamente política de la guerrilla colombiana no depende de un acto gubernamental, sino de los objetivos altruistas que persigue y que la identifican con los intereses de las grandes mayorías nacionales.

Pero lo perverso y rechazable, desde todo punto de vista ético y moral, es que el gobierno equipare como guerrilla a la población civil residente en las zonas de confrontación y la involucre en el conflicto.

Las últimas instrucciones dadas por el Presidente a la tropa, donde le ordena hacer detenciones masivas, bloquear la entrada y salida de alimentos a comunidades y le exige resultados inmediatos en la guerra contrainsurgente, es apenas el abrebocas ACCENNO de lo que se está cocinando. Estas medidas refrescan el recuerdo de las torturas en las caballerizas de Usaquén, durante el gobierno de Turbay Ayala, la horrorosa noche con Laureano Gómez a mediados del siglo pasado y la pesadilla que envolvió a los europeos en la primera mitad del siglo XX.

Los espacios y condiciones para avanzar en la solución política y lograr la paz con justicia social y desarrollo, se distancian cada día que pasa con las características que está tomando el régimen.

La comedia montada con la desmovilización de un grupo de paramilitares y las negociaciones que continúan tras bambalinas, además de pretender legalizar a los narcoparamilitares amigos e incluirlos en la fuerza pública, busca con la mímica de la ternura y el perdón a éstos, enviar mensajes a la opinión internacional de que está logrando la paz.

Con el panorama que se anuncia, los ungidos del unanimismo de Uribe serán los únicos a salvo del estatuto recién aprobado y de las barbaridades que a su sombra van acontecer.

Los negros nubarrones que se ciernen sobre Colombia preludian grandes tempestades. Lo que está sucediendo es muy grave como para quedarnos cada quien quieto o haciendo lo suyo desde su esquina. Antes que la tromba arrase con todo y todos se impone, con carácter de emergencia, sumar fuerzas y esfuerzos para resistir y enfrentar con firmeza y valor el régimen que se está implantando y acumular para avanzar con la perspectiva cierta de construir la Nueva Colombia que soñamos.

No se puede esperar más. Revolucionarios, demócratas y progresistas que soñamos con el otro país, que nos estremece lo que se avecina y definitivamente no cabemos en el país de hoy, tenemos que hacer un frente común. Estamos en el cuarto de hora de las grandes decisiones, de unirnos para salvarnos en torno a lo que tenemos de común respetando las diferencias, de aliarnos en torno a plataformas amplias que tengan al centro la defensa de la patria, la democracia, el desarrollo con interés de nación y la justicia social para los colombianos.

¡Atrevámonos ya!. Está la patria de por medio y el futuro de los colombianos. Demos pasos unitarios enterrando sectarismos y actitudes prepotentes, dañinas y convirtamos el 2004 en el año de la unidad para resistir y combatir el régimen.

ELN-Ejercito de Liberacion Nacional, Colombia

21 de diciembre del 2003

Declaran comunidades campesinas ruptura con la justicia colombiana César Jerez Agencia Prensa Rural

En un hecho sin precedentes, el 9 de diciembre, en el marco del día internacional de los derechos humanos, cuatro comunidades campesinas colombianas desconocieron la legitimidad del sistema judicial colombiano y se declararon en abierta ruptura con la administración de justicia, a la que calificaron de "corrupta, degradada y envilecida".

A continuación reproducimos el texto completo de la histórica declaración de ruptura, que según las organizaciones que la suscriben "pretende abrir un debate sobre el problema de la impunidad y la arbitrariedad de la justicia en Colombia".

DECLARATORIA

Desde hace muchos meses los colombianos nos hemos venido estremeciendo, cada vez con mayor frecuencia, ante las decisiones del poder judicial, y especialmente de la Fiscalía.

Se anuncian constantemente detenciones masivas o individuales que afectan a un amplísimo espectro de profesiones, organizaciones y sectores sociales: alcaldes, concejales, dirigentes políticos, sindicalistas, pobladores de barrios marginados, obispos, sacerdotes, médicos, artesanos, intelectuales, técnicos, estudiantes, militantes de una amplia gama de partidos o facciones políticas legales, así como dirigentes, militantes y colaboradores de organizaciones y comunidades agrarias, de comunidades que reivindican el derecho a no ser involucradas en el conflicto armado, de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de proyectos sociales. Llama la atención que se les acusa siempre de "rebelión", "terrorismo" o "concierto para delinquir"; que ordinariamente las acusaciones sean elaboradas y las capturas efectuadas por agentes de la rama ejecutiva del poder público, como los miembros de la fuerza pública, y que las "pruebas" se basen en "testimonios" vulnerables a to do tipo de manipulaciones, presiones, recompensas y sobornos, o en "informes de inteligencia" que ni siquiera tienen el respaldo de un responsable, sino que alegan fundarse en llamadas telefónicas o escritos anónimos que nadie puede comprobar jamás si siquiera existieron.

La "justicia" ha llegado así a un máximo nivel de degradación y envilecimiento. Aunque desde hace muchas décadas ha sido objeto de escándalo para la comunidad internacional el nivel de impunidad e ineficiencia con que la justicia colombiana actúa frente a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, así como el nivel de arbitrariedad y parcialidad con que se juzga a quienes se oponen o denuncian las grandes injusticias del régimen y trabajan en la búsqueda de alternativas políticas y sociales, sin embargo se había procurado salvar algunas apariencias formales que buscaban legitimar el aparato judicial, creando instancias con mayor conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en organismos de control. Hoy todas esas instancias han sido cooptadas o copadas por funcionarios y funcionarias que se han plegado a las directrices que emanan de la cabeza del ente investigativo ce ntral, habiendo sido destituidos e incluso perseguidos y exilados quienes defendieron principios innegociables de la justicia universal.

Quienes suscribimos este documento estamos convencidos de que la justicia, para ser legítima, necesita respetar unos mínimos parámetros que la historia de la civilización ha convertido en requisitos esenciales de su aceptación y vigencia. La mayoría de esos principios son burlados hoy día en Colombia de manera flagrante.

Así, por ejemplo, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser acusado de delitos que no estén previamente definidos en leyes preexistentes, con precisión y sin ambigüedades, es burlado al extender arbitrariamente los tipos penales de rebelión, terrorismo o concierto para delinquir, a las conductas más cotidianas de la población y al ejercicio ético de muchas profesiones, recurriendo a conexiones en extremo imaginativas entre esas actividades normales, legítimas y legales, y las conductas punibles contempladas en la ley. Pero la observación de estas prácticas judiciales nos lleva a concluir que lo que en primera instancia se pretende es estigmatizar y destruir organizaciones y personas que no comparten o denuncian los niveles aterradores de injusticia y de represión que el régimen actual está implementando.

Por otra parte, el principio del debido proceso exige, por encima de todo, en quienes el Estado designa para investigar, juzgar y sancionar, un nivel de independencia, imparcialidad y honestidad fundamentales, que constituyen la base imprescindible de legitimidad del aparato judicial. El desarrollo de la civilización ha ligado la independencia e imparcialidad a la separación de poderes que caracteriza todo régimen democrático. Pero en nuestro caso, quienes están construyendo las acusaciones; buscando y elaborando "pruebas" que no son pruebas; reuniendo "testigos" que no son testigos, bajo todo tipo de sobornos, presiones, amenazas, torturas y recompensas extraídas al erario público, y efectuando las capturas, muchas veces en medio de tratos degradantes, son agentes de la rama ejecutiva del poder público, y precisamente los miembros de la fuerza pública, cuya imparcialidad dentro del conflicto social y armado es, podría decirse, estructuralmente inexistente, toda vez que son a ctores del conflicto, en el cual participan con niveles de emotividad, odio y venganza demasiado intensos y evidentes, a juzgar solo por su lenguaje cotidiano difundido por todos los mass media.

Por añadidura, el grado de polarización que afecta a nuestra sociedad, donde los últimos gobiernos han combatido y castigado intensamente las posiciones imparciales frente al conflicto social y armado, ha facilitado la penetración del paramilitarismo en muchos estamentos e instituciones, y una de ellas es la de la administración de justicia. Pasma comprobar que el informe rendido el 27 de septiembre de 2002 por un mismo funcionario de la Fiscalía, que revelaba la existencia de 54 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, no haya sido sometido a investigación ni procedimientos judiciales, y que las otras instancias del poder judicial se hayan mostrado indiferentes ante el evento, y mucho más las otras ramas del poder público, dejando como único resultado la destitución y persecución del funcionario denunciante. Pasma aún más comprobar en el día a día cómo son absueltos los grandes dirigentes de las estructuras paramilitares y los responsables de las más grandes masacres, cuyos procesos son precluídos o archivados, mientras se mantiene en prisión y se cobija con resoluciones acusatorias a las víctimas de innumerables montajes judiciales a lo largo y ancho del país. No es extraño, entonces, ver cómo muchas fiscalías funcionan en los mismos cuarteles militares y cómo muchos fiscales conciben su función como un simple apéndice del poder militar.

Ninguna justicia puede ser reconocida como válida cuando se separa tan claramente de principios éticos elementales y todavía menos cuando burla principios jurídicos universales que la civilización fue diseñando como fundamentos de su validez. Someterse a una tal "justicia" implica traicionar la propia conciencia. De allí que sea plenamente válido, en las circunstancias actuales del país, en que se ha llegado a una degradación y envilecimiento extremos de la justicia, apelar a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

Nuestra Constitución colombiana establece, en el artículo 18, que "nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia". Los firmantes y adherentes a este documento, nos acogemos a ese derecho constitucional, que constituye además un derecho humano universal, para declararnos EN RUPTURA CON EL ACTUAL SISTEMA JUDICIAL.

A lo largo y ancho del país las fuerzas armadas y no pocos funcionarios judiciales han venido anunciando numerosas judicializaciones que amenazan la libertad de las organizaciones cívicas, sociales, campesinas, indígenas, sindicales, humanitarias y políticas que propenden por otra manera de organizar la sociedad dentro del respeto por parámetros elementales de justicia social. Quienes suscribimos y nos adherimos a esta declaración, nos negaremos a colaborar con esa falsa justicia; no responderemos a indagatorias ni nombraremos abogados defensores y tampoco aceptaremos abogados de oficio.

Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de Conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como PRISIONEROS DE CONCIENCIA. Pedimos a los gobiernos extranjeros, a sus misiones diplomáticas en Colombia y a los organismos intergubernamentales, que desconozcan el sistema judicial colombiano tan corrupto, degradado y envilecido, y que ejerzan toda su presión moral y política para que Colombia reconstruya su administración de justicia dentro del respeto por los principios éticos y jurídicos fundamentales que la civilización ha diseñado como condiciones de validez de los aparatos de justicia.

Suscriben:

- Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Consejo Comunitario de La Nupa - Asociación Campesina de Arauca - ACA - Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC

trasmmissione 29.12.2003

28 de diciembre de 2003

Reflexiones sobre 2003: Ideólogos y Profetas, Izquierda y Derecha James Petras Traducido para Rebelión por Marina Trillo

El 2003 no fue un año de Victorias Históricas ni Derrotas Históricas; fue un año de relaciones de poder constantemente cambiantes entre el imperialismo y los movimientos de resistencia popular. El imperio estadounidense y sus socios coloniales israelíes pudieron conquistar países y territorios nuevos pero no pudieron consolidar su dominio frente al aumento de la resistencia popular. La economía estadounidense no entró en declive ni se desplomó como predijeron algunos izquierdistas, sino que se expandió y ganó ímpetu a medida que avanzaba el año, aún cuando empeoraran los “fundamentos económicos”, especialmente el déficit por cuenta corriente y el presupuesto. Los oráculos tanto de la izquierda como de la derecha se equivocaron: los EEUU no experimentaron ni una crisis terminal ni triunfos irrevocables. Los pronósticos de año en año son problemáticos y a largo plazo son tan exactos como la astrología. En las derechas, los profetas de exitosas guerras coloniales, empezando con Irak, Palestina y siguiendo después con Irán, Siria y Líbano quedaron rápidamente desacreditados. Primero por los heroicos combatientes de la resistencia Palestina cuyo sacrificio y dedicación bloqueó la visión totalitaria de Sharon de un estado judío étnicamente puro. En Irak, la resistencia popular masiva después de la conquista colonial, infligiendo millares de heridos y centenares de muertos a la potencia ocupante dejó en evidencia a los intrigantes Sionistas-Rumsfeld del Pentágono, socavando su autoridad en todas partes, incluso en partes del ‘establishment’ de Washington.

No hubo victorias militares decisivas para los EEUU ni venturosas victorias políticas: El 2003 fue un año de transición. Los mayores perdedores fueron los sionistas, como Wolfowitz, Perle, Feith que proyectaron una serie de guerras estadounidenses para destruir o socavar a todos los adversarios de Israel en Oriente Medio y Europa. El alto coste, el aislamiento y la resistencia de Irak han impuesto severas limitaciones a nuevas invasiones coloniales estadounidenses. Los imperialistas “realistas” como James Baker (antiguo Secretario de Estado con Bush padre) vinculado a intereses petrolíferos conservadores árabes, rechazan a los ideólogos Sionistas ligados a Sharon que promueven guerras estadounidenses para imponer “cambios de régimen” en pro de Israel. Las declaraciones fraudulentas hechas por Wolfowitz y otros Sharonistas con respecto a las armas de destrucción masiva de Irak como justificación para la guerra fueron el punto culminante del inaudito poder de la influencia sionista en la política de EEUU. La infamia y la exposición parcial de esta ‘trama’ sui géneris llevó, al menos, a un descenso temporal de la presencia pública de este sector de la Administración Bush. El imperio estadounidense está dividido entre ideólogos con lealtades nacionales dobles y ‘realistas’ vinculados a intereses petrolíferos estadounidenses y árabes y a bancos europeos. Estas diferencias entrarán en escena en 2004 e influirán sobre si EEUU compartirá el botín imperial con Europa, Rusia y la élite árabe o seguirá la política del colonialismo militar ciego.

2003 fue el año en el que la dinámica aparición de la economía China se convirtió en el centro de la política mundial. China, la tercera mayor economía del mundo, tiene un enorme superávit comercial con EEUU y relaciones crecientes y poderosas con todos los países grandes y pequeños de Asia y Oceanía. El imperialismo estadounidense no puede sobrevivir en Asia sin llegar a acuerdos con China. Aquí también están divididos los responsables de formular la política imperial. Los ‘realistas’ proponen una estrategia a largo plazo de adaptación y asimilación complementaria y gradual, basada en cientos de miles de millones en inversiones estadounidenses, exportaciones e importaciones así como en compras Chinas a gran escala de bonos de EEUU. Los “confrontacionistas” están integrados por los sectores atrasados no competitivos de la industria estadounidense, la burocracia sindical y los ideólogos militaristas que revisten sus políticas agresivas con la retórica de los ‘derechos humanos’, el ‘comercio injusto’ y el ‘trabajo esclavo’. Aparte de alguna retórica electoral pseudo populista, los ‘realistas’ parecen estar dirigiendo las relaciones imperiales con China, forzando a los ideólogos a centrarse en crear conflictos con Corea del Norte y Taiwán.

Con respecto a Latinoamérica, los oráculos de la derecha y de la izquierda fallaron en reconocer los factores estructurales más profundos que influyeron sobre los acontecimientos políticos. A principios de año fue la izquierda la que celebró de modo triunfalista una ola hemisférica de victorias políticas. La elección de Lucio Gutiérrez en Ecuador, Inacio Lula Da Silva en Brasil, Kirchner en Argentina, y la presencia masiva en el Foro Social Mundial de Porto Alegre fueron considerados como importantes ‘puntos de inflexión’ políticos que llevaron a la derrota del ALCA, el fin del neoliberalismo y un rechazo del imperio estadounidense. La extrema derecha estadounidense, en particular los inmigrantes cubanos en la Administración de Bush (especialmente Otto Reich) también predijeron que vendrían malos tiempos. Habían transcurrido pocos meses desde principios del año nuevo cuando Lucio Gutiérrez declaró su total subordinación al FMI, ALCA, Plan Colombia, y apoyo a las subidas de precios, reducciones de salarios y privatización del petróleo y electricidad. Da Silva hizo lo mismo: aplicando al máximo las prescripciones del FMI; designando banqueros neoliberales de derechas, ejecutivos e ideólogos corporativos en todos los puestos económicos clave; apoyando una versión modificada del ALCA y estableciendo un inútil “Comité de Amigos de Venezuela” dominado por presidentes iberoamericanos abiertamente opuestos al Presidente Chávez. En Argentina, el recién elegido Presidente Kirchner, bajo la intensa presión de los masivos movimientos sociales, combinó cambios judiciales progresistas limitando la inmunidad a los violadores de los derechos humanos, con una reducción en los pagos de la deuda, y tácticas políticas para dividir y debilitar a los movimientos militantes de trabajadores en paro. Las profecías de la izquierda no se cumplieron – las relaciones entre los EEUU e Ibero América a nivel de estado no variaron: El ALCA siguió adelante con cambios secundarios, las políticas económicas neoliberales continuaron siendo aplicadas y la pobreza se hizo más profunda. Las mayores derrotas del imperio estadounidense a nivel de estado sucedieron en Venezuela y Cuba. En ambos países la intervención estadounidense y el apoyo a un “cierre patronal de ejecutivos” (Venezuela) fueron derrotados y en Cuba, los terroristas apoyados por EEUU y los propagandistas pagados fueron neutralizados. En Ibero América, el poder imperial continuó deteriorándose y la resistencia anti-imperial ganó fuerza a pesar de cierta limitación política. En Bolivia fue derrocado el cliente estadounidense Sánchez de Losada; los referéndums en pro de la privatización en Uruguay y Colombia fueron derrotados de modo contundente, en Ecuador se planea una marcha popular masiva, reminiscente del levantamiento del 2000, exigiendo la expulsión de Gutiérrez, mientras que, en Perú, a Toledo se le opone más del 84% de la población y parece improbable que termine su mandato electoral. El MST de Brasil, a pesar de las promesas rotas de Da Silva, ha realizado unas 330 ocupaciones de tierra que afectan a 55.000 familias. En Argentina, más de 50.000 piqueteros se manifestaron para conmemorar el alzamiento del 19/20 de diciembre de 2001. Está claro que los movimientos sociopolíticos no han sido paralizados por las regresiones imperialistas de los pseudo populistas presidentes electos. Pero también está claro que estos poderosos movimientos populares tienen poder para derrotar a los clientes imperiales pero no han demostrado tener poder para reemplazar a los reaccionarios titulares con líderes nuevos procedentes de los movimientos populares. Esto es evidente incluso en el caso de la insurrección Boliviana de octubre de 2003: El nuevo Presidente Carlos Meza es un neoliberal de toda la vida, que apoyó a Sánchez de Losada hasta sus últimos días de gobierno. Desde que llegó al cargo, Meza ha seguido atacando y deteniendo a cultivadores de coca, expresó su apoyo al ALCA y no ha tomado ninguna iniciativa para cambiar los acuerdos del gas y petróleo (excepto promesas ambiguas). El 2003 fue un año de movilizaciones masivas y quizás un ensayo para revoluciones sociales en el 2004. Sin embargo, para que suceda tal cosa, tenemos que comprender qué instrumentos y líderes políticos son capaces de asumir el poder con visión crítica de las trampas de la política electoral. No hay un retroceso sistemático del poder estadounidense – aunque pierda en Venezuela con Chávez, gana con Da Silva en Brasil. Lo que gana al derrotar y capturar a Saddam Hussein, lo pierde frente a la costosa y prolongada guerra popular durante la ocupación. Las reuniones financieras internacionales son interrumpidas, pero se firman los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio. La resistencia aumenta el coste de la conquista pero el imperio y sus sátrapas mercenarios se vuelven más salvajes. En Navidad los estadounidenses bombardearon Bagdad, miles de jóvenes fueron acorralados en razzias y conducidos en manada, encapuchados, a atestados campos de prisioneros para ser interrogados y torturados. Israel construye muros de apartheid muy adentro de la Palestina Ocupada, asesina de modo rutinario a niños y a activistas Palestinos, bajo la benigna protección de sus “hermanos” Likudianos del Pentágono. La superestructura del imperio, Bush, Cheney etc. es desafiada pero las bases (presupuestos militares, intereses petrolíferos) no son cuestionadas. La “crisis económica” no estalla – permanece latente. Los EEUU continúan pidiendo prestado; el capital asiático todavía fluye a EEUU permitiéndoles consumir más allá de su capacidad de pagar. Las predicciones de declive o “sobre-extensión” fueron exageradas. Washington está comprando y entrenando a millares de mercenarios Iraquíes, y afianzando a otros de Europa Oriental y compañías privadas de seguridad. Los intelectuales críticos estadounidenses son más influyentes en el exterior de lo que lo son dentro de EEUU. La dinámica para el cambio de la política imperial está claramente en el exterior – en Irak, Ibero América, quizás en partes de Europa. El año 2003 nos dice que la realidad de la relación entre el imperialismo y la resistencia popular es demasiado compleja y contradictoria como para encasillarla con netas fórmulas generales lineales. La conclusión que podemos sacar es que el imperio estadounidense no es omnipotente sinó peligrosamente violento; que los movimientos populares pueden desafiar al dominio colonial con éxito y derribar a regímenes clientes; que la economía estadounidense se puede recuperar temporalmente incluso si sus bases económicas continúen siendo precarias. El 2003 también sugiere que la izquierda ganaría más del estudio paciente de las complejas y contradictorias realidades de la lucha nacional y de clases, que de formular grandiosas profecías globales a largo plazo desvinculadas de los movimientos populares.

Brasil: Entrevista a Francisco “Chico” de Oliveira, fundador del PT

El gobierno Lula no existe Mateus Alves Correspondencia de Prensa El año 2003 llegó con la expectativa de la "refundación" de Brasil con la llegada al poder, por primera vez en nuestra historia, de un presidente oriundo de las camadas populares. Sin embargo, durante el transcurso del primer año de su mandato, se fue tornando evidente la opción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva por una ortodoxia que mantiene los vínculos con el modelo neoliberal, profundizado por su antecesor Fernando Henrique Cardoso. Para analizar los rumbos y direcciones tomadas por el gobierno Lula en su primer año de existencia, Correio da Cidadania conversó con el sociólogo Chico de Oliveira, fundador del PT y uno de los principales críticos al mantenimiento del modelo neoliberal por los petistas.

CC: ¿Qué se puede evaluar de este primer año de gobierno?

CO: Conforme vengo diciendo en diversas ocasiones, mi evaluación es negativa. El gobierno Lula no existe, pues está siendo monitoreado, en el área económica, desde afuera. Todo aquello que parece ser acción del gobierno, en verdad, no lo es; la caída del riesgo país, por ejemplo, es apenas el resultado del aumento de la liquidez internacional y no tiene nada que ver con la política que el gobierno ejecuta. El saldo de la balanza comercial es resultado de la recesión interna que resulta en una disminución de las importaciones.

Otra área que ha sido destacada es la política externa, sobre lo cual no puedo emitir un juicio negativo, pero que, solitaria, no se sustenta; en un año, podemos tener un crecimiento de 4% del PIB, en otro, puede volver a bajar para el 1%, debido a nuestras condiciones de vulnerabilidad y dependencia financiera externa.

CC: Existen entre políticos, intelectuales y militantes, que piensan que el gobierno está en disputa y, en esa lucha, consideran grande la importancia de los movimientos sociales que pueden hacerlo girar a la izquierda ¿Qué piensa de eso?

CO: Yo no creo que el gobierno esté todavía en disputa. Estuvo, pero la dirección hegemónica del gobierno se definió rápidamente; no veo ningún movimiento social que esté ayudando en la disputa de rumbo y sentido del gobierno Lula.

Todo el mundo habla del MST, quieren dejar para los sin tierra la enorme tarea de volcar la balanza hacia el lado de las reformas progresistas. Creo que el MST está haciendo su parte, pero ellos están solos, no van a tener esa fuerza. Otros movimientos sociales no tienen la capacidad de vetar las políticas del gobierno; el funcionalismo (funcionarios públicos) ha sido convertido en el enemigo público número uno, están abatidos. El movimiento sindical tampoco tiene ninguna reivindicación, incluso algunos items de la reforma previsional, por ejemplo, que la CUT defendía, ni siquiera fueron sancionados por el gobierno.

CC: ¿Estaría en curso un nuevo tipo de populismo con el gobierno Lula, conforme a evaluaciones que usted ha hecho en los últimos meses?

CO: Está. Eso es menos una decisión de orientación política y más la contingencia de estar lidiando con políticas fragmentarias, que atienden clientelas y no son universales; de estar lidiando también con movimientos sociales que está fuertemente golpeados: la base social del PT, tradicionalmente, es la clase trabajadora, obreros, que vienen sufriendo un gran erosión en los últimos años.

El populismo surge como una especie de justificación y legitimación del Estado, no por intención de los políticos. No se trata de un populismo tradicional como el que fue sistematizado desde los años 40 hasta el golpe militar del 64, y que se definía por la inclusión de la clase trabajadora en la política por vía autoritaria. Se trata de una especie de neopopulismo, que excluye a la clase trabajadora de la política y que está presente en toda América Latina. El estilo de Lula también va mucho en esa dirección, él quiere hablar por arriba de las clases, por arriba de las categorías, se quiere dirigir directamente al pueblo, lo que, en la literatura sociológico-política, se llama populismo.

CC: Usted viene asociando el rumbo de los acontecimientos para más allá de la descaracterización del PT en tanto partido, evaluando la coyuntura actual como fruto de la llegada al poder de una nueva clase social ligada a los fondos de pensión. ¿Qué puede decir sobre esto?

CO: No es exactamente fruto de la llegada al poder de esa clase, hecho este que apenas completa un largo proceso, contradictorio, oscuro. No se trata de burguesía, de clase trabajadora, no son los ejecutivos clásicos de las grandes empresas, sino una nueva clase que posee otra función en el desempeño del capitalismo en la periferia. Al llegar al gobierno, ella sufre, para utilizar una metáfora del reino animal, una metamorfosis, tal cual una mariposa que completó su evolución.

CC: ¿Usted vislumbra una salida para el escenario actual?

CO: No. Yo, particularmente, me detengo en estudiar y observar los procesos estructurales de medio y largo plazo. Creíamos que el neoliberalismo estaba derrotado, lo que no es verdad, todo los valores que allí están son neoliberales. Lo que fue derrotado fue una cierta coyuntura específica de políticas económicas, vencidas en Argentina, en Brasil, en Venezuela, y en casi todos los otros países de América Latina.

Pero en cuanto a la orientación estructural, en cuanto a la dependencia financiera externa, en cuanto al achicamiento del poder regulatorio del Estado, en cuanto a la valorización de los iconos del mercado, el neoliberalismo se encuentra en plena vigencia, el gobierno Lula ha sido tragado por eso. Esto no es pesimismo, es apenas cuestión de analizar un poco el comportamiento de las economías y las sociedades. Existen situaciones en que solo con optimismo no se resuelve.

Correio da Cidadania Nº 377, diciembre 2003 Traducción de Correspondencia de Prensa

2 trasmissione

Pronunciamento Tribunale Internazionale di Opinione, caso Sur de Bolivar, Colombia

París, noviembre 28 y 29 de 2003

El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon – Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria – Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto;

Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar Sintraminercol La Mesa Regional del Magdalena Medio La Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.

El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:

Constitución Política de la República de Colombia, 1991 Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945 Carta de las Naciones Unidas, 1945 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Convención Internacional contra el Genocidio, 1948 Convención contra la Tortura, 1984 Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966 Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 Código Penal Colombiano, 2001

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez.

El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos:

Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero.

Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:

Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo. Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica. Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del “éxodo campesino” y de dos pobladores de Cerro Burgos. Caso Nº 4: asesinato de participantes en el “éxodo campesino”. Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el “éxodo campesino” de 1998. Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.

Se han escuchado:

- Los informes de los expertos Amicus Curie

Gearoid O´Loinsigh, investigador social Francisco Ramírez, abogado, líder sindical Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor

- Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.

El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.

- Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.

El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de:

Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, y Terrorismo de Estado

El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.

El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.

El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.

ofp

Continúan los asesinatos de mujeres en Barrancabermeja

Hoy denunciamos en Barrancabermeja 120 homicidios en el año 2003, 13 perpetrados en contra de mujeres populares, entre éstas nuestra compañera Esperanza Amaríz, otra mujer, Diana Patricia Pérez que apareció colgada de un árbol con una soga al cuello en la vereda la Independencia, a Zenaida Cuellar Montero desplazada del sur de Bolívar, la sacaron de su casa y la asesinaron.

Por lo menos cinco cuerpos han sido desmembrados y encontrados flotando en el río Magdalena, oficialmente 61 personas han sido víctimas de desaparición forzada, todas ellas con madres, esposas, hijas y hermanas, que aún les lloran y les reclaman sin que alguien les de respuesta.

De 1764 quejas recepcionadas en la Defensoría Regional del Pueblo, en 675, es decir el 38 %, las afectadas son mujeres. El control social ilegal del paramilitarismo ha dejado decenas de mujeres con golpes y heridas en rostros, genitales, glúteos, extremidades y varias han sido violadas. Como me asusta el silencio, la tranquilidad y la pax cuando son producto del miedo y el terror que dejan las acciones de los actores armados ilegales en la sombra, el susurro, la mirada y la explicación de las autoridades constitucionales.

Se podría asegurar por parte de algunos malévolos, que en la ciudad se vive una etapa de ?conformismo puro? o sea la imposibilidad que se siente para cambiar algo, una situación dada, aún cuando ese algo o esa situación nos haga daño o perjudique.

Es decir podrían aseverar, que en el contexto, se vive un conformismo colectivo. Como también, otros, diríamos que vivimos la deshumanización que se siente en cada día en la mesa de cada uno y una de nosotras(os).

Estamos planteando, cosas tan duras y pesadas casi negativas no porque estemos convencidos(as) de ese conformismo puro. Lo hacemos al contrario, intentando crear una vez mas, sensibilidad social en cada ser humano, que cree que la movilización social es una alternativa de cambio.

Entendemos que el terror y el pánico que se ha gestado en los últimos tres años, por parte de un actor armado, que se mueve en la ciudad haciendo las veces de autoridad pública y que los habitantes, le han tomado distancia, porque ellos han logrado crear en cada uno y cada una de los(as) habitantes lo que se conoce con el nombre de pánico colectivo, es decir inmovilidad social, se debe no solo a los actos atroces de estos asesinos sueltos, sino a la permisibilidad, complicidad de la autoridad competente, con tan gigantesco y macabro plan de exterminio civilista.

Aquí todos y todas sabemos quién cuelga mujeres en los árboles, quién deja letreros en sus vaginas, quién castiga a los y las jóvenes, quién desaparece, quién desplaza, pero no es el pánico colectivo lo que hace que el ciudadano o ciudadana no denuncie, sino la falta de garantías para que el (la) ciudadano(a) no sea señalado(a) como un(a) delincuente ante los asesinos.

Esa desconfianza en la justicia, en la autoridad, en el funcionario que representa la ley, es lo que hace que la verdad pública se vuelva verdad secreta, es decir verdad privada.

La verdad privada, es aquella que vecino(a) a vecino(a), trabajador(a) a trabajador(a), se cuenta y comenta de la forma en que suceden los hechos, sus ejecutores y sus cómplices, que teniendo los ojos abiertos los cierran para no mirar la orden de ejecución de su perversidad.

Aquí en la localidad no están en juego cien o doscientos asesinatos más, sino la construcción de una política que salió a defender por EUROPA Y ESTADOS UNIDOS el Señor Vicepresidente de la República, Francisco Santos, la mal llamada Seguridad Democrática. Estamos seguras(os) que los(as) moradores(as) barranqueños(as) sabemos contar a los(as) internacionales, en qué consiste porque la hemos vivido en carne propia todos los días en nuestros barrios.

Las mujeres de la Organización Femenina Popular fieles a nuestros principios civilidad y autonomía, hemos mantenido en alto la voz sobre el silencio que impone el fragor de las armas, un fragor que se hizo mas ensordecedor en las última semanas de noviembre. Irónicamente el mes en que está la fecha del DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Trasmissione

ALCA

22 de noviembre del 2003

Otro traspie norteamericano

Fracaso la cumbre de Miami para implantar el ALCA

Argenpress

Concluyó antes de lo previsto la reunión de Miami en donde Washington quiso imponer, una vez más, el librecomercio a su patio trasero latinoamericano. Los países participantes firmaron un documento anodino que habla de 'negociaciones directas' entre países o bloques regionales.

En realidad, lo que se impuso fue el criterio de Brasil, seguido por la Argentina.

Afuera del edificio donde deliberaron, en Miami, 34 países, sobre el comercio internacional y el ALCA, rugían las manifestaciones y se producían enfrentamientos entre policías militarizados y, particularmente, jóvenes anarquistas. Helicópteros artillados sobrevolaron el área e intimidaban a la multitud contestataria. Había también miles de patrulleros policiales, rejas, y todo tipo de muros de contención para que los manifestantes no llegaran al edificio donde deliberaron, con magros resultados, los países americanos.

Se trató de una pulseada que el gobierno de George W. Bush perdió. Había empleado toda clase de presiones, políticas, económicas, tácticas. Todo sigue igual y cualquier negociación será como hasta ahora, donde cada país hará valer sus reservas comerciales, especialmente contra los aranceles agrícolas y al acero, de los norteamericanos.

La verdadera lucha está por comenzar. Estados Unidos lanzó durante la cumbre una serie de negociaciones paralelas con algunos gobiernos que quieren avanzar más rápido en la apertura comercial. Terminarán como México, apretados por los aranceles y la producción norteamericana.

La cumbre, sin embargo, fue un triunfo para Brasil. Después de todo, fue su gobierno el que propuso la idea de un ALCA limitado y el que logró imponerla a Estados Unidos, que quería un acuerdo más amplio y generalizado para imponer todos los productos y criterios comerciales.

De acuerdo a la declaración final, se trata de un ALCA ficto a dos niveles. Uno incluye compromisos y obligaciones comunes para todos los países. En el otro nivel cada país puede decidir en cuál de los nueve temas quiere avanzar más rápido: accesos a mercados; propiedad intelectual; política de competencia; solución de conflictos; subsidios y medidas antidúmping; agricultura; inversiones; servicios y compras gubernamentales.

Los negociadores brasileños, liderados por Celso Amorim, no sólo fueron quienes propusieron el nuevo enfoque, sino que también quienes lograron imponerlo a países como México, Chile y Canadá, que, si bien aprobaron la declaración final y hablaron en su favor al final, fueron muy críticos durante la reunión. La Argentina siguió a Brasil, fortificándose el MERCOSUR.

La cumbre confirmó que Brasil emerge como poder comercial, como ocurrió en Cancún durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.

También confirmó el poco margen de maniobra que tienen los Estados Unidos cuando negocian con mercados tan atractivos como el brasileño. Desde un principio quedó en claro que no habría ALCA sin Brasil.

Pero no sólo eso. Después del fracaso de Cancún, Estados Unidos quería evitar un nuevo fracaso, sobre todo en Miami, donde Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush es el gobernador, y donde los empresarios tiene tanto interés por el marco latinoamericano. los norteamericanos fracasaron en su intento y firmaron un documento anodino.

Lo que demuestra la situación es la fuerza posible del MERCOSUR para todo tipo de negociación económica. Argentina tiene que mantenerse en el mismo y debe ser incorporada Venezuela. La Argentina sostiene que hasta naciones caribeñas -como Cuba- debe integrarse al bloque regional encabezado por Brasil y Argentina.

Este es un triunfo de la burguesía nacional paulista, cuyo programa es el que, en cuanto al ALCA y el MERCOSUR, está cumpliendo Lula. La Argentina carece de una burguesía nacional y sus grupos de empresarios son meros depredadores aliados al capital financiero internacional.

23 de noviembre del 2003

La gallina en su balcón... presidencial

Sebastián López

Rebelión

Preocupados por exorcizar los fantasmas de una negociación mal avenida por lo menos desde la Cumbre de la OMC en Cancún, los ministros de economía y comercio de 34 de los 35 países del continente reunidos en Miami se apuraron a dejar claro que la adelantada clausura de los trabajos de su penúltima reunión con miras a la firma de los acuerdos que sustenten el Área de Libre Comercio de las Américas se debió no a la imposibilidad de llegar a acuerdos, sino a la capacidad negociadora de los operadores políticos de unas y otras representaciones.

"Miami no es Cancún", repetían una y otra vez las autoridades locales, y para dar garantía de ello dispusieron de un agente policial por cada seis manifestantes de los 20 mil altermundistas que acudieron a la cita de su más reciente participación globalicrítica, además de la promulgación de leyes tan ridículas como la de arrestar aquellos grupos de personas armados de esos enormes títeres conocidos como mojigangas.

Ya pueden respirar tranquilos tanto el Tío Sam como sus sobrinos en las gerencias nacionales de los países supuestamente democráticos del hemisferio: Miami concluyó con la promesa de que las negociaciones continuarían y con una declaración que, a pesar de su carácter light, continúa ofreciendo un amplio margen de maniobra política y ventaja comercial a los Estados Unidos, sus transnacionales y sus organizaciones financieras internacionales.

Así lo demuestra el hecho de que no se le haya podido sacar a Estados Unidos el compromiso concreto de reducir los subsidios a su propia producción agrícola; mientras otros temas igualmente delicados como protección a la inversión extranjera, compras del sector público, servicios y propiedad intelectual continuaron dentro de la declaración final asegurando el embate neoliberal que en México posibilita que el Ejecutivo federal proponga la desincorporación de organismos, instituciones y centros de investigación y docencia de la talla de Imcine, el CCC-INBA, los Estudios Churubusco, las Librerías Educal, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Áridas; entre otros.

Según lo recogido por los medios de comunicación, algunas delegaciones quedaron satisfechas de los resultados de la cumbre, pues, aseguran, se consiguió que el ALCA pudiera flexibilizarse y ser negociado de acuerdo con las necesidades específicas de cada país de la región. Sin embargo, parecen no leer las letras, no tan pequeñas, del nuevo contrato de compra- venta de sus naciones, el cual establece que el ALCA podrá coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida, es decir, sí sólo sí, los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no están cubiertos o exceden los derechos y obligaciones del ALCA, mediante negociaciones plurilaterales de desarrollo de disciplinas y liberalización adicionales, pero no supletorias.

Continúan los asesinatos de mujeres en Barrancabermeja

Hoy denunciamos en Barrancabermeja 120 homicidios en el año 2003, 13 perpetrados en contra de mujeres populares, entre éstas nuestra compañera Esperanza Amaríz, otra mujer, Diana Patricia Pérez que apareció colgada de un árbol con una soga al cuello en la vereda la Independencia, a Zenaida Cuellar Montero desplazada del sur de Bolívar, la sacaron de su casa y la asesinaron.

Por lo menos cinco cuerpos han sido desmembrados y encontrados flotando en el río Magdalena, oficialmente 61 personas han sido víctimas de desaparición forzada, todas ellas con madres, esposas, hijas y hermanas, que aún les lloran y les reclaman sin que alguien les de respuesta.

De 1764 quejas recepcionadas en la Defensoría Regional del Pueblo, en 675, es decir el 38 %, las afectadas son mujeres. El control social ilegal del paramilitarismo ha dejado decenas de mujeres con golpes y heridas en rostros, genitales, glúteos, extremidades y varias han sido violadas. Como me asusta el silencio, la tranquilidad y la pax cuando son producto del miedo y el terror que dejan las acciones de los actores armados ilegales en la sombra, el susurro, la mirada y la explicación de las autoridades constitucionales.

Se podría asegurar por parte de algunos malévolos, que en la ciudad se vive una etapa de ?conformismo puro? o sea la imposibilidad que se siente para cambiar algo, una situación dada, aún cuando ese algo o esa situación nos haga daño o perjudique.

Es decir podrían aseverar, que en el contexto, se vive un conformismo colectivo. Como también, otros, diríamos que vivimos la deshumanización que se siente en cada día en la mesa de cada uno y una de nosotras(os).

Estamos planteando, cosas tan duras y pesadas casi negativas no porque estemos convencidos(as) de ese conformismo puro. Lo hacemos al contrario, intentando crear una vez mas, sensibilidad social en cada ser humano, que cree que la movilización social es una alternativa de cambio.

Entendemos que el terror y el pánico que se ha gestado en los últimos tres años, por parte de un actor armado, que se mueve en la ciudad haciendo las veces de autoridad pública y que los habitantes, le han tomado distancia, porque ellos han logrado crear en cada uno y cada una de los(as) habitantes lo que se conoce con el nombre de pánico colectivo, es decir inmovilidad social, se debe no solo a los actos atroces de estos asesinos sueltos, sino a la permisibilidad, complicidad de la autoridad competente, con tan gigantesco y macabro plan de exterminio civilista.

Aquí todos y todas sabemos quién cuelga mujeres en los árboles, quién deja letreros en sus vaginas, quién castiga a los y las jóvenes, quién desaparece, quién desplaza, pero no es el pánico colectivo lo que hace que el ciudadano o ciudadana no denuncie, sino la falta de garantías para que el (la) ciudadano(a) no sea señalado(a) como un(a) delincuente ante los asesinos.

Esa desconfianza en la justicia, en la autoridad, en el funcionario que representa la ley, es lo que hace que la verdad pública se vuelva verdad secreta, es decir verdad privada.

La verdad privada, es aquella que vecino(a) a vecino(a), trabajador(a) a trabajador(a), se cuenta y comenta de la forma en que suceden los hechos, sus ejecutores y sus cómplices, que teniendo los ojos abiertos los cierran para no mirar la orden de ejecución de su perversidad.

Aquí en la localidad no están en juego cien o doscientos asesinatos más, sino la construcción de una política que salió a defender por EUROPA Y ESTADOS UNIDOS el Señor Vicepresidente de la República, Francisco Santos, la mal llamada Seguridad Democrática. Estamos seguras(os) que los(as) moradores(as) barranqueños(as) sabemos contar a los(as) internacionales, en qué consiste porque la hemos vivido en carne propia todos los días en nuestros barrios.

Las mujeres de la Organización Femenina Popular fieles a nuestros principios civilidad y autonomía, hemos mantenido en alto la voz sobre el silencio que impone el fragor de las armas, un fragor que se hizo mas ensordecedor en las última semanas de noviembre. Irónicamente el mes en que está la fecha del DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

COLOMBIA

Noviembre 21 de 2003

Comité contra Tortura de ONU, preocupado por alto número de desapariciones en Colombia

También reprueba el reclutamiento por medio tiempo de campesinos para que actúen como soldados.

En sus conclusiones sobre el caso colombiano, los expertos del Comité critican también el establecimiento de una red de informantes civiles pagados, el clima de impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la tolerancia que el Estado muestra frente a la actividad de grupos paramilitares.

La semana pasada, este órgano de la ONU recibió a representantes del Gobierno colombiano que presentaron un informe oficial sobre la situación interna de los derechos humanos, en las inquietudes expresadas por el Comité.

Los expertos independientes que integran el Comité recibieron también información de diversas ONG sobre las violaciones a los derechos y libertades fundamentales.

Con esos elementos de juicio y en función de sus propias investigaciones, los miembros del Comité recomendaron al Gobierno adoptar medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar a los responsables de violaciones de los derechos humanos ante la justicia, así como ofrecer adecuadas compensaciones a las víctimas.

Además, plantearon que se entrene al personal médico sobre la manera de determinar que un caso corresponde a tortura o malos tratos, y que se garantice el respeto de los derechos de todos los detenidos, incluyendo la mejora de las condiciones en los lugares de arresto.

Informe de AI sobre tortura

Peter Drury y Marcelo Pollack, voceros de Amnistía Internacional (AI), manifestaron ayer la preocupación de este organismo porque “el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones con el Comité contra la Tortura y no está tomando las medidas necesarias para combatirla”, pese a las recomendaciones de la ONU, la OEA y las ONG.

Políticas del Gobierno como la posibilidad de darle facultades de policía judicial a la Fuerza Pública, la ley de alternatividad penal y las posibles reformas a la Fiscalía, según Drury “permitirían que la tortura y la impunidad aumenten”.

AI pidió “imparcialidad e independencia en las investigaciones” en las que están involucrados altos mandos militares y recomendó al Gobierno crear mecanismos que permitan investigaciones completas.

Reserva de organizaciones de derechos humanos en E.U. sobre pasado del general Carlos Alberto Ospina

Los cuestionamientos contra el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares se hacen extensivas al general Fredy Padilla de León.

Las ONG, entre las que se cuenta Human Rights Watch (HRW) tiene desde hace años en su “lista negra” a Ospina Ovalle. Aún así, los cargos que le imputan nunca han sido ni comprobados o siquiera materia de investigación.

Las acusaciones se remontan al período 1997-1999, cuando Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Se rumoraba entonces que varios de sus batallones, entre ellos el Granaderos, colaboraban con los paramilitares en el área. En octubre del 1997, un grupo de paramilitares ingresó al poblado del Aro y fusiló a cuatro personas.

Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recibió testimonios de varias personas que vincularon a miembros de la Cuarta Brigada con los asesinatos. Al ahondar en las pesquisas, la Fiscalía pudo establecer que en los teléfonos de jefes militares de los batallones aparecían llamadas hechas o recibidas de paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Registros de las llamadas, incluso, aparecían en los teléfonos del jefe de estado mayor de la Brigada. Varios ex paramilitares que testificaron ante la Fiscalía, denunciaron también sus nexos con el Ejército en la zona.

En 1999 se ordenó la detención de los coroneles David Hernández y Diego Fino, en relación con la masacre del Aro. Después, ambos escaparon del arresto en el que estaban en la sede de la Cuarta Brigada. Tras su fuga, Hernández -dicen las fuentes- se unió a los paramilitares en el departamento del César. Y allí se quedó la investigación oficial.

Pero para Robin Kirk, de Human Rights Watch, es claro que algo estaba pasando en la Cuarta Brigada y que Ospina, como jefe de esta, debe responder por los hechos. “No tenemos pruebas de nexos entre Ospina y los paras. Pero dice mucho el hecho de que su jefe de Estado Mayor y sus coroneles sí los tuvieran. Lo mínimo sería investigar la actuación del general. Si no sabía lo que pasaba, debe responder por su negligencia y si estaba enterado, con mayor razón pues sería un criminal”, afirma Kirk.

Según HRW, el hecho de que contra Ospina no existan cargos pendientes o se le haya abierto investigación alguna, no demuestra su inocencia, sino que nunca se realizó la investigación exhaustiva que merecía el caso.

“No lo estamos condenando. Pero Ospina tiene un largo historial de preguntas que debe responder”, dice Kirk.

Human Rights Watch ha mencionado el caso del General en diversos reportes, como “La Sexta División: los lazos entre los militares y los paramilitares”, publicado en el 2001. Además, le ha insistido al Departamento de Estado en que el caso de Ospina prueba que Colombia no cumple con las condiciones en derechos humanos que fijó el Congreso como previa condición para el desembolso de los recursos del Plan Colombia.

Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe certificar cada año que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a todo militar sobre el que exista evidencia creíble de sus lazos con el paramilitarismo. En el caso de Ospina, piensan las ONG estadounidenses, se le debió retirar del servicio mientras se establecía su responsabilidad por sus actuaciones como jefe de Cuarta Brigada.

Freddy Padilla, otro de los generales ratificados por Uribe, también es señalado en los reportes de HRW, pues en julio del 2000 la Procuraduría lo vinculó formalmente al caso de la masacre de Puerto Alvira, de 1997.

Lo que diferencia, en el caso de Ospina, al de otros altos mandos militares que en el pasado han sido también señalados por las Ong, como Rito Alejo Del Río, Rodrigo Quiñónez o Fernando Millán, es que su responsabilidad, hasta que se pruebe lo contrario, sería indirecta. Es decir, por las acciones de aquellos bajo su mando.

Sergio Gómez Maseri

Amnistía Internacional critica nombramiento de general Carlos Alberto Ospina

La organización de defensa de los derechos humanos aseguró en Estados Unidos que esta decisión raya en el escándalo.

En un comunicado, agrega que la decisión de designarlo comandante de las Fuerzas Militares, tomada por el presidente Álvaro Uribe, parece una nueva señal de su "desdén" por los derechos humanos y su disposición a tolerar a los comandantes abusivos.

"El general Ospina tiene un largo historial de colaboración con las fuerzas paramilitares responsables de bárbaros ataques contra los civiles", señala el comunicado de AI.

La designación de Ospina fue anunciada el ayer en una rueda de prensa por el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe.

AI señaló que cuando Ospina fue comandante de la Cuarta Brigada entre 1997 y 1998, "las tropas bajo su mando cometieron una serie de matanzas, ejecuciones y torturas".

La organización agregó que la designación del militar es también una bofetada a E.U., que ha reiterado al gobierno de Colombia que la ayuda para la seguridad está condicionada a que se respeten los derechos humanos.

Añadió que E.U. debería ver la designación de Ospina como una prueba de que el gobierno y los militares colombianos no toman en serio esas condiciones.

"Estados Unidos debe ir más allá de sus advertencias verbales a Colombia y suspender las asignaciones finales de ayuda para la seguridad correspondientes a 2003" debido a las críticas planteadas respecto a los derechos humanos, dijo AI.