lunedì 31 maggio 2004

Amnistía Internacional. Colombia, un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca

A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento. Arauca ha atraído también la atención de Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.

A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el gobierno en 2002.

Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil, especialmente contra las autoridades y funcionarios locales. (COMMENTO)

Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita. De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en funcionamiento.

Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido "limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas, "desapariciones" y tortura.

La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América –el principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las empresas extranjeras que actúan en el departamento tienen el deber de garantizar que sus fondos y sus actividades no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos en Arauca. Sin embargo, unidades del ejército implicadas en violaciones de derechos humanos siguen recibiendo ayuda económica y logística de gobiernos de segundos países y de empresas extranjeras.

Este texto resume el documento titulado Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004), publicado por Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.

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Diario de la Huelga 34: La USO logró acuerdo por Unión Sindical Obrera Thursday May 27, 2004 at 12:57 AM usocol@col1.telecom.com.co +(57)-76-227856 / 209911 Avenida de Ferrocarril N° 28-43, Barrancabermeja

Se frena el proceso de privatización: Al término de los contratos de asociación vigentes la producción se mantiene en cabeza de Ecopetrol. Se protege el patrimonio básico de la estatal petrolera como sociedad pública con autonomía financiera. Sigue lucha por reintegro de todos los despedidos. El 26 de Mayo suscribieron el acuerdo, por el gobierno el Ministerio de Minas, Luis Ernesto Mejía y la viceministra de Protección Social, Luz Stella Arango; por Ecopetrol Isaac Yanovich, Héctor Manosalva y Lucy García; y como representantes de la USO: Roberto Schmalbach, Gabriel Alvis y Hernando Hernández [en la foto].

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Treinta cinco días después de iniciada la patriótica huelga en ECOPETROL, la USO logro acordar con el gobierno y la empresa un acta de compromisos, que son el fruto de la valerosa decisión de los trabajadores petroleros de arrancarle a los neoliberales gobernantes en franca lid lo que pretendían imponerles apelando a su poder arbitrario y antinacional.

En efecto, ayer 26 de Mayo suscribieron el acuerdo entre el Ministerio de Minas, Luis Ernesto Mejía, la viceministra de relaciones laborales del Ministerio de Protección Social, Luz Stella Arango; por ECOPETROL Isaac Yanovich, Héctor Manosalva y Lucy García; como representantes de la USO: Gabriel Alvis, Hernando Hernández y Roberto Schmalbach. Actuaron como testigos de lo acordado los voceros de la Iglesia: Presbíteros Francisco de Roux y Dario Echeverry; los representantes de la CUT: compañeros Carlos Rodríguez y Gustavo Triana; por el Concejo Municipal de Barrancabermeja Daniel Patiño y Claudia Patricia Andrade; en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, finiquitando esta jornada de resistencia, movilización y lucha que se suma a la heroica historia de este gran baluarte proletario.

El informe será explicado en detalle por nuestros tres compañeros negociadores en una gran asamblea que se celebrará hoy, a las 3 p.m. en el Club Infantas.

No obstante, comentamos en este medio algunos aspectos de mayor relieve y el contexto político en el que se dieron; en primer término, el sindicato puede cobrar como un triunfo el haber frenado la privatización y liquidación de ECOPETROL, que era la puntada final del siniestro plan orquestado por el trío: Uribe-Mejía-Yanovich, por mandato de los gringos, cuya primera gran pieza fue el fatídico decreto 1760, de junio de 2003. Así queda demostrado en el primer punto de los acuerdos sobre política petrolera que garantiza el carácter estatal de la empresa y su naturaleza de sociedad pública por acciones, lo cual la blinda frente a la posibilidad de transferir su propiedad al capital privado.

De la misma manera la expedición por el gobierno Nacional de un decreto reglamentario al 1760, aclarando específicamente que los bienes muebles e inmuebles, “así como los decretos sobre la producción se mantiene en cabeza de ECOPETROL S.A.”, al término de los contratos de asociación vigentes o sus extensiones, garantiza el patrimonio básico de la estatal petrolera lo que fue birlado con la creación de la ANH [agencia nacional de hidrocarburos] y el traspaso de esas reservas a su seno.

De igual naturaleza son los compromisos de adelantar conjuntamente, USO y la administración, gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público para lograr la autonomía financiera de la empresa y la preservación de los campos de producción directa, como el de la Cira, Infantas y Casabe que seguirán siendo propiedad de ECOPETROL S.A. y su operación y mantenimiento se ejercerá con el personal actualmente vinculado a sus dependencias. Es una verdad de a puño, el mayor logro de esta justa huelga patriótica, como la definió Gabriel Alvis ha sido derrotar la política de marchitamiento y liquidación del primer patrimonio Nacional.

Es evidente, que en este primer combate no hemos logrado derrotar la totalidad de la política petrolera contraria al interés nacional y al servicio de las multinacionales, la USO proseguirá al lado de todos los patriotas y demócratas de Colombia, la batalla contra los mal llamados contrato de concesión moderna, porque entregan a cambio de pírricas regalías las reservas hidrocarburíferas del país, también contra los arrendamientos de los poliductos de ECOPETROL, porque la pérdida de su manejo estrangularía a la empresa y sus refinerías, además seguiremos denunciando que la ANH es un engendro anti-nacional que atenta contra las soberanía del país y los recursos estratégicos. Para concretar esta batalla, se propone presentar un proyecto de Ley Marco de Hidrocarburos cuyo debate en el parlamento y fuera de él, nos permitirá la fuerza necesaria para derrotar a los neoliberales gobernantes y su vergonzosa política de traición a Colombia.

Por otra parte, en materia de temporalidad se acordó la conformación de una comisión paritaria integrada por tres representantes de la USO, tres de la empresa que se reunirá desde el próximo lunes 31 de mayo a las 3 p.m. en Bogotá para discutir una solución ajustada a los siguientes criterios: empleos a término indefinido en un número que deberá definir dicha comisión; pensión de jubilación plena a quienes acrediten los requisitos; pensión proporcional de jubilación e indemnización y pull de temporales. Este punto, es un logro del sindicato y un avance en la solución de la problemática de estos compañeros si se tiene en cuenta que Yanovich siempre alegó que cualquier salida debería estar circunscrita a lo previsto en el laudo arbitral.

A su vez se acordó la constitución de un tribunal de arbitramento Ad-hoc para resolver los reintegros de los compañeros, injustamente despedidos en la legal y legítima huelga que hemos librado. Este tribunal compuesto por dos abogados designados por la USO, dos por Ecopetrol y un quinto nombramiento de común acuerdo entre las dos partes con la mediación de la Iglesia y la Cámara de Comercio de Bogotá, adoptando un procedimiento para tal efecto, que deberá resolver en un término de 6 meses todos los 248 despidos de la huelga caso por caso, excepto los compañeros que se acojan a las pensiones plenas y proporcionales a la que tienen derecho por habilitación de tiempo: seis años o doce puntos del plan setenta.

Aunque en este asunto, vital para el sindicato no se obtiene una total victoria, se le arranca a la empresa y al gobierno un compromiso que estamos seguros conllevará a hacer justicia y a tener en un semestre a todos estos valerosos soldados reintegrados a nuestras filas. Mientras dicho tribunal produce el fallo, los compañeros despedidos y sus familias continuarán disfrutando del plan educacional y los servicios médicos.

Yanovich y Uribe quedaron notificados por el sindicato de que si persisten en aplicar su malévolo laudo arbitral tendrán una férrea e inquebrantable oposición y resistencia, los trabajadores debemos retornar a los sitios de trabajo con la frente en alto, orgullosos que le hemos cumplido al país y a la USO, si algo quedo por avanzar en nuestra propuesta ha sido producto de la actitud servil y antinacional de un grupo de traidores, que se han entregado por un plato de lentejas, solo ellos y la administración son los únicos responsables del despido de nuestros compañeros.

27 DE MAYO ASAMBLEA GENERAL – Club INFANTAS – 3:00 P.M.

POR EL REINTEGRO DE NUESTROS COMPAÑEROS INJUSTAMENTE DESPEDIDOS … ¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

¡VIVA LA HUELGA PATRIOTICA, DEMOCRÁTICA Y NACIONALISTA...VIVA!!!

VIVA LA UNION SINDICAL OBRERA, ORGANIZACIÓN QUE HIZO POSIBLE LA CREACION DE ECOPETROL, PATRIMONIO COLOMBIANO QUE SEGUIMOS DEFENDIENDO.

Redactó: Junta Directiva Nacional USO, 27 de mayo de 2004

lunedi 17 2004

17 de mayo del 2004

Imposición de "Plan Patriota" y TLC-ALCA, significan subordinación colonial de Ecuador

La CONAIE reitera oposición a doble estrategia de muerte

Altercom

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, en un comunicado suscrito por el presidente de su Consejo de Gobierno, Leonidas Iza, subrayó su oposición al "Plan Patriota" y a la firma del Tratado de Libre Comercio TLC con el gobierno de los EE.UU., al considerar que estos proyectos del capital transnacional lesionan los derechos humanos, colectivos, ambientales, culturales y económicos de los pueblos.

El "Plan Patriota" (Plan Colombia) y el TLC-ALCA son la fase militar y la fase comercial de una misma estrategia de sometimiento y subordinación colonial del Ecuador al mismo Imperio que tortura y asesina al pueblo iraquí.

La CONAIE sostuvo que "No es posible que un grupo de ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional como el Gerente del Banco Central; Mauricio Yépez, la Ministra de Comercio Exterior y ex embajadora en los EE.UU. en el gobierno de Jamil Mahuad, Ivonne Baki, un grupo de empresarios vinculados y seudo representantes del sector agrícola, negocien a espaldas de los 12 millones y medio de ecuatorianos un Tratado de Libre Comercio que destruirá el aparato productivo nacional".

El gobierno de Lucio Gutiérrez, sostenido por el Partido Social Cristiano PSC, el PRE, el PRIAN, "los independientes" y poderosos sectores oligárquicos, intentan a todo trance involucrar al país en el "Plan Patriota" (Plan Colombia) para ayudar a que Álvaro Uribe sea reelegido como Presidente y para contribuir a los planes geoestratégicos del Pentágono, con el sacrificio y muerte de nuestros soldados.

Pero la traición va más allá y se intentará, desde el próximo 18 de mayo, imponer la negociación del TLC, olvidando los acuerdos con el MERCOSUR y la integración comercial con las naciones hermanas vecinas que reportarán para la economía ecuatoriana más de 3.500 millones de dólares por concepto de exportaciones, según la Agencia de Integración Latinoamericana ALADI y la Comunidad Andina de Naciones CAN. Es decir; una cifra superior a la que podría significar el TLC, al que quedaremos sometidos como meros compradores y consumidores.

La CONAIE advierte que los preparativos para la elección de "Miss Universo" no impedirán que se vea el verdadero rostro de un país que sufre y protesta a causa de la pobreza, el desempleo, la migración, la corrupción y el saqueo de los recursos naturales y humanos, como el intento de expropiación de 960 millones de dólares, ahorros de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, para cubrir el déficit presupuestario de 1.500 millones.

"Los desatinos del gobierno y el bloque de poder solo incrementarán la inestabilidad institucional del país", concluyó el presidente de la CONAIE.


17 de mayo del 2004

Bolivia

Evo, el guardián de Palacio

Econoticias

El aroma del poder y un grupo de ambiciosos intelectuales de clase media le han cambiado la cara al otrora radical e insurgente Movimiento al Socialismo (MAS) del cocalero Evo Morales, que ha enterrado la lucha social para salvar al presidente Carlos Mesa y las elecciones del 2007.

El cocalero presidenciable es muy popular en el exterior, se codea con intelectuales y es elogiado por los parlamentarios europeos que buscan una barniz progresista. Ha cosechado algunos amigos en el exterior, aunque ha perdido muchos en Bolivia.

De él, ya no hablan mal los empresarios ni los militares, menos los gobernantes. Los grandes medios de comunicaci! ón alaban su mesura, su racionalidad y su flamante apego al orden institucional. Sólo las clases bajas, los sindicatos y las organizaciones sociales y populares de base lo cuestionan y lo llaman traidor y vendido al neoliberalismo.

En el extranjero tiene fama de héroe. Muchos, inescrupulosos o poco informados, creen que ha sido el conductor y líder de la insurrección popular de octubre. Evo sonríe, da conferencias y recibe sin inmutarse el aplauso de una platea, que no conoce o no recuerda, que el cocalero andaba de viaje cuando los pobres enfrentaban la metralla y el genocidio.

Pocos se acuerdan que el cocalero no aceptaba ni la huelga ni el bloqueo de caminos decretadas por la Central Obrera Boliviana (COB) para derrocar a Gonzalo Sánchez de Lozada. "Viene el golpe militar", "viene el autogolpe", decía en octubre del 2003 para hacer retroceder y desanimar a los obreros, campesinos y vecinos que se habían levantando para nacionalizar el gas y el ! petróleo, que se habían rebelado para acabar con el neoliberalismo.

Hoy, cuando la rebelión de los pobres ha vuelto a ponerse de pie y apunta al gobierno del neoliberal Carlos Mesa, que es el fiel continuador de la política de Sánchez de Lozada, del FMI , de las transnacionales y de la Embajada de Estados Unidos, el cocalero convertido en fiel amigo del hombre de Palacio, repite el libreto y acusa a los sindicalistas de propiciar el golpe faccioso y hacerle el juego a la Embajada de Estados Unidos y a los militares fascistas.

Penoso papel. El gran ausente de la rebelión de octubre acusando a los hombres y mujeres, que enfrentaron la bala y la metralla del Ejército hace seis meses, de ser hoy aliados de los militares "carapintadas" en la tarea de aplastar la democracia y las ilusiones del pueblo.

Pero no sólo predica contra la movilización de las masas, sino que trabaja abiertamente para su fracaso al instruir a todos los sindicalistas del MAS para que boicoteen la lucha de la COB, para que socaven y destr! uyan a la actual dirección sindical de los obreros, no importa cómo y a qué precio. Aplica a la dirección de la COB la misma receta que los gobiernos neoliberales y la Embajada de Estados Unidos le enrostraban casi siempre que organizaba bloqueos y marchas de cocaleros. "Es un paramilitar", dice del líder de la COB, Jaime Solares, el que ayer era acusado de ser un instrumento de los narcotraficantes.

Evo está irreconocible y habla, incluso, en contra de la nacionalización del gas y el petróleo, la consigna que mueve y une a los pobres de Bolivia. Según James Petras, uno de los mayores intelectuales revolucionarios de la actualidad, hay un abismo entre el MAS de la heroica resistencia cocalera y el MAS de hoy.

"El MAS empezó entre los cocaleros, pero cuando llegan al Parlamento se suben al tren muchos profesionales de clase media acomodada. Estuve con uno de los hermanos Peredo reunido con otros 40 progresistas con ideas críticas al neoliberalismo, ! a favor de un mayor manejo estatal, pero no eran gente realmente comba tiva. Hablar del MAS ahora, un partido electoral, policlasista, con mucha influencia de los parlamentarios vinculados con la clase media, con lo que era el MAS al comienzo, es un error, como sucede con el PT del Brasil", dice Petras en un reportaje publicado en la revista La Maza por el periodista argentino Mario Hernández.

Al Evo y al MAS de hoy sólo les interesan las elecciones y sentarse en la silla presidencial para armar un socialismo de papel, respetando a las transnacionales y a los empresarios nacionales que explotan sin misericordia la mano de obra asalariada.

"Mi propuesta es construir el socialismo en Bolivia, claro que respetando a los empresarios honestos, responsables. Estamos en un proceso de transformación profunda en el que debe aplicarse la economía mixta. En todo caso mi propuesta de socialismo es respetando la propiedad privada", le dijo hace poco al periódico argentino de Página 12.

Y su objetivo inmediato es ganar! por lo menos 200 municipios, más del 50% de los gobiernos locales, en las elecciones municipales de fin de año, lo que, según calcula, le daría grandes chances para llegar a la Presidencia en las elecciones del 2007.

Pero este extremado electoralismo podría, por el contrario, sepultar a Evo y al MAS, según la visión de Petras.

"Más allá de Evo, uno de sus principales ideólogos, el senador Filemón Escobar, minero hace 30 años, tiene una visión electoralista. Habla de la lucha de masas pero, según me dijo en una reunión que participamos junto con los cocaleros, subordinada a una visión estratégica puesta en las elecciones del 2007. Así toda la lucha está condicionada para mantener el sistema a cualquier costo confiando en las elecciones. Por eso pactaron con Mesa".

"Creo que esta visión es sumamente surrealista, sobre todo en Bolivia. Planificar a tres años la participación electoral mientras cada año hay por lo menos un levantamiento ! y alguna intervención militar, no tiene mucho realismo. Está muy influ ido por el camino de Lula, en un sentido muy negativo. Han tomado un camino equivocado", agrega Petras.

En el último año, Evo ha perdido mucho en los sectores sociales y en los sectores combativos de la clase media, desilusionados por el accionar del líder cocalero al que habían apoyado en las elecciones nacionales del 2002, cuando logró la segunda mayoría, muy cerca de la primera.

En las marchas y en los ampliados sindicales muchos hablan mal de él y muy pocos se atreven a defenderlo de frente, a defender su política conciliadora y electorera.

Su desgaste es evidente y no se necesita leer en la sagrada hoja de coca para saber que, si sigue boicoteando la lucha de los pobres que pugnan por acabar con el neoliberalismo y nacionalizar el gas y el petróleo, Evo no tendrá el suficiente apoyo popular para cristalizar su sueño dorado: ganar las elecciones y sentarse en la silla presidencial. El electorero trabaja para su propia derrota elect! oral.

FRACASA LA MANIOBRA MESA-EVO, LA PROTESTA CRECE

http://www.econoticiasbolivia.com Econoticiasbolivia.com (La Paz, mayo 16, 2004).- Una maniobra gubernamental diseñada para desinflar la protesta social no logró los resultados esperados por el Presidente Carlos Mesa y su principal aliado, el diputado cocalero Evo Morales. La anulación de un resistido decreto de descentralización y privatización de los servicios de educación, salud y caminos no logró apartar a los maestros urbanos y rurales de la lucha emprendida por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque sí hizo retroceder parcialmente a los trabajadores en salud y camineros.

Con la abrogación del Decreto Supremo 27457, Mesa y Morales —según dijo públicamente el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS)— querían anular la protesta de estos sectores sociales, que hasta ahora habían sostenido la lucha de la COB por acabar con el neoliberalismo y nacionalizar el gas y el petróleo, y que ha comenzado a ser reforzada por nuevos contingentes de campesinos, obreros, desocupados y universitarios.

Los maestros urbanos y rurales, que bloquean la principal carretera de Bolivia y protagonizan masivas marchas en las principales ciudades del país, rechazaron la maniobra gubernamental. El ejecutivo de la Confederación del Magisterio Urbano, Jorge Rocha, aseguró que no levantarán las medidas de presión mientras el gobierno no atienda la totalidad de sus demandas sectoriales (que además de la anulación del Decreto, incluye el aumento salarial, mejores condiciones para la jubilación y más presupuesto para la Educación) y las reivindicaciones generales (nacionalización del gas y fin del modelo neoliberal).

“Si el gobierno quiere negociar lo haremos conjuntamente con la COB y los otros sectores”, dijo al informar que los maestros rurales tienen la misma posición y mantienen los bloqueos en el Altiplano.

En cambio, salubristas y camineros decidieron levantar la huelga de hambre, los primeros, y abandonar los puntos de bloqueos, los segundos. Estos dos sectores iniciarían negociaciones directas con el gobierno a partir del lunes.

Este domingo, los maestros continuaban engrosando la masiva marcha que llevan adelante varios sectores laborales y sindicales, convocados por la COB y sus principales dirigentes. Los marchistas tienen previsto cumplir los 100 kilómetros de caminata por el Altiplano y llegar esta tarde a Senkata, en El Alto, para de ahí ingresar este lunes a la ciudad de La Paz, donde planean incrementar la presión sobre el gobierno neoliberal.

Este lunes, la lucha de la COB se verá reforzada con la incorporación de las fuerzas de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, que había sido uno de los ejes fundamentales de la insurrección popular de octubre, cuando se derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hasta ahora, la COR, bajo el control de los sindicalistas del MAS, habían boicoteado la lucha de la COB, pero por la presión de las bases tuvieron que convocar para este lunes a una gran movilización.

Otros que se alistan para marchar desde El Alto son los maestros urbanos de La Paz. “El magisterio paceño continúa con la huelga de hambre y se ratifican todas las medidas aprobadas por las bases. Este lunes nos concentramos en el Polifuncional”, dijo el dirigente José Luis Álvarez.

Otros que preparan acciones de protesta son los campesinos de Cochabamba, los que en su último ampliado del viernes acordaron iniciar una segunda marcha hacia La Paz, a partir del miércoles, según dijo el dirigente Alejo Véliz.

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COLOMBIA

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION SOBRE EL CASO SUR DE BOLÍVAR

Colombia

París, noviembre 28 y 29 de 2003

El Tribunal, bajo la presidencia el día 28 de noviembre del señor François Houtart, Director del Centro Tricontinental en Lovaina La Nueva, Bélgica; y el día 29 de noviembre de la señora Sophie Thonon – Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; Con la vicepresidencia del señor Javier Otaola, jurista defensor del pueblo de Vitoria – Gasteiz, País Vasco; además de los señores profesores Heinz Dieterich, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma y Metropolitana de Ciudad de México, y Luis Javier Garrido, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actuando como Fiscal el jurista argentino español Carlos Slepoy Prada, de la Acusación en los Juicios de Madrid por genocidio y crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile; con el Secretariado del jurista Miguel Puerto;

Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:

• La Federación Agrominera del Sur de Bolívar

• Sintraminercol

• La Mesa Regional del Magdalena Medio

• La Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y

• La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, denominados: Simití, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo, y otros, cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.

El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:

• Constitución Política de la República de Colombia, 1991

• Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945

• Carta de las Naciones Unidas, 1945

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

• Convención Internacional contra el Genocidio, 1948

• Convención contra la Tortura, 1984

• Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966

• Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998

• Código Penal Colombiano, 2001

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la señora Denise Méndez.

El Tribunal tuvo conocimiento y concluye sobre los siguientes hechos:

Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expanden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, las cuales explotan los recursos de Colombia, tales como: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferro-níquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero.

Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:

Caso Nº 1: asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo.

Caso Nº 2: asesinato del vice-presidente de Asoagromisbol en Aguachica.

Caso Nº 3: asesinato de un líder local, miembro del “éxodo campesino” y de dos pobladores de Cerro Burgos.

Caso Nº 4: asesinato de participantes en el “éxodo campesino”.

Caso Nº 5: masacre en uno de los municipios en donde se llevó a cabo el “éxodo campesino” de 1998.

Caso Nº 6: desaparición forzada del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.

Se han escuchado:

- Los informes de los expertos Amicus Curie

• Gearoid O´Loinsigh, investigador social

• Francisco Ramírez, abogado, líder sindical

• Padre Javier Giraldo S.J., defensor de Derechos Humanos y escritor

- Así como los Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, identificados ante el Tribunal y la audiencia, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.

El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.

- Testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado, cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.

El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de:

- Genocidio,

- Crímenes de Lesa Humanidad,

- y Terrorismo de Estado

El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.

El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.

El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral, y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del sur de Bolívar en Colombia, y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.


COLOMBIA (last edited 2008-06-26 09:49:57 by anonymous)