trasmissione 05-01-2004

5 de enero del 2004

Comunicado zapatista leido a las 24 horas (hora zapatista) del 31 de diciembre en Oventik

"Sólo en resistencia y en rebeldía podemos ir construyendo nuestra autonomía como pueblos indígenas"

Compañeros y compañeras bases de apoyo, responsables locales y regionales, compañeras y compañeros integrantes de los Concejos Autónomos, compañeros miembros de la Junta de Buen Gobierno, compañeros y compañeras autoridades de salud, educación, y todos los que integran esta área de trabajo: hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, los que están presentes y los que no están presentes pero que de alguna manera nos acompañan y nos apoyan:

Hoy estamos reunidos para conmemorar el décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque es la parte más importante de nuestra gran historia como pueblos indígenas, porque es cuando los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron en guerra contra el olvido, contra la discriminación, contra el saqueo de nuestras riquezas naturales, contra la explotación y opresión y contra toda clase de injusticia que desde hace más de 500 años hemos venido padeciendo los pueblos originarios de estas tierras.

Pero hoy se cumplen 10 años de que estamos en guerra, 10 años de lucha y resistencia como pueblos indígenas, porque llevamos 10 años que estamos viviendo bajo amenazas, hostigamiento y cercos militares y paramilitares que han preparado y organizado el mal gobierno contra nuestros pueblos.

Por eso todos los trabajos que se han hecho en los pueblos y municipios autónomos en la zona zapatista.

Todo ha sido en resistencia y rebeldía porque nuestros trabajos en salud, educación, comercialización y la formación de los municipios autónomos han sido golpeados por los planes y programas contra insurgentes del mal gobierno.

A pesar de todo esto, hemos podido avanzar en nuestra lucha en los diferentes trabajos, pero gracias a la decisión y participación de los compañeros y compañeras de los pueblos y regiones, pero también en el apoyo y solidaridad de muchos hermanos y hermanas del mundo.

Durante este 2003 dimos pasos importantes en nuestra lucha: se cambiaron los nombres de Los Aguascalientes y ahora se llaman Los Caracoles y también se formaron las Juntas de Buen Gobierno que son las que tienen que gobernar a nuestros pueblos en resistencia.

También se formaron más municipios autónomos y se reorganizaron los diferentes trabajos para fortalecer nuestra resistencia, por eso les pedimos a todos los compañeros y compañeras de todas las regiones y municipios que sigan llevando adelante nuestros trabajos sin rendirnos ni vendernos con el mal gobierno.

Sólo en resistencia y en rebeldía podemos ir construyendo nuestra autonomía como pueblos indígenas, porque no esperamos de los malos gobiernos permiso para que los pueblos indígenas podamos vivir con libertad y con autonomía.

Sólo si los pueblos indígenas de Chiapas, de México y de todo el mundo, cuando tomamos en nuestras manos nuestros derechos y nuestra libertad para construir y fortalecer nuestra autonomía, no hay por qué tener miedo para hacerlo, porque estamos protegidos por las leyes y acuerdos nacionales e internacionales.

Saludamos y agradecemos el apoyo y la solidaridad de muchos miles de hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, porque así hemos podido resistir y vivir durante 10 años en guerra.

Por eso les pedimos que sigan apoyando en lo que puedan, pero también les pedimos que se organicen y luchen en sus propios pueblos y naciones contra el enemigo común, que es el proyecto y los planes del neoliberalismo.

Contra ese enemigo hay que luchar sin descanso, porque está dejando en la miseria y el olvido a muchos millones de hermanos en el mundo entero.

Es todo nuestra palabra.

¡Democracia, Libertad y Justicia!.

4 de enero del 2004

Colombia: editorial del Correo del Magdalena

Terrorismo de estado e institucionalización fascista

Sistema Informativo Patria Libre

Unos pocos retazos es lo que queda de la Constitución del 1991, que consagró algunos avances en derechos y libertades individuales. De los que la defendieron en ese entonces y siguen defendiéndola quedan bien pocos. Algunos intimidados no tienen aliento para abrir la boca o viajaron al exilio y otros, quizá la mayoría, se han pasado a la otra orilla, del lado de los enterradores.

Desde el inicio la ultraderecha, incómoda con los avances, conspiró contra lo que ella tenía de democrático, dando rienda suelta al proceso de hundirla desgarrada y por pedazos.

El Estatuto Antiterrorista, aprobado el 10 de diciembre último en el Senado, desmantela los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución que establecían la inviolabilidad de las comunicaciones y el libre movimiento de las personas, prohibían las detenciones y allanamientos sin orden judicial y no permitían que las fuerzas armadas fuesen juez y parte a la vez.

Con esta aprobación se legalizan las atrocidades de los responsables del terrorismo de Estado y se fortalece su estructura de guerra sucia, confiriéndoles dispensa para que sigan cometiendo impunemente los crímenes. Antes lo hacían sin Estatuto y ahora lo harán con más fuerza y descaro, bajo la égida de la ley maldita. Hay un cambio, pero para mayor desgracia del país.

Los jinetes de la guerra sucia empotrados en las instituciones del Estado tienen por qué estar de pláceme pues el Congreso los premió el día universal de los derechos humanos con la aprobación de la ley que reclamaron insistentemente y que les confiere franquicia para continuar con los crímenes horrendos y las arbitrariedades, sin las amarras de la incómoda ilegalidad que tantos sinsabores les producía.

También están de fiesta los generales lenguaraces que ya están diciendo que ahora sí van a derrotar la insurgencia en poco tiempo porque tienen el instrumento que reclamaban desde años atrás. Se sienten tan seguros del éxito con las manos libres para actuar, que hasta apuestan la renuncia si fracasan en un año. Al calor de ellos los negociantes de la guerra baten palmas porque se les despejó el panorama para hacer prósperas inversiones en la maquinaria de la muerte.

El que no tiene de qué alegrarse es el país con el agregado de semejantes perversidades. Por el contrario crece la angustia porque serán mayores los sufrimientos y peores los días a los vividos hasta hoy.

Lo que se avecina es muy grave para Colombia pues el estatuto que entrará en vigencia en unos pocos meses modifica la Constitución y confiere facultades especiales a reconocidos violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a funcionarios sin escrúpulo que escriben novelones con testigos comprados, inocentes condenados y culpables libres; a militares y fiscales corruptos refundidos en la telaraña del narcotráfico y el paramilitarismo impartiendo "su justicia", para vergüenza del país y horror de la humanidad.

Dentro de poco, y con el pretexto de la cruzada contra el terrorismo acuñada por el Sr. Bush, los agentes del gobierno podrán arrasar lo poco que queda de organizaciones y dirigentes sociales, conculcar las libertades individuales y derechos civiles de los ciudadanos, mostrar humildes colombianos asesinados y encarcelados como resultado de combates que nunca se dieron con "terroristas", como siempre han hecho para abultar cifras, hacer méritos y satisfacer a los patrocinadores.

Con la categórica exigencia hecha por el Presidente a los generales, de presentar resultados en corto tiempo o se van para la casa, tendrá que ser mayor la contabilidad de muertos y presos inocentes para conservar el puesto.

No es "caña", ni cualquier cosa el ciclón que está anunciado desde la campaña presidencial en el programa de gobierno de Uribe, con el respaldo del establecimiento y el asesoramiento del imperio. Con el pretexto de la defensa de la seguridad ciudadana viene sepultando lo que resta de Estado social de derecho, con las reiteradas reformas al poder público está dando pasos a la institucionalización de un Estado autoritario de corte fascista.

Con su prepotencia no escucha las voces sensatas de humanistas e instituciones solidarias defensoras de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, que rechazan el estatuto por funesto e inconveniente para la democracia y los derechos humanos. Ni siquiera la voz autorizada de la ONU y sus advertencias fueron escuchadas, pues ha hecho caso omiso de las recomendaciones y de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano.

De esta estrategia de inspiración fascista hay que esperar lo peor: que la intolerancia convierta y trate como enemigo a quien no es su amigo, que para terminar de eliminar al movimiento social extienda el concepto de terrorismo e incluya como tales a los luchadores gremiales y sociales, los que hacen oposición al régimen y por supuesto a quienes reivindicamos el nuevo país.

Tampoco es de extrañar que la guerra de exterminio legalizada contra los colombianos se irradie hacia los países vecinos como parte del Plan Colombia para atajar el auge de los movimientos sociales en el sur del continente, que tienen en aprietos al establecimiento y enredada la estrategia colonizadora del imperio. El asesinato de siete militares venezolanos a manos de paramilitares en la frontera con Colombia puede ser el anuncio de una provocación con propósitos de más largo alcance.

Es también de esperar la intensificación de la ofensiva ideológica, complementaria de la militar, contra la insurgencia dirigida a borrarle el carácter político de su lucha y a aislarla recurriendo al calificativo de terrorista y al montaje de espantosas mentiras para fundamentarlo. Desde luego no será fácil lograrlo pues la naturaleza genuinamente política de la guerrilla colombiana no depende de un acto gubernamental, sino de los objetivos altruistas que persigue y que la identifican con los intereses de las grandes mayorías nacionales.

Pero lo perverso y rechazable, desde todo punto de vista ético y moral, es que el gobierno equipare como guerrilla a la población civil residente en las zonas de confrontación y la involucre en el conflicto.

Las últimas instrucciones dadas por el Presidente a la tropa, donde le ordena hacer detenciones masivas, bloquear la entrada y salida de alimentos a comunidades y le exige resultados inmediatos en la guerra contrainsurgente, es apenas el abrebocas ACCENNO de lo que se está cocinando. Estas medidas refrescan el recuerdo de las torturas en las caballerizas de Usaquén, durante el gobierno de Turbay Ayala, la horrorosa noche con Laureano Gómez a mediados del siglo pasado y la pesadilla que envolvió a los europeos en la primera mitad del siglo XX.

Los espacios y condiciones para avanzar en la solución política y lograr la paz con justicia social y desarrollo, se distancian cada día que pasa con las características que está tomando el régimen.

La comedia montada con la desmovilización de un grupo de paramilitares y las negociaciones que continúan tras bambalinas, además de pretender legalizar a los narcoparamilitares amigos e incluirlos en la fuerza pública, busca con la mímica de la ternura y el perdón a éstos, enviar mensajes a la opinión internacional de que está logrando la paz.

Con el panorama que se anuncia, los ungidos del unanimismo de Uribe serán los únicos a salvo del estatuto recién aprobado y de las barbaridades que a su sombra van acontecer.

Los negros nubarrones que se ciernen sobre Colombia preludian grandes tempestades. Lo que está sucediendo es muy grave como para quedarnos cada quien quieto o haciendo lo suyo desde su esquina. Antes que la tromba arrase con todo y todos se impone, con carácter de emergencia, sumar fuerzas y esfuerzos para resistir y enfrentar con firmeza y valor el régimen que se está implantando y acumular para avanzar con la perspectiva cierta de construir la Nueva Colombia que soñamos.

No se puede esperar más. Revolucionarios, demócratas y progresistas que soñamos con el otro país, que nos estremece lo que se avecina y definitivamente no cabemos en el país de hoy, tenemos que hacer un frente común. Estamos en el cuarto de hora de las grandes decisiones, de unirnos para salvarnos en torno a lo que tenemos de común respetando las diferencias, de aliarnos en torno a plataformas amplias que tengan al centro la defensa de la patria, la democracia, el desarrollo con interés de nación y la justicia social para los colombianos.

¡Atrevámonos ya!. Está la patria de por medio y el futuro de los colombianos. Demos pasos unitarios enterrando sectarismos y actitudes prepotentes, dañinas y convirtamos el 2004 en el año de la unidad para resistir y combatir el régimen.

ELN-Ejercito de Liberacion Nacional, Colombia

21 de diciembre del 2003

Declaran comunidades campesinas ruptura con la justicia colombiana César Jerez Agencia Prensa Rural

En un hecho sin precedentes, el 9 de diciembre, en el marco del día internacional de los derechos humanos, cuatro comunidades campesinas colombianas desconocieron la legitimidad del sistema judicial colombiano y se declararon en abierta ruptura con la administración de justicia, a la que calificaron de "corrupta, degradada y envilecida".

A continuación reproducimos el texto completo de la histórica declaración de ruptura, que según las organizaciones que la suscriben "pretende abrir un debate sobre el problema de la impunidad y la arbitrariedad de la justicia en Colombia".

DECLARATORIA

Desde hace muchos meses los colombianos nos hemos venido estremeciendo, cada vez con mayor frecuencia, ante las decisiones del poder judicial, y especialmente de la Fiscalía.

Se anuncian constantemente detenciones masivas o individuales que afectan a un amplísimo espectro de profesiones, organizaciones y sectores sociales: alcaldes, concejales, dirigentes políticos, sindicalistas, pobladores de barrios marginados, obispos, sacerdotes, médicos, artesanos, intelectuales, técnicos, estudiantes, militantes de una amplia gama de partidos o facciones políticas legales, así como dirigentes, militantes y colaboradores de organizaciones y comunidades agrarias, de comunidades que reivindican el derecho a no ser involucradas en el conflicto armado, de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de proyectos sociales. Llama la atención que se les acusa siempre de "rebelión", "terrorismo" o "concierto para delinquir"; que ordinariamente las acusaciones sean elaboradas y las capturas efectuadas por agentes de la rama ejecutiva del poder público, como los miembros de la fuerza pública, y que las "pruebas" se basen en "testimonios" vulnerables a to do tipo de manipulaciones, presiones, recompensas y sobornos, o en "informes de inteligencia" que ni siquiera tienen el respaldo de un responsable, sino que alegan fundarse en llamadas telefónicas o escritos anónimos que nadie puede comprobar jamás si siquiera existieron.

La "justicia" ha llegado así a un máximo nivel de degradación y envilecimiento. Aunque desde hace muchas décadas ha sido objeto de escándalo para la comunidad internacional el nivel de impunidad e ineficiencia con que la justicia colombiana actúa frente a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, así como el nivel de arbitrariedad y parcialidad con que se juzga a quienes se oponen o denuncian las grandes injusticias del régimen y trabajan en la búsqueda de alternativas políticas y sociales, sin embargo se había procurado salvar algunas apariencias formales que buscaban legitimar el aparato judicial, creando instancias con mayor conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en organismos de control. Hoy todas esas instancias han sido cooptadas o copadas por funcionarios y funcionarias que se han plegado a las directrices que emanan de la cabeza del ente investigativo ce ntral, habiendo sido destituidos e incluso perseguidos y exilados quienes defendieron principios innegociables de la justicia universal.

Quienes suscribimos este documento estamos convencidos de que la justicia, para ser legítima, necesita respetar unos mínimos parámetros que la historia de la civilización ha convertido en requisitos esenciales de su aceptación y vigencia. La mayoría de esos principios son burlados hoy día en Colombia de manera flagrante.

Así, por ejemplo, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser acusado de delitos que no estén previamente definidos en leyes preexistentes, con precisión y sin ambigüedades, es burlado al extender arbitrariamente los tipos penales de rebelión, terrorismo o concierto para delinquir, a las conductas más cotidianas de la población y al ejercicio ético de muchas profesiones, recurriendo a conexiones en extremo imaginativas entre esas actividades normales, legítimas y legales, y las conductas punibles contempladas en la ley. Pero la observación de estas prácticas judiciales nos lleva a concluir que lo que en primera instancia se pretende es estigmatizar y destruir organizaciones y personas que no comparten o denuncian los niveles aterradores de injusticia y de represión que el régimen actual está implementando.

Por otra parte, el principio del debido proceso exige, por encima de todo, en quienes el Estado designa para investigar, juzgar y sancionar, un nivel de independencia, imparcialidad y honestidad fundamentales, que constituyen la base imprescindible de legitimidad del aparato judicial. El desarrollo de la civilización ha ligado la independencia e imparcialidad a la separación de poderes que caracteriza todo régimen democrático. Pero en nuestro caso, quienes están construyendo las acusaciones; buscando y elaborando "pruebas" que no son pruebas; reuniendo "testigos" que no son testigos, bajo todo tipo de sobornos, presiones, amenazas, torturas y recompensas extraídas al erario público, y efectuando las capturas, muchas veces en medio de tratos degradantes, son agentes de la rama ejecutiva del poder público, y precisamente los miembros de la fuerza pública, cuya imparcialidad dentro del conflicto social y armado es, podría decirse, estructuralmente inexistente, toda vez que son a ctores del conflicto, en el cual participan con niveles de emotividad, odio y venganza demasiado intensos y evidentes, a juzgar solo por su lenguaje cotidiano difundido por todos los mass media.

Por añadidura, el grado de polarización que afecta a nuestra sociedad, donde los últimos gobiernos han combatido y castigado intensamente las posiciones imparciales frente al conflicto social y armado, ha facilitado la penetración del paramilitarismo en muchos estamentos e instituciones, y una de ellas es la de la administración de justicia. Pasma comprobar que el informe rendido el 27 de septiembre de 2002 por un mismo funcionario de la Fiscalía, que revelaba la existencia de 54 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, no haya sido sometido a investigación ni procedimientos judiciales, y que las otras instancias del poder judicial se hayan mostrado indiferentes ante el evento, y mucho más las otras ramas del poder público, dejando como único resultado la destitución y persecución del funcionario denunciante. Pasma aún más comprobar en el día a día cómo son absueltos los grandes dirigentes de las estructuras paramilitares y los responsables de las más grandes masacres, cuyos procesos son precluídos o archivados, mientras se mantiene en prisión y se cobija con resoluciones acusatorias a las víctimas de innumerables montajes judiciales a lo largo y ancho del país. No es extraño, entonces, ver cómo muchas fiscalías funcionan en los mismos cuarteles militares y cómo muchos fiscales conciben su función como un simple apéndice del poder militar.

Ninguna justicia puede ser reconocida como válida cuando se separa tan claramente de principios éticos elementales y todavía menos cuando burla principios jurídicos universales que la civilización fue diseñando como fundamentos de su validez. Someterse a una tal "justicia" implica traicionar la propia conciencia. De allí que sea plenamente válido, en las circunstancias actuales del país, en que se ha llegado a una degradación y envilecimiento extremos de la justicia, apelar a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

Nuestra Constitución colombiana establece, en el artículo 18, que "nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia". Los firmantes y adherentes a este documento, nos acogemos a ese derecho constitucional, que constituye además un derecho humano universal, para declararnos EN RUPTURA CON EL ACTUAL SISTEMA JUDICIAL.

A lo largo y ancho del país las fuerzas armadas y no pocos funcionarios judiciales han venido anunciando numerosas judicializaciones que amenazan la libertad de las organizaciones cívicas, sociales, campesinas, indígenas, sindicales, humanitarias y políticas que propenden por otra manera de organizar la sociedad dentro del respeto por parámetros elementales de justicia social. Quienes suscribimos y nos adherimos a esta declaración, nos negaremos a colaborar con esa falsa justicia; no responderemos a indagatorias ni nombraremos abogados defensores y tampoco aceptaremos abogados de oficio.

Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de Conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como PRISIONEROS DE CONCIENCIA. Pedimos a los gobiernos extranjeros, a sus misiones diplomáticas en Colombia y a los organismos intergubernamentales, que desconozcan el sistema judicial colombiano tan corrupto, degradado y envilecido, y que ejerzan toda su presión moral y política para que Colombia reconstruya su administración de justicia dentro del respeto por los principios éticos y jurídicos fundamentales que la civilización ha diseñado como condiciones de validez de los aparatos de justicia.

- Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Consejo Comunitario de La Nupa - Asociación Campesina de Arauca - ACA - Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC

trasmmissione 29.12.2003

28 de diciembre de 2003

Reflexiones sobre 2003: Ideólogos y Profetas, Izquierda y Derecha James Petras Traducido para Rebelión por Marina Trillo

El 2003 no fue un año de Victorias Históricas ni Derrotas Históricas; fue un año de relaciones de poder constantemente cambiantes entre el imperialismo y los movimientos de resistencia popular. El imperio estadounidense y sus socios coloniales israelíes pudieron conquistar países y territorios nuevos pero no pudieron consolidar su dominio frente al aumento de la resistencia popular. La economía estadounidense no entró en declive ni se desplomó como predijeron algunos izquierdistas, sino que se expandió y ganó ímpetu a medida que avanzaba el año, aún cuando empeoraran los “fundamentos económicos”, especialmente el déficit por cuenta corriente y el presupuesto. Los oráculos tanto de la izquierda como de la derecha se equivocaron: los EEUU no experimentaron ni una crisis terminal ni triunfos irrevocables. Los pronósticos de año en año son problemáticos y a largo plazo son tan exactos como la astrología. En las derechas, los profetas de exitosas guerras coloniales, empezando con Irak, Palestina y siguiendo después con Irán, Siria y Líbano quedaron rápidamente desacreditados. Primero por los heroicos combatientes de la resistencia Palestina cuyo sacrificio y dedicación bloqueó la visión totalitaria de Sharon de un estado judío étnicamente puro. En Irak, la resistencia popular masiva después de la conquista colonial, infligiendo millares de heridos y centenares de muertos a la potencia ocupante dejó en evidencia a los intrigantes Sionistas-Rumsfeld del Pentágono, socavando su autoridad en todas partes, incluso en partes del ‘establishment’ de Washington.

No hubo victorias militares decisivas para los EEUU ni venturosas victorias políticas: El 2003 fue un año de transición. Los mayores perdedores fueron los sionistas, como Wolfowitz, Perle, Feith que proyectaron una serie de guerras estadounidenses para destruir o socavar a todos los adversarios de Israel en Oriente Medio y Europa. El alto coste, el aislamiento y la resistencia de Irak han impuesto severas limitaciones a nuevas invasiones coloniales estadounidenses. Los imperialistas “realistas” como James Baker (antiguo Secretario de Estado con Bush padre) vinculado a intereses petrolíferos conservadores árabes, rechazan a los ideólogos Sionistas ligados a Sharon que promueven guerras estadounidenses para imponer “cambios de régimen” en pro de Israel. Las declaraciones fraudulentas hechas por Wolfowitz y otros Sharonistas con respecto a las armas de destrucción masiva de Irak como justificación para la guerra fueron el punto culminante del inaudito poder de la influencia sionista en la política de EEUU. La infamia y la exposición parcial de esta ‘trama’ sui géneris llevó, al menos, a un descenso temporal de la presencia pública de este sector de la Administración Bush. El imperio estadounidense está dividido entre ideólogos con lealtades nacionales dobles y ‘realistas’ vinculados a intereses petrolíferos estadounidenses y árabes y a bancos europeos. Estas diferencias entrarán en escena en 2004 e influirán sobre si EEUU compartirá el botín imperial con Europa, Rusia y la élite árabe o seguirá la política del colonialismo militar ciego.

2003 fue el año en el que la dinámica aparición de la economía China se convirtió en el centro de la política mundial. China, la tercera mayor economía del mundo, tiene un enorme superávit comercial con EEUU y relaciones crecientes y poderosas con todos los países grandes y pequeños de Asia y Oceanía. El imperialismo estadounidense no puede sobrevivir en Asia sin llegar a acuerdos con China. Aquí también están divididos los responsables de formular la política imperial. Los ‘realistas’ proponen una estrategia a largo plazo de adaptación y asimilación complementaria y gradual, basada en cientos de miles de millones en inversiones estadounidenses, exportaciones e importaciones así como en compras Chinas a gran escala de bonos de EEUU. Los “confrontacionistas” están integrados por los sectores atrasados no competitivos de la industria estadounidense, la burocracia sindical y los ideólogos militaristas que revisten sus políticas agresivas con la retórica de los ‘derechos humanos’, el ‘comercio injusto’ y el ‘trabajo esclavo’. Aparte de alguna retórica electoral pseudo populista, los ‘realistas’ parecen estar dirigiendo las relaciones imperiales con China, forzando a los ideólogos a centrarse en crear conflictos con Corea del Norte y Taiwán.

Con respecto a Latinoamérica, los oráculos de la derecha y de la izquierda fallaron en reconocer los factores estructurales más profundos que influyeron sobre los acontecimientos políticos. A principios de año fue la izquierda la que celebró de modo triunfalista una ola hemisférica de victorias políticas. La elección de Lucio Gutiérrez en Ecuador, Inacio Lula Da Silva en Brasil, Kirchner en Argentina, y la presencia masiva en el Foro Social Mundial de Porto Alegre fueron considerados como importantes ‘puntos de inflexión’ políticos que llevaron a la derrota del ALCA, el fin del neoliberalismo y un rechazo del imperio estadounidense. La extrema derecha estadounidense, en particular los inmigrantes cubanos en la Administración de Bush (especialmente Otto Reich) también predijeron que vendrían malos tiempos. Habían transcurrido pocos meses desde principios del año nuevo cuando Lucio Gutiérrez declaró su total subordinación al FMI, ALCA, Plan Colombia, y apoyo a las subidas de precios, reducciones de salarios y privatización del petróleo y electricidad. Da Silva hizo lo mismo: aplicando al máximo las prescripciones del FMI; designando banqueros neoliberales de derechas, ejecutivos e ideólogos corporativos en todos los puestos económicos clave; apoyando una versión modificada del ALCA y estableciendo un inútil “Comité de Amigos de Venezuela” dominado por presidentes iberoamericanos abiertamente opuestos al Presidente Chávez. En Argentina, el recién elegido Presidente Kirchner, bajo la intensa presión de los masivos movimientos sociales, combinó cambios judiciales progresistas limitando la inmunidad a los violadores de los derechos humanos, con una reducción en los pagos de la deuda, y tácticas políticas para dividir y debilitar a los movimientos militantes de trabajadores en paro. Las profecías de la izquierda no se cumplieron – las relaciones entre los EEUU e Ibero América a nivel de estado no variaron: El ALCA siguió adelante con cambios secundarios, las políticas económicas neoliberales continuaron siendo aplicadas y la pobreza se hizo más profunda. Las mayores derrotas del imperio estadounidense a nivel de estado sucedieron en Venezuela y Cuba. En ambos países la intervención estadounidense y el apoyo a un “cierre patronal de ejecutivos” (Venezuela) fueron derrotados y en Cuba, los terroristas apoyados por EEUU y los propagandistas pagados fueron neutralizados. En Ibero América, el poder imperial continuó deteriorándose y la resistencia anti-imperial ganó fuerza a pesar de cierta limitación política. En Bolivia fue derrocado el cliente estadounidense Sánchez de Losada; los referéndums en pro de la privatización en Uruguay y Colombia fueron derrotados de modo contundente, en Ecuador se planea una marcha popular masiva, reminiscente del levantamiento del 2000, exigiendo la expulsión de Gutiérrez, mientras que, en Perú, a Toledo se le opone más del 84% de la población y parece improbable que termine su mandato electoral. El MST de Brasil, a pesar de las promesas rotas de Da Silva, ha realizado unas 330 ocupaciones de tierra que afectan a 55.000 familias. En Argentina, más de 50.000 piqueteros se manifestaron para conmemorar el alzamiento del 19/20 de diciembre de 2001. Está claro que los movimientos sociopolíticos no han sido paralizados por las regresiones imperialistas de los pseudo populistas presidentes electos. Pero también está claro que estos poderosos movimientos populares tienen poder para derrotar a los clientes imperiales pero no han demostrado tener poder para reemplazar a los reaccionarios titulares con líderes nuevos procedentes de los movimientos populares. Esto es evidente incluso en el caso de la insurrección Boliviana de octubre de 2003: El nuevo Presidente Carlos Meza es un neoliberal de toda la vida, que apoyó a Sánchez de Losada hasta sus últimos días de gobierno. Desde que llegó al cargo, Meza ha seguido atacando y deteniendo a cultivadores de coca, expresó su apoyo al ALCA y no ha tomado ninguna iniciativa para cambiar los acuerdos del gas y petróleo (excepto promesas ambiguas). El 2003 fue un año de movilizaciones masivas y quizás un ensayo para revoluciones sociales en el 2004. Sin embargo, para que suceda tal cosa, tenemos que comprender qué instrumentos y líderes políticos son capaces de asumir el poder con visión crítica de las trampas de la política electoral. No hay un retroceso sistemático del poder estadounidense – aunque pierda en Venezuela con Chávez, gana con Da Silva en Brasil. Lo que gana al derrotar y capturar a Saddam Hussein, lo pierde frente a la costosa y prolongada guerra popular durante la ocupación. Las reuniones financieras internacionales son interrumpidas, pero se firman los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio. La resistencia aumenta el coste de la conquista pero el imperio y sus sátrapas mercenarios se vuelven más salvajes. En Navidad los estadounidenses bombardearon Bagdad, miles de jóvenes fueron acorralados en razzias y conducidos en manada, encapuchados, a atestados campos de prisioneros para ser interrogados y torturados. Israel construye muros de apartheid muy adentro de la Palestina Ocupada, asesina de modo rutinario a niños y a activistas Palestinos, bajo la benigna protección de sus “hermanos” Likudianos del Pentágono. La superestructura del imperio, Bush, Cheney etc. es desafiada pero las bases (presupuestos militares, intereses petrolíferos) no son cuestionadas. La “crisis económica” no estalla – permanece latente. Los EEUU continúan pidiendo prestado; el capital asiático todavía fluye a EEUU permitiéndoles consumir más allá de su capacidad de pagar. Las predicciones de declive o “sobre-extensión” fueron exageradas. Washington está comprando y entrenando a millares de mercenarios Iraquíes, y afianzando a otros de Europa Oriental y compañías privadas de seguridad. Los intelectuales críticos estadounidenses son más influyentes en el exterior de lo que lo son dentro de EEUU. La dinámica para el cambio de la política imperial está claramente en el exterior – en Irak, Ibero América, quizás en partes de Europa. El año 2003 nos dice que la realidad de la relación entre el imperialismo y la resistencia popular es demasiado compleja y contradictoria como para encasillarla con netas fórmulas generales lineales. La conclusión que podemos sacar es que el imperio estadounidense no es omnipotente sinó peligrosamente violento; que los movimientos populares pueden desafiar al dominio colonial con éxito y derribar a regímenes clientes; que la economía estadounidense se puede recuperar temporalmente incluso si sus bases económicas continúen siendo precarias. El 2003 también sugiere que la izquierda ganaría más del estudio paciente de las complejas y contradictorias realidades de la lucha nacional y de clases, que de formular grandiosas profecías globales a largo plazo desvinculadas de los movimientos populares.

Brasil: Entrevista a Francisco “Chico” de Oliveira, fundador del PT

El gobierno Lula no existe Mateus Alves Correspondencia de Prensa El año 2003 llegó con la expectativa de la "refundación" de Brasil con la llegada al poder, por primera vez en nuestra historia, de un presidente oriundo de las camadas populares. Sin embargo, durante el transcurso del primer año de su mandato, se fue tornando evidente la opción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva por una ortodoxia que mantiene los vínculos con el modelo neoliberal, profundizado por su antecesor Fernando Henrique Cardoso. Para analizar los rumbos y direcciones tomadas por el gobierno Lula en su primer año de existencia, Correio da Cidadania conversó con el sociólogo Chico de Oliveira, fundador del PT y uno de los principales críticos al mantenimiento del modelo neoliberal por los petistas.

CC: ¿Qué se puede evaluar de este primer año de gobierno?

CO: Conforme vengo diciendo en diversas ocasiones, mi evaluación es negativa. El gobierno Lula no existe, pues está siendo monitoreado, en el área económica, desde afuera. Todo aquello que parece ser acción del gobierno, en verdad, no lo es; la caída del riesgo país, por ejemplo, es apenas el resultado del aumento de la liquidez internacional y no tiene nada que ver con la política que el gobierno ejecuta. El saldo de la balanza comercial es resultado de la recesión interna que resulta en una disminución de las importaciones.

Otra área que ha sido destacada es la política externa, sobre lo cual no puedo emitir un juicio negativo, pero que, solitaria, no se sustenta; en un año, podemos tener un crecimiento de 4% del PIB, en otro, puede volver a bajar para el 1%, debido a nuestras condiciones de vulnerabilidad y dependencia financiera externa.

CC: Existen entre políticos, intelectuales y militantes, que piensan que el gobierno está en disputa y, en esa lucha, consideran grande la importancia de los movimientos sociales que pueden hacerlo girar a la izquierda ¿Qué piensa de eso?

CO: Yo no creo que el gobierno esté todavía en disputa. Estuvo, pero la dirección hegemónica del gobierno se definió rápidamente; no veo ningún movimiento social que esté ayudando en la disputa de rumbo y sentido del gobierno Lula.

Todo el mundo habla del MST, quieren dejar para los sin tierra la enorme tarea de volcar la balanza hacia el lado de las reformas progresistas. Creo que el MST está haciendo su parte, pero ellos están solos, no van a tener esa fuerza. Otros movimientos sociales no tienen la capacidad de vetar las políticas del gobierno; el funcionalismo (funcionarios públicos) ha sido convertido en el enemigo público número uno, están abatidos. El movimiento sindical tampoco tiene ninguna reivindicación, incluso algunos items de la reforma previsional, por ejemplo, que la CUT defendía, ni siquiera fueron sancionados por el gobierno.

CC: ¿Estaría en curso un nuevo tipo de populismo con el gobierno Lula, conforme a evaluaciones que usted ha hecho en los últimos meses?

CO: Está. Eso es menos una decisión de orientación política y más la contingencia de estar lidiando con políticas fragmentarias, que atienden clientelas y no son universales; de estar lidiando también con movimientos sociales que está fuertemente golpeados: la base social del PT, tradicionalmente, es la clase trabajadora, obreros, que vienen sufriendo un gran erosión en los últimos años.

El populismo surge como una especie de justificación y legitimación del Estado, no por intención de los políticos. No se trata de un populismo tradicional como el que fue sistematizado desde los años 40 hasta el golpe militar del 64, y que se definía por la inclusión de la clase trabajadora en la política por vía autoritaria. Se trata de una especie de neopopulismo, que excluye a la clase trabajadora de la política y que está presente en toda América Latina. El estilo de Lula también va mucho en esa dirección, él quiere hablar por arriba de las clases, por arriba de las categorías, se quiere dirigir directamente al pueblo, lo que, en la literatura sociológico-política, se llama populismo.

CC: Usted viene asociando el rumbo de los acontecimientos para más allá de la descaracterización del PT en tanto partido, evaluando la coyuntura actual como fruto de la llegada al poder de una nueva clase social ligada a los fondos de pensión. ¿Qué puede decir sobre esto?

CO: No es exactamente fruto de la llegada al poder de esa clase, hecho este que apenas completa un largo proceso, contradictorio, oscuro. No se trata de burguesía, de clase trabajadora, no son los ejecutivos clásicos de las grandes empresas, sino una nueva clase que posee otra función en el desempeño del capitalismo en la periferia. Al llegar al gobierno, ella sufre, para utilizar una metáfora del reino animal, una metamorfosis, tal cual una mariposa que completó su evolución.

CC: ¿Usted vislumbra una salida para el escenario actual?

CO: No. Yo, particularmente, me detengo en estudiar y observar los procesos estructurales de medio y largo plazo. Creíamos que el neoliberalismo estaba derrotado, lo que no es verdad, todo los valores que allí están son neoliberales. Lo que fue derrotado fue una cierta coyuntura específica de políticas económicas, vencidas en Argentina, en Brasil, en Venezuela, y en casi todos los otros países de América Latina.

Pero en cuanto a la orientación estructural, en cuanto a la dependencia financiera externa, en cuanto al achicamiento del poder regulatorio del Estado, en cuanto a la valorización de los iconos del mercado, el neoliberalismo se encuentra en plena vigencia, el gobierno Lula ha sido tragado por eso. Esto no es pesimismo, es apenas cuestión de analizar un poco el comportamiento de las economías y las sociedades. Existen situaciones en que solo con optimismo no se resuelve.

Correio da Cidadania Nº 377, diciembre 2003 Traducción de Correspondencia de Prensa

2 trasmissione

Pronunciamento Tribunale Internazionale di Opinione, caso Sur de Bolivar, Colombia

París, noviembre 28 y 29 de 2003

El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon – Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria – Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto;

Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar Sintraminercol La Mesa Regional del Magdalena Medio La Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.

El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:

Constitución Política de la República de Colombia, 1991 Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945 Carta de las Naciones Unidas, 1945 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Convención Internacional contra el Genocidio, 1948 Convención contra la Tortura, 1984 Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966 Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 Código Penal Colombiano, 2001

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez.

El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos:

Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero.

Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:

Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo. Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica. Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del “éxodo campesino” y de dos pobladores de Cerro Burgos. Caso Nº 4: asesinato de participantes en el “éxodo campesino”. Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el “éxodo campesino” de 1998. Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.

Se han escuchado:

- Los informes de los expertos Amicus Curie

Gearoid O´Loinsigh, investigador social Francisco Ramírez, abogado, líder sindical Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor

- Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.

El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.

- Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.

El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de:

Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, y Terrorismo de Estado

El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.

El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.

El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.

ofp

Continúan los asesinatos de mujeres en Barrancabermeja

Hoy denunciamos en Barrancabermeja 120 homicidios en el año 2003, 13 perpetrados en contra de mujeres populares, entre éstas nuestra compañera Esperanza Amaríz, otra mujer, Diana Patricia Pérez que apareció colgada de un árbol con una soga al cuello en la vereda la Independencia, a Zenaida Cuellar Montero desplazada del sur de Bolívar, la sacaron de su casa y la asesinaron.

Por lo menos cinco cuerpos han sido desmembrados y encontrados flotando en el río Magdalena, oficialmente 61 personas han sido víctimas de desaparición forzada, todas ellas con madres, esposas, hijas y hermanas, que aún les lloran y les reclaman sin que alguien les de respuesta.

De 1764 quejas recepcionadas en la Defensoría Regional del Pueblo, en 675, es decir el 38 %, las afectadas son mujeres. El control social ilegal del paramilitarismo ha dejado decenas de mujeres con golpes y heridas en rostros, genitales, glúteos, extremidades y varias han sido violadas. Como me asusta el silencio, la tranquilidad y la pax cuando son producto del miedo y el terror que dejan las acciones de los actores armados ilegales en la sombra, el susurro, la mirada y la explicación de las autoridades constitucionales.

Se podría asegurar por parte de algunos malévolos, que en la ciudad se vive una etapa de ?conformismo puro? o sea la imposibilidad que se siente para cambiar algo, una situación dada, aún cuando ese algo o esa situación nos haga daño o perjudique.

Es decir podrían aseverar, que en el contexto, se vive un conformismo colectivo. Como también, otros, diríamos que vivimos la deshumanización que se siente en cada día en la mesa de cada uno y una de nosotras(os).

Estamos planteando, cosas tan duras y pesadas casi negativas no porque estemos convencidos(as) de ese conformismo puro. Lo hacemos al contrario, intentando crear una vez mas, sensibilidad social en cada ser humano, que cree que la movilización social es una alternativa de cambio.

Entendemos que el terror y el pánico que se ha gestado en los últimos tres años, por parte de un actor armado, que se mueve en la ciudad haciendo las veces de autoridad pública y que los habitantes, le han tomado distancia, porque ellos han logrado crear en cada uno y cada una de los(as) habitantes lo que se conoce con el nombre de pánico colectivo, es decir inmovilidad social, se debe no solo a los actos atroces de estos asesinos sueltos, sino a la permisibilidad, complicidad de la autoridad competente, con tan gigantesco y macabro plan de exterminio civilista.

Aquí todos y todas sabemos quién cuelga mujeres en los árboles, quién deja letreros en sus vaginas, quién castiga a los y las jóvenes, quién desaparece, quién desplaza, pero no es el pánico colectivo lo que hace que el ciudadano o ciudadana no denuncie, sino la falta de garantías para que el (la) ciudadano(a) no sea señalado(a) como un(a) delincuente ante los asesinos.

Esa desconfianza en la justicia, en la autoridad, en el funcionario que representa la ley, es lo que hace que la verdad pública se vuelva verdad secreta, es decir verdad privada.

La verdad privada, es aquella que vecino(a) a vecino(a), trabajador(a) a trabajador(a), se cuenta y comenta de la forma en que suceden los hechos, sus ejecutores y sus cómplices, que teniendo los ojos abiertos los cierran para no mirar la orden de ejecución de su perversidad.

Aquí en la localidad no están en juego cien o doscientos asesinatos más, sino la construcción de una política que salió a defender por EUROPA Y ESTADOS UNIDOS el Señor Vicepresidente de la República, Francisco Santos, la mal llamada Seguridad Democrática. Estamos seguras(os) que los(as) moradores(as) barranqueños(as) sabemos contar a los(as) internacionales, en qué consiste porque la hemos vivido en carne propia todos los días en nuestros barrios.

Las mujeres de la Organización Femenina Popular fieles a nuestros principios civilidad y autonomía, hemos mantenido en alto la voz sobre el silencio que impone el fragor de las armas, un fragor que se hizo mas ensordecedor en las última semanas de noviembre. Irónicamente el mes en que está la fecha del DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Trasmissione

ALCA

22 de noviembre del 2003

Otro traspie norteamericano

Fracaso la cumbre de Miami para implantar el ALCA

Argenpress

Concluyó antes de lo previsto la reunión de Miami en donde Washington quiso imponer, una vez más, el librecomercio a su patio trasero latinoamericano. Los países participantes firmaron un documento anodino que habla de 'negociaciones directas' entre países o bloques regionales.

En realidad, lo que se impuso fue el criterio de Brasil, seguido por la Argentina.

Afuera del edificio donde deliberaron, en Miami, 34 países, sobre el comercio internacional y el ALCA, rugían las manifestaciones y se producían enfrentamientos entre policías militarizados y, particularmente, jóvenes anarquistas. Helicópteros artillados sobrevolaron el área e intimidaban a la multitud contestataria. Había también miles de patrulleros policiales, rejas, y todo tipo de muros de contención para que los manifestantes no llegaran al edificio donde deliberaron, con magros resultados, los países americanos.

Se trató de una pulseada que el gobierno de George W. Bush perdió. Había empleado toda clase de presiones, políticas, económicas, tácticas. Todo sigue igual y cualquier negociación será como hasta ahora, donde cada país hará valer sus reservas comerciales, especialmente contra los aranceles agrícolas y al acero, de los norteamericanos.

La verdadera lucha está por comenzar. Estados Unidos lanzó durante la cumbre una serie de negociaciones paralelas con algunos gobiernos que quieren avanzar más rápido en la apertura comercial. Terminarán como México, apretados por los aranceles y la producción norteamericana.

La cumbre, sin embargo, fue un triunfo para Brasil. Después de todo, fue su gobierno el que propuso la idea de un ALCA limitado y el que logró imponerla a Estados Unidos, que quería un acuerdo más amplio y generalizado para imponer todos los productos y criterios comerciales.

De acuerdo a la declaración final, se trata de un ALCA ficto a dos niveles. Uno incluye compromisos y obligaciones comunes para todos los países. En el otro nivel cada país puede decidir en cuál de los nueve temas quiere avanzar más rápido: accesos a mercados; propiedad intelectual; política de competencia; solución de conflictos; subsidios y medidas antidúmping; agricultura; inversiones; servicios y compras gubernamentales.

Los negociadores brasileños, liderados por Celso Amorim, no sólo fueron quienes propusieron el nuevo enfoque, sino que también quienes lograron imponerlo a países como México, Chile y Canadá, que, si bien aprobaron la declaración final y hablaron en su favor al final, fueron muy críticos durante la reunión. La Argentina siguió a Brasil, fortificándose el MERCOSUR.

La cumbre confirmó que Brasil emerge como poder comercial, como ocurrió en Cancún durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.

También confirmó el poco margen de maniobra que tienen los Estados Unidos cuando negocian con mercados tan atractivos como el brasileño. Desde un principio quedó en claro que no habría ALCA sin Brasil.

Pero no sólo eso. Después del fracaso de Cancún, Estados Unidos quería evitar un nuevo fracaso, sobre todo en Miami, donde Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush es el gobernador, y donde los empresarios tiene tanto interés por el marco latinoamericano. los norteamericanos fracasaron en su intento y firmaron un documento anodino.

Lo que demuestra la situación es la fuerza posible del MERCOSUR para todo tipo de negociación económica. Argentina tiene que mantenerse en el mismo y debe ser incorporada Venezuela. La Argentina sostiene que hasta naciones caribeñas -como Cuba- debe integrarse al bloque regional encabezado por Brasil y Argentina.

Este es un triunfo de la burguesía nacional paulista, cuyo programa es el que, en cuanto al ALCA y el MERCOSUR, está cumpliendo Lula. La Argentina carece de una burguesía nacional y sus grupos de empresarios son meros depredadores aliados al capital financiero internacional.

23 de noviembre del 2003

La gallina en su balcón... presidencial

Sebastián López

Rebelión

Preocupados por exorcizar los fantasmas de una negociación mal avenida por lo menos desde la Cumbre de la OMC en Cancún, los ministros de economía y comercio de 34 de los 35 países del continente reunidos en Miami se apuraron a dejar claro que la adelantada clausura de los trabajos de su penúltima reunión con miras a la firma de los acuerdos que sustenten el Área de Libre Comercio de las Américas se debió no a la imposibilidad de llegar a acuerdos, sino a la capacidad negociadora de los operadores políticos de unas y otras representaciones.

"Miami no es Cancún", repetían una y otra vez las autoridades locales, y para dar garantía de ello dispusieron de un agente policial por cada seis manifestantes de los 20 mil altermundistas que acudieron a la cita de su más reciente participación globalicrítica, además de la promulgación de leyes tan ridículas como la de arrestar aquellos grupos de personas armados de esos enormes títeres conocidos como mojigangas.

Ya pueden respirar tranquilos tanto el Tío Sam como sus sobrinos en las gerencias nacionales de los países supuestamente democráticos del hemisferio: Miami concluyó con la promesa de que las negociaciones continuarían y con una declaración que, a pesar de su carácter light, continúa ofreciendo un amplio margen de maniobra política y ventaja comercial a los Estados Unidos, sus transnacionales y sus organizaciones financieras internacionales.

Así lo demuestra el hecho de que no se le haya podido sacar a Estados Unidos el compromiso concreto de reducir los subsidios a su propia producción agrícola; mientras otros temas igualmente delicados como protección a la inversión extranjera, compras del sector público, servicios y propiedad intelectual continuaron dentro de la declaración final asegurando el embate neoliberal que en México posibilita que el Ejecutivo federal proponga la desincorporación de organismos, instituciones y centros de investigación y docencia de la talla de Imcine, el CCC-INBA, los Estudios Churubusco, las Librerías Educal, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Áridas; entre otros.

Según lo recogido por los medios de comunicación, algunas delegaciones quedaron satisfechas de los resultados de la cumbre, pues, aseguran, se consiguió que el ALCA pudiera flexibilizarse y ser negociado de acuerdo con las necesidades específicas de cada país de la región. Sin embargo, parecen no leer las letras, no tan pequeñas, del nuevo contrato de compra- venta de sus naciones, el cual establece que el ALCA podrá coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida, es decir, sí sólo sí, los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no están cubiertos o exceden los derechos y obligaciones del ALCA, mediante negociaciones plurilaterales de desarrollo de disciplinas y liberalización adicionales, pero no supletorias.

Continúan los asesinatos de mujeres en Barrancabermeja

Esa desconfianza en la justicia, en la autoridad, en el funcionario que representa la ley, es lo que hace que la verdad pública se vuelva verdad secreta, es decir verdad privada.

COLOMBIA

Noviembre 21 de 2003

Comité contra Tortura de ONU, preocupado por alto número de desapariciones en Colombia

También reprueba el reclutamiento por medio tiempo de campesinos para que actúen como soldados.

En sus conclusiones sobre el caso colombiano, los expertos del Comité critican también el establecimiento de una red de informantes civiles pagados, el clima de impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la tolerancia que el Estado muestra frente a la actividad de grupos paramilitares.

La semana pasada, este órgano de la ONU recibió a representantes del Gobierno colombiano que presentaron un informe oficial sobre la situación interna de los derechos humanos, en las inquietudes expresadas por el Comité.

Los expertos independientes que integran el Comité recibieron también información de diversas ONG sobre las violaciones a los derechos y libertades fundamentales.

Con esos elementos de juicio y en función de sus propias investigaciones, los miembros del Comité recomendaron al Gobierno adoptar medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar a los responsables de violaciones de los derechos humanos ante la justicia, así como ofrecer adecuadas compensaciones a las víctimas.

Además, plantearon que se entrene al personal médico sobre la manera de determinar que un caso corresponde a tortura o malos tratos, y que se garantice el respeto de los derechos de todos los detenidos, incluyendo la mejora de las condiciones en los lugares de arresto.

Informe de AI sobre tortura

Peter Drury y Marcelo Pollack, voceros de Amnistía Internacional (AI), manifestaron ayer la preocupación de este organismo porque “el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones con el Comité contra la Tortura y no está tomando las medidas necesarias para combatirla”, pese a las recomendaciones de la ONU, la OEA y las ONG.

Políticas del Gobierno como la posibilidad de darle facultades de policía judicial a la Fuerza Pública, la ley de alternatividad penal y las posibles reformas a la Fiscalía, según Drury “permitirían que la tortura y la impunidad aumenten”.

AI pidió “imparcialidad e independencia en las investigaciones” en las que están involucrados altos mandos militares y recomendó al Gobierno crear mecanismos que permitan investigaciones completas.

Reserva de organizaciones de derechos humanos en E.U. sobre pasado del general Carlos Alberto Ospina

Los cuestionamientos contra el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares se hacen extensivas al general Fredy Padilla de León.

Las ONG, entre las que se cuenta Human Rights Watch (HRW) tiene desde hace años en su “lista negra” a Ospina Ovalle. Aún así, los cargos que le imputan nunca han sido ni comprobados o siquiera materia de investigación.

Las acusaciones se remontan al período 1997-1999, cuando Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Se rumoraba entonces que varios de sus batallones, entre ellos el Granaderos, colaboraban con los paramilitares en el área. En octubre del 1997, un grupo de paramilitares ingresó al poblado del Aro y fusiló a cuatro personas.

Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recibió testimonios de varias personas que vincularon a miembros de la Cuarta Brigada con los asesinatos. Al ahondar en las pesquisas, la Fiscalía pudo establecer que en los teléfonos de jefes militares de los batallones aparecían llamadas hechas o recibidas de paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Registros de las llamadas, incluso, aparecían en los teléfonos del jefe de estado mayor de la Brigada. Varios ex paramilitares que testificaron ante la Fiscalía, denunciaron también sus nexos con el Ejército en la zona.

En 1999 se ordenó la detención de los coroneles David Hernández y Diego Fino, en relación con la masacre del Aro. Después, ambos escaparon del arresto en el que estaban en la sede de la Cuarta Brigada. Tras su fuga, Hernández -dicen las fuentes- se unió a los paramilitares en el departamento del César. Y allí se quedó la investigación oficial.

Pero para Robin Kirk, de Human Rights Watch, es claro que algo estaba pasando en la Cuarta Brigada y que Ospina, como jefe de esta, debe responder por los hechos. “No tenemos pruebas de nexos entre Ospina y los paras. Pero dice mucho el hecho de que su jefe de Estado Mayor y sus coroneles sí los tuvieran. Lo mínimo sería investigar la actuación del general. Si no sabía lo que pasaba, debe responder por su negligencia y si estaba enterado, con mayor razón pues sería un criminal”, afirma Kirk.

Según HRW, el hecho de que contra Ospina no existan cargos pendientes o se le haya abierto investigación alguna, no demuestra su inocencia, sino que nunca se realizó la investigación exhaustiva que merecía el caso.

“No lo estamos condenando. Pero Ospina tiene un largo historial de preguntas que debe responder”, dice Kirk.

Human Rights Watch ha mencionado el caso del General en diversos reportes, como “La Sexta División: los lazos entre los militares y los paramilitares”, publicado en el 2001. Además, le ha insistido al Departamento de Estado en que el caso de Ospina prueba que Colombia no cumple con las condiciones en derechos humanos que fijó el Congreso como previa condición para el desembolso de los recursos del Plan Colombia.

Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe certificar cada año que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a todo militar sobre el que exista evidencia creíble de sus lazos con el paramilitarismo. En el caso de Ospina, piensan las ONG estadounidenses, se le debió retirar del servicio mientras se establecía su responsabilidad por sus actuaciones como jefe de Cuarta Brigada.

Freddy Padilla, otro de los generales ratificados por Uribe, también es señalado en los reportes de HRW, pues en julio del 2000 la Procuraduría lo vinculó formalmente al caso de la masacre de Puerto Alvira, de 1997.

Lo que diferencia, en el caso de Ospina, al de otros altos mandos militares que en el pasado han sido también señalados por las Ong, como Rito Alejo Del Río, Rodrigo Quiñónez o Fernando Millán, es que su responsabilidad, hasta que se pruebe lo contrario, sería indirecta. Es decir, por las acciones de aquellos bajo su mando.

Sergio Gómez Maseri

Amnistía Internacional critica nombramiento de general Carlos Alberto Ospina

La organización de defensa de los derechos humanos aseguró en Estados Unidos que esta decisión raya en el escándalo.

En un comunicado, agrega que la decisión de designarlo comandante de las Fuerzas Militares, tomada por el presidente Álvaro Uribe, parece una nueva señal de su "desdén" por los derechos humanos y su disposición a tolerar a los comandantes abusivos.

"El general Ospina tiene un largo historial de colaboración con las fuerzas paramilitares responsables de bárbaros ataques contra los civiles", señala el comunicado de AI.

La designación de Ospina fue anunciada el ayer en una rueda de prensa por el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe.

AI señaló que cuando Ospina fue comandante de la Cuarta Brigada entre 1997 y 1998, "las tropas bajo su mando cometieron una serie de matanzas, ejecuciones y torturas".

La organización agregó que la designación del militar es también una bofetada a E.U., que ha reiterado al gobierno de Colombia que la ayuda para la seguridad está condicionada a que se respeten los derechos humanos.

Añadió que E.U. debería ver la designación de Ospina como una prueba de que el gobierno y los militares colombianos no toman en serio esas condiciones.

"Estados Unidos debe ir más allá de sus advertencias verbales a Colombia y suspender las asignaciones finales de ayuda para la seguridad correspondientes a 2003" debido a las críticas planteadas respecto a los derechos humanos, dijo AI.