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Bolivia: Francisco Cortés y los dirigentes campesinos e indigenas bolivianos detenidos son presos políticos
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Del 7 al 10 de junio del 2004, se realizo la Mision Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos en Bolivia, integrada por Jose BOVE, vocero de Via Campesina, Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina, Jean Marc Defilhes de la Confederación Campesina de Francia, Piedad CORDOBA, Senadora de Colombia, Frei Sergio GORJEEN, Diputado del Brasil, Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos y Belen TORRES representante de la organización campesina ANUC-UR de Colombia.

Cese de la persecución contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortés de Colombia, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, fueron las exigencias de la Mision Internacional en los encuentros con el Presidente de la República de Bolivia, los Ministros de Gobierno y Asuntos Indígenas, el Viceministro de Justicia, La Corte Suprema de Justicia y la Defensoria del Pueblo.

La Misión afirmó ante los medios de comunicación que en Bolivia se está implementando una estrategia de criminalización de los movimientos sociales mediante la persecución sistemática, las detenciones ilegales, la tortura y los asesinatos selectivos que responde a intereses extrajeros. Sobre estas razones , afirma que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indígenas acusados de terrorismo, son presos y perseguidos políticos.

De manera enérgica, la Misión Internacional, resuelve iniciar una Campaña nacional e internacional, acudir a las Naciones Unidas y Corte Interamericana para conseguir la libertad de Francisco Cortes, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda.

DECLARACIÓN DE LA MISION INTERNACIONAL

Los (as) integrantes de la Mision Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos realizada en Bolivia, del 7 al 10 de junio del 2004 para exigir el cese de la persecucion contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortes de Colombia, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, detenidos de manera ilegal, el 10 de abril del 2003 en El Alto, Bolivia.

DECLARAMOS:

Que en Bolivia se esta implementando una estrategia de criminalizacion y judicializacion de los movimientos sociales bolivianos, que busca contener la legitima y justa protesta social, por los derechos humanos, la dignidad, el territorio y la soberania. Esta estrategia se aplica con la persecucion sistematica, las detenciones ilegales, tortura y los asesinatos selectivos.

Que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indigenas mas, son presos y perseguidos politicos, en tanto que los procesos juridicos adelantados en su contra, pretenden criminalizar su compromiso social y politico, favoreciendo a intereses nacionales y extranjeros.

Que la Mision constato profundas irregularidades juridicas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los ciudadanos Francisco Cortes (colombiano), Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda, entre ellas:

Violaciones a los derechos humanos, al ser sometidos a tratos crueles y degradantes por parte de los funcionarios encapuchados, quienes vulneraron el derecho a la intimidad al ser sacados violentamente de sus dormitorios, semi-desnudos, amarrados y vendados.

Violacion al debido proceso y del principio de presuncion de inocencia, al desarrollarse el allanamiento en compañía de medios de comunicacion que presentaron a Francisco Cortes, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda como terroristas y narcotraficantes y llevado a cabo en horas ilegales y en una direccion residencial incorrecta.

Violacion del derecho de defensa, en la negacion constante al derecho de peticion de pruebas contemplada en el artículo 7 inciso h) de la Constitucion Politica del Estado y la obtencion de pruebas por parte del ministerio publico y del Juez sin informar con el tiempo debido a la defensa, violando los principios de oportunidad, contradiccion e igualdad juridica.

Violacion de la independencia de poderes, por parte del poder ejecutivo, en particular el ex - Ministro del Interior Yerko Kukoc, al declarar publicamente y en varias oportunidades que Francisco Cortes era terrorista y que disponia de pruebas, invadiendo la orbita del poder judicial.

Violacion al derecho a la vida, la integridad personal, al recluirlo en un penal de alta seguridad destinado para reos condenados de alta peligrosidad, sometido por más de 50 dias a regimen cerrado aislado, limitando la visita de los abogados y su familia y en condiciones infrahumanas por mas de 10 meses, en la cárcel de Chonchocoro, agravando su salud y poniendo en riesgo su vida.

Violacion del Principio de la Territorialidad Penal, al desplazar la competencia del Juez y fiscal de Bolivia a Colombia para fabricar pruebas contra los detenidos sin derecho a la defensa.

Que por lo anterior, la Mision observa con preocupacion la falta de imparcialidad con que opera la justicia boliviana, y las faltas de garantias procesales, por tanto:

SOLICITAMOS:

Al Estado Boliviano, la liberacion de Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda, y la cesacion de todos los procesos juridicos en contra de los presos y perseguidos politicos bolivianos, todos ellos dirigentes politicos y sociales.

A la Defensoria del Pueblo, la elaboracion de un informe defensorial que corrobore las irregularidades en el proceso penal contra Francisco Cortes y otros dirigentes bolivianos.

Al gobierno Boliviano, exprese su voluntad politica para que no se cirminalice la lucha social y politica en Bolivia.

RESOLVEMOS:

Iniciar una Campaña nacional e internacional hasta conseguir la libertad de Francisco Cortes y los compañeros bolivianos, injustamente detenidos o perseguidos..

Realizar acciones em busqueda de justicia ante organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Organizacion de Estados Americanos.

Constituir una comisión internacional de seguimiento a los procesos juridicos en contra de los movimientos sociales y politicos bolivianos.

Apoyar el fortalecimiento de la comision por la justicia y los derechos humanos en Bolivia, responsable de seguir los procesos, hacer las denuncias que correspondan, relacionar a las instituciones a nivel nacional e internacional a fin de evitar la criminalizacion de los movimientos sociales y hacer defensa intransigente de los que ya están detenidos injustamente solo por ser dirigentes sociales.

FIRMAN:

José BOVE, vocero de la Via Campesina
Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina
Jean Marc Defilhes, Confederación Campesina de Francia
Piedad CORDOBA, Senadora y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia
Frei Serge GORJEEN, Diputado del Partido de Trabajadores de Brasil,
Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos de Colombia Asociacion MINGA
Belen TORRES, Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC UR de Colombia

La Paz, 10 de Junio de 2004






'' 7 giugno 2004 ''

14 giugno 2004

Bolivia: Francisco Cortés y los dirigentes campesinos e indigenas bolivianos detenidos son presos políticos

Del 7 al 10 de junio del 2004, se realizo la Mision Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos en Bolivia, integrada por Jose BOVE, vocero de Via Campesina, Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina, Jean Marc Defilhes de la Confederación Campesina de Francia, Piedad CORDOBA, Senadora de Colombia, Frei Sergio GORJEEN, Diputado del Brasil, Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos y Belen TORRES representante de la organización campesina ANUC-UR de Colombia.

Cese de la persecución contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortés de Colombia, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, fueron las exigencias de la Mision Internacional en los encuentros con el Presidente de la República de Bolivia, los Ministros de Gobierno y Asuntos Indígenas, el Viceministro de Justicia, La Corte Suprema de Justicia y la Defensoria del Pueblo.

La Misión afirmó ante los medios de comunicación que en Bolivia se está implementando una estrategia de criminalización de los movimientos sociales mediante la persecución sistemática, las detenciones ilegales, la tortura y los asesinatos selectivos que responde a intereses extrajeros. Sobre estas razones , afirma que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indígenas acusados de terrorismo, son presos y perseguidos políticos.

De manera enérgica, la Misión Internacional, resuelve iniciar una Campaña nacional e internacional, acudir a las Naciones Unidas y Corte Interamericana para conseguir la libertad de Francisco Cortes, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda.

DECLARACIÓN DE LA MISION INTERNACIONAL

Los (as) integrantes de la Mision Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos realizada en Bolivia, del 7 al 10 de junio del 2004 para exigir el cese de la persecucion contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortes de Colombia, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, detenidos de manera ilegal, el 10 de abril del 2003 en El Alto, Bolivia.

DECLARAMOS:

Que en Bolivia se esta implementando una estrategia de criminalizacion y judicializacion de los movimientos sociales bolivianos, que busca contener la legitima y justa protesta social, por los derechos humanos, la dignidad, el territorio y la soberania. Esta estrategia se aplica con la persecucion sistematica, las detenciones ilegales, tortura y los asesinatos selectivos.

Que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indigenas mas, son presos y perseguidos politicos, en tanto que los procesos juridicos adelantados en su contra, pretenden criminalizar su compromiso social y politico, favoreciendo a intereses nacionales y extranjeros.

Que la Mision constato profundas irregularidades juridicas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los ciudadanos Francisco Cortes (colombiano), Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda, entre ellas:

Violaciones a los derechos humanos, al ser sometidos a tratos crueles y degradantes por parte de los funcionarios encapuchados, quienes vulneraron el derecho a la intimidad al ser sacados violentamente de sus dormitorios, semi-desnudos, amarrados y vendados.

Violacion al debido proceso y del principio de presuncion de inocencia, al desarrollarse el allanamiento en compañía de medios de comunicacion que presentaron a Francisco Cortes, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda como terroristas y narcotraficantes y llevado a cabo en horas ilegales y en una direccion residencial incorrecta.

Violacion del derecho de defensa, en la negacion constante al derecho de peticion de pruebas contemplada en el artículo 7 inciso h) de la Constitucion Politica del Estado y la obtencion de pruebas por parte del ministerio publico y del Juez sin informar con el tiempo debido a la defensa, violando los principios de oportunidad, contradiccion e igualdad juridica.

Violacion de la independencia de poderes, por parte del poder ejecutivo, en particular el ex - Ministro del Interior Yerko Kukoc, al declarar publicamente y en varias oportunidades que Francisco Cortes era terrorista y que disponia de pruebas, invadiendo la orbita del poder judicial.

Violacion al derecho a la vida, la integridad personal, al recluirlo en un penal de alta seguridad destinado para reos condenados de alta peligrosidad, sometido por más de 50 dias a regimen cerrado aislado, limitando la visita de los abogados y su familia y en condiciones infrahumanas por mas de 10 meses, en la cárcel de Chonchocoro, agravando su salud y poniendo en riesgo su vida.

Violacion del Principio de la Territorialidad Penal, al desplazar la competencia del Juez y fiscal de Bolivia a Colombia para fabricar pruebas contra los detenidos sin derecho a la defensa.

Que por lo anterior, la Mision observa con preocupacion la falta de imparcialidad con que opera la justicia boliviana, y las faltas de garantias procesales, por tanto:

SOLICITAMOS:

Al Estado Boliviano, la liberacion de Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda, y la cesacion de todos los procesos juridicos en contra de los presos y perseguidos politicos bolivianos, todos ellos dirigentes politicos y sociales.

A la Defensoria del Pueblo, la elaboracion de un informe defensorial que corrobore las irregularidades en el proceso penal contra Francisco Cortes y otros dirigentes bolivianos.

Al gobierno Boliviano, exprese su voluntad politica para que no se cirminalice la lucha social y politica en Bolivia.

RESOLVEMOS:

Iniciar una Campaña nacional e internacional hasta conseguir la libertad de Francisco Cortes y los compañeros bolivianos, injustamente detenidos o perseguidos..

Realizar acciones em busqueda de justicia ante organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Organizacion de Estados Americanos.

Constituir una comisión internacional de seguimiento a los procesos juridicos en contra de los movimientos sociales y politicos bolivianos.

Apoyar el fortalecimiento de la comision por la justicia y los derechos humanos en Bolivia, responsable de seguir los procesos, hacer las denuncias que correspondan, relacionar a las instituciones a nivel nacional e internacional a fin de evitar la criminalizacion de los movimientos sociales y hacer defensa intransigente de los que ya están detenidos injustamente solo por ser dirigentes sociales.

FIRMAN:

José BOVE, vocero de la Via Campesina Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina Jean Marc Defilhes, Confederación Campesina de Francia Piedad CORDOBA, Senadora y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia Frei Serge GORJEEN, Diputado del Partido de Trabajadores de Brasil, Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos de Colombia Asociacion MINGA Belen TORRES, Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC UR de Colombia

La Paz, 10 de Junio de 2004

7 giugno 2004

Che ci fa Castaño in Israele? Colombia, voci sulla fuga del capo dei killer paramilitari e su un'intesa Uribe-Sharon-Bush GUIDO PICCOLI Inverosimile, fantasiosa, ma anche molto probabile. L'apparente paradosso del realismo magico colombiano sembra adattarsi anche alla sorte del trentanovenne Carlos Castaño, il leader paramilitarescomparso dopo un misterioso conflitto a fuoco avvenuto il 16 aprile scorso in una fattoria della regione caraibica di Cordoba. Secondo fonti diplomatiche riportate dalla France Presse, Castaño si troverebbe in Israele dove sarebbe arrivato dopo avere transitato, protetto da agenti statunitensi, per il confinante Panama. Sebbene tutti i sospetti padrini di questo possibile intrigo internazionale affermino dinon saperne niente (dalle autorità colombiane fino all'ambasciatore israeliano a Bogotà, Yair Recanati, e al portavoce del dipartimento di Stato Usa), molti indizi fanno pensare che il capo storico delle Autodefensas possa essersi rifugiato nello stato ebraico. Dov'è di casa non solo perché vi ha vissuto più volte da quando aveva 18 e perché possiede terre e appartamenti a Tel Aviv. Nella sua biografia celebrativa Mi confesión, pubblicata tre anni fa, Castaño confessa di essere un fanatico ammiratore del sionismo, di dovere ad Israele parte della sua formazione culturale e dei suoi successi umani e militari, e di avere copiato lo stesso concetto dell'autodifesa armata dagli israeliani.

Un amore peraltro corrisposto. Israele non ha mai fatto mancare il suo appoggio ai più brutali regimi latino-americani e non si è mai fatto scrupolo di fornire armi e assistenza alle formazioni criminali dell'estrema destra, da quelle salvadoregne comandate dal maggiore Roberto d'Aubisson (il mandante dell'assassinio di monsignor Romero, fra l'altro) fino appunto alle Auc di Castaño. Fu una compagnia privata israeliana, la Spearhead (Punta di lancia), pubblicizzata nell'Annuario promozionale del ministero della Difesa, ad organizzare,alla fine degli anni ottanta, i primi corsi d'addestramento dei paramilitari colombiani. E furono israeliani tutti i suoi istruttori, a cominciare dall'ex-colonnello del Tsahal, Yair Klein, caduto poi in disgrazia dopo essere finito in carcere come mercenario in Sierra Leone nel 1999. Anche la gran parte delle armi e munizioni usate dagli squadroni di Castaño nella loro sporca guerra decennale sono arrivate dal porto israeliano di Haifa. Il primo carico fu scoperto dopo la morte del suo acquirente, il narco-paramilitare Gonzalo Rodríguez Gacha, detto il Messicano, antico socio di Pablo Escobar: nel gennaio 1990 vennero trovati nella villa di un politico della regione di Cordoba centinaia di fucili made in Israele Galil e mini-Uzi, sbarcati sulle coste colombiane dopo essere arrivati nei container con la scritta «parti dimacchinari» nell'isola di Antigua, su una nave affittata dal ministero della difesa israeliano. L'ultima fornitura bellica venuta alla luce, 3 mila AK-47 e 5 milioni di munizioni calibro 7.62, è stata organizzata nel 2002 da una società israeliana, la Gir, con sede a Città del Guatemala.

I governi israeliani non hanno mai mostrato neppure alcun imbarazzo ad accogliere nel loro paese come diplomatici diversi ufficiali coinvolti in casi di violazione dei diritti umani. L'ultimo caso, che ha sollevato perfino critiche da un settore del partito laburista, è quello dell'attuale ambasciatore colombiano, il generale Héctor Fabio Velasco, sotto inchiesta per avere insabbiato ogni indagine sul bombardamento che causò la morte di 18 contadini nella regione di Arauca. Nel dicembre 2002, il generale Rodrigo Quiñones, accusato di avere favorito vari massacri paramilitari, si dimise da consigliere militare dell'ambasciata colombiana a Tel Aviv soltanto perché accusato contemporaneamente dagli Usa di avere avuto legami con la mafia narco di Cali.

E' ovvio che l'ospitalità di un personaggio come Castaño non può essere tranquillamente rivendicata, visti i suoi precedenti e le sue numerose condanne per stragi e omicidi. Ma è del tutto evidente la sua utilità per l'asse Washington-Bogotà-Tel Aviv. E' più che probabile che Israele stia facendo un favore alle autorità Usa, che sarebbero state sicuramente imbarazzate (soprattutto alla vigilia delle elezioni presidenziali) dall'eventuale detenzione e la relativa confessione di uno dei maggiori esecutori della «guerra di bassa intensità», inventata al Pentagono e insegnata (torture comprese) nelle famigerate accademie militari Usa. Pur risiedendo in Israele, Castaño potrebbe ugualmente rivelare i suoi segreti sull'organigramma e le rotte del narcotraffico colombiano anche se viene da dubitare che ciò accada effettivamente: in questa come in altre vicende internazionali, la questione droga assume per gli Usa quasi esclusivamente un valore propagandistico. Se è utile a Washington, la fuga e l'eventuale esilio di Castaño in Israele fanno ancora più felice il governo Uribe, visto che il processo di legalizzazione dei paras ha mostrato nelle ultime settimane di procedere anche senza l'ormai suo consunto leader. Mentre da parte dell'Onu e dell'Europa sembrano affievolirsi le già timide voci di condanna che hanno denunciato i suoi punti più scandalosi (dalla sostanziale impunità garantita agli assassini alla sancita acquisizione dei milioni di ettari delle migliore terreconquistate come bottino di guerra), le Auc - passate sotto il comando di Salvatore Mancuso- stanno procedendo all'eliminazione della dissidenza interna. Una settimana fa è stato ucciso Doble Cero, il comandante paramilitare del Bloque Metro (nel frattempo annientato) che denunciava sia l'asservimento di Castaño e dell'attuale dirigenza alla narco-mafia sia il loro accordo col governo Uribe e le forze armate.

Più dubbiosa, ma anche più inquietante, l'utilità per Israele di un simile ospite.

Diario de la Huelga 34: La USO logró acuerdo por Unión Sindical Obrera Thursday May 27, 2004 at 12:57 AM usocol@col1.telecom.com.co +(57)-76-227856 / 209911 Avenida de Ferrocarril N° 28-43, Barrancabermeja

Se frena el proceso de privatización: Al término de los contratos de asociación vigentes la producción se mantiene en cabeza de Ecopetrol. Se protege el patrimonio básico de la estatal petrolera como sociedad pública con autonomía financiera. Sigue lucha por reintegro de todos los despedidos. El 26 de Mayo suscribieron el acuerdo, por el gobierno el Ministerio de Minas, Luis Ernesto Mejía y la viceministra de Protección Social, Luz Stella Arango; por Ecopetrol Isaac Yanovich, Héctor Manosalva y Lucy García; y como representantes de la USO: Roberto Schmalbach, Gabriel Alvis y Hernando Hernández [en la foto].

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Treinta cinco días después de iniciada la patriótica huelga en ECOPETROL, la USO logro acordar con el gobierno y la empresa un acta de compromisos, que son el fruto de la valerosa decisión de los trabajadores petroleros de arrancarle a los neoliberales gobernantes en franca lid lo que pretendían imponerles apelando a su poder arbitrario y antinacional.

En efecto, ayer 26 de Mayo suscribieron el acuerdo entre el Ministerio de Minas, Luis Ernesto Mejía, la viceministra de relaciones laborales del Ministerio de Protección Social, Luz Stella Arango; por ECOPETROL Isaac Yanovich, Héctor Manosalva y Lucy García; como representantes de la USO: Gabriel Alvis, Hernando Hernández y Roberto Schmalbach. Actuaron como testigos de lo acordado los voceros de la Iglesia: Presbíteros Francisco de Roux y Dario Echeverry; los representantes de la CUT: compañeros Carlos Rodríguez y Gustavo Triana; por el Concejo Municipal de Barrancabermeja Daniel Patiño y Claudia Patricia Andrade; en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, finiquitando esta jornada de resistencia, movilización y lucha que se suma a la heroica historia de este gran baluarte proletario.

El informe será explicado en detalle por nuestros tres compañeros negociadores en una gran asamblea que se celebrará hoy, a las 3 p.m. en el Club Infantas.

No obstante, comentamos en este medio algunos aspectos de mayor relieve y el contexto político en el que se dieron; en primer término, el sindicato puede cobrar como un triunfo el haber frenado la privatización y liquidación de ECOPETROL, que era la puntada final del siniestro plan orquestado por el trío: Uribe-Mejía-Yanovich, por mandato de los gringos, cuya primera gran pieza fue el fatídico decreto 1760, de junio de 2003. Así queda demostrado en el primer punto de los acuerdos sobre política petrolera que garantiza el carácter estatal de la empresa y su naturaleza de sociedad pública por acciones, lo cual la blinda frente a la posibilidad de transferir su propiedad al capital privado.

De la misma manera la expedición por el gobierno Nacional de un decreto reglamentario al 1760, aclarando específicamente que los bienes muebles e inmuebles, “así como los decretos sobre la producción se mantiene en cabeza de ECOPETROL S.A.”, al término de los contratos de asociación vigentes o sus extensiones, garantiza el patrimonio básico de la estatal petrolera lo que fue birlado con la creación de la ANH [agencia nacional de hidrocarburos] y el traspaso de esas reservas a su seno.

De igual naturaleza son los compromisos de adelantar conjuntamente, USO y la administración, gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público para lograr la autonomía financiera de la empresa y la preservación de los campos de producción directa, como el de la Cira, Infantas y Casabe que seguirán siendo propiedad de ECOPETROL S.A. y su operación y mantenimiento se ejercerá con el personal actualmente vinculado a sus dependencias. Es una verdad de a puño, el mayor logro de esta justa huelga patriótica, como la definió Gabriel Alvis ha sido derrotar la política de marchitamiento y liquidación del primer patrimonio Nacional.

Es evidente, que en este primer combate no hemos logrado derrotar la totalidad de la política petrolera contraria al interés nacional y al servicio de las multinacionales, la USO proseguirá al lado de todos los patriotas y demócratas de Colombia, la batalla contra los mal llamados contrato de concesión moderna, porque entregan a cambio de pírricas regalías las reservas hidrocarburíferas del país, también contra los arrendamientos de los poliductos de ECOPETROL, porque la pérdida de su manejo estrangularía a la empresa y sus refinerías, además seguiremos denunciando que la ANH es un engendro anti-nacional que atenta contra las soberanía del país y los recursos estratégicos. Para concretar esta batalla, se propone presentar un proyecto de Ley Marco de Hidrocarburos cuyo debate en el parlamento y fuera de él, nos permitirá la fuerza necesaria para derrotar a los neoliberales gobernantes y su vergonzosa política de traición a Colombia.

Por otra parte, en materia de temporalidad se acordó la conformación de una comisión paritaria integrada por tres representantes de la USO, tres de la empresa que se reunirá desde el próximo lunes 31 de mayo a las 3 p.m. en Bogotá para discutir una solución ajustada a los siguientes criterios: empleos a término indefinido en un número que deberá definir dicha comisión; pensión de jubilación plena a quienes acrediten los requisitos; pensión proporcional de jubilación e indemnización y pull de temporales. Este punto, es un logro del sindicato y un avance en la solución de la problemática de estos compañeros si se tiene en cuenta que Yanovich siempre alegó que cualquier salida debería estar circunscrita a lo previsto en el laudo arbitral.

A su vez se acordó la constitución de un tribunal de arbitramento Ad-hoc para resolver los reintegros de los compañeros, injustamente despedidos en la legal y legítima huelga que hemos librado. Este tribunal compuesto por dos abogados designados por la USO, dos por Ecopetrol y un quinto nombramiento de común acuerdo entre las dos partes con la mediación de la Iglesia y la Cámara de Comercio de Bogotá, adoptando un procedimiento para tal efecto, que deberá resolver en un término de 6 meses todos los 248 despidos de la huelga caso por caso, excepto los compañeros que se acojan a las pensiones plenas y proporcionales a la que tienen derecho por habilitación de tiempo: seis años o doce puntos del plan setenta.

Aunque en este asunto, vital para el sindicato no se obtiene una total victoria, se le arranca a la empresa y al gobierno un compromiso que estamos seguros conllevará a hacer justicia y a tener en un semestre a todos estos valerosos soldados reintegrados a nuestras filas. Mientras dicho tribunal produce el fallo, los compañeros despedidos y sus familias continuarán disfrutando del plan educacional y los servicios médicos.

Yanovich y Uribe quedaron notificados por el sindicato de que si persisten en aplicar su malévolo laudo arbitral tendrán una férrea e inquebrantable oposición y resistencia, los trabajadores debemos retornar a los sitios de trabajo con la frente en alto, orgullosos que le hemos cumplido al país y a la USO, si algo quedo por avanzar en nuestra propuesta ha sido producto de la actitud servil y antinacional de un grupo de traidores, que se han entregado por un plato de lentejas, solo ellos y la administración son los únicos responsables del despido de nuestros compañeros.

27 DE MAYO ASAMBLEA GENERAL – Club INFANTAS – 3:00 P.M.

POR EL REINTEGRO DE NUESTROS COMPAÑEROS INJUSTAMENTE DESPEDIDOS … ¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

¡VIVA LA HUELGA PATRIOTICA, DEMOCRÁTICA Y NACIONALISTA...VIVA!!!

VIVA LA UNION SINDICAL OBRERA, ORGANIZACIÓN QUE HIZO POSIBLE LA CREACION DE ECOPETROL, PATRIMONIO COLOMBIANO QUE SEGUIMOS DEFENDIENDO.

Redactó: Junta Directiva Nacional USO, 27 de mayo de 2004

radio (last edited 2008-06-26 09:59:39 by anonymous)